Así lo pone de relieve el manifiesto elaborado con motivo del primer Día Nacional de la Convención Internacional de la Discapacidad (3 de mayo), cuyo fin es contribuir al conocimiento, difusión y toma de conciencia acerca de esta Convención y sus principios, valores y mandatos, extendiendo la cultura y la práctica de los derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad.
El pasado 22 de febrero, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, acogiendo una propuesta del CERMI Estatal, declaraba oficialmente la jornada del 3 de mayo de cada año, como Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
El potencial transformador de la Convención, marco referencial y prescriptor ineludible de todas las políticas públicas y legislaciones que se lleven a cabo en España en el dominio de las personas con discapacidad, se intensifica si este tratado internacional se pone en conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Interpretar, desplegar y aplicar la Convención en clave de ODS y estos en clave de la Convención de 2006, redoblarán los efectos de cambio social que necesitan las personas con discapacidad para lograr entornos, relaciones y comunidades plenamente inclusivas, sostenibles humana y socialmente, respetuosas y valedoras de la diversidad como bien de primera magnitud, digno de promoción y protección.
La Convención de 2006 y los ODS, mutuamente combinados, marcan, por tanto, la agenda política de la discapacidad de los próximos años, que pasa sin duda de modo prioritario por atender y materializar las recomendaciones que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha formulado a España, tras la segunda revisión del grado de cumplimiento de este tratado realizada los días 18 y 19 de marzo de 2019, y hechas públicas el pasado 9 de abril (https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/observaciones-finales-sobre-los-informes-periódicos-segundo-y-tercero).
El programa político y social para que la Convención de 2006 y los ODS sean una realidad práctica en un periodo razonable es ingente y el movimiento cívico de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias estará vigilante para que los poderes públicos, los agentes sociales, los operadores económicos, los medios de comunicación y toda la sociedad alineen su actuación con estos postulados.
