1.- Hechos
La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial suscitada en el contexto de un litigio entre NovaText GmbH y Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg («Universidad de Heidelberg») en relación con la tasación de las costas derivadas de la participación conjunta de un abogado y de un perito calificado como «agente de la propiedad industrial» (Patentanwalt) en un procedimiento judicial en materia de violación de las marcas de la Unión.
La Universidad de Heidelberg ejercitó una acción de cesación contra NovaText por violación de sus marcas de la Unión. El litigio finalizó por medio de una transacción judicial. El Tribunal condenó en costas a NovaText y fijó el valor del litigio en 50.000 euros.
En el escrito de demanda, el abogado de la Universidad de Heidelberg había hecho constar la participación de una agente de la propiedad industrial y, en la tasación de costas, sostuvo que dicha agente había intervenido efectivamente en el procedimiento. Señaló que todo escrito procesal presentado había sido acordado con dicha agente y que, de este modo, también había intervenido en las negociaciones del acuerdo transaccional, aunque las conversaciones telefónicas se mantuvieron únicamente entre los abogados de las partes.
Mediante resolución posterior el Tribunal fijó el importe de las costas que debían reembolsarse a la Universidad de Heidelberg en la cantidad de 10.528,95 euros, de los cuales 4.867,70 euros se debían en concepto de gastos correspondientes a las actuaciones de la agente de la propiedad industrial en la primera instancia y 325,46 euros por su participación en el procedimiento del recurso.
Esta decisión se basó en la existencia de una norma en el Derecho alemán a cuyo tenor los gastos ocasionados por la participación de un agente de la propiedad industrial en un litigio relativo a signos, deben ser reembolsados conforme a importes en cierto modo parametrizados.
El Tribunal nacional se plantea si la aplicación automática de esa norma, sin posibilidad de examinar hasta qué punto era “necesaria” la intervención del agente de propiedad industrial, es admisible a los ojos del Derecho de la Unión.
El Tribunal de Justicia, en uso de sus atribuciones, procede a reformular la cuestión prejudicial planteada en el sentido de que, por la misma, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 3 y 14 de la Directiva 2004/48 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional o a una interpretación de la misma que no permite al juez que conoce de un procedimiento comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva tener debidamente en cuenta, en cada caso que le es sometido, las características específicas de este último para apreciar si las costas procesales en que ha incurrido la parte vencedora son razonables y proporcionadas.
2.- Pronunciamientos
La sentencia comienza por recordar que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 consagra el principio según el cual las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y los demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora correrán, como regla general, a cargo de la parte perdedora.
Esta disposición pretende reforzar el nivel de protección de la propiedad intelectual, evitando que una parte perjudicada pueda verse disuadida de iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos. Por regla general, quien haya violado unos derechos de propiedad intelectual debe cargar íntegramente con las consecuencias económicas de su conducta.
En lo que atañe al alcance del concepto de «costas procesales» que han de correr a cargo de la parte perdedora, que figura en el artículo 14 de la Directiva 2004/48, la sentencia observa que este concepto engloba, entre otros gastos, los honorarios de abogado, puesto que la citada Directiva no contiene elemento alguno que permita considerar que estos gastos, que generalmente constituyen una parte sustancial de los gastos en que se incurre en el marco de un procedimiento que tenga por objeto garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual, estén excluidos del ámbito de aplicación del citado artículo 14.
Tampoco hay nada en la Directiva 2004/48 que se oponga a que los gastos de un representante, como un agente de propiedad industrial, al que un titular de derechos ha recurrido de manera individual o, conjuntamente, con un abogado, puedan estar comprendidos, en principio, en el concepto de «costas procesales», siempre que dichos gastos tengan su origen inmediato y directo en el propio procedimiento.
Tal origen puede reconocerse respecto de los gastos correspondientes a un agente autorizado, en virtud del Derecho nacional, a representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual en los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales competentes, a los que se refiere la Directiva 2004/48, relativos, en particular, a la elaboración por dicho agente de escritos procesales o a la comparecencia de este en las vistas celebradas, en su caso, en dichos procedimientos. Tampoco cabe excluir que pueda reconocerse tal origen también a los gastos vinculados a la intervención de tal agente en las gestiones dirigidas a una solución amistosa, en particular, en un litigio que ya está pendiente ante un órgano jurisdiccional.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia advierte que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar únicamente el reembolso de aquellas costas procesales que sean «razonables». Este requisito, que se aplica tanto a las «costas procesales» como a los «demás gastos», en el sentido de esta disposición, refleja la obligación general prevista en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, según la cual los Estados miembros deben velar, en particular, por que las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere dicha Directiva no sean inútilmente gravosos.
En este sentido la sentencia recuerda que en otra ocasión el Tribunal de Justicia consideró que no son razonables los gastos excesivos en concepto de honorarios inusualmente elevados que se hayan convenido entre la parte que haya ganado el juicio y su abogado o en razón de la prestación por este último de servicios que no se consideren necesarios para garantizar el respeto del derecho de propiedad intelectual de que se trate.
Además, el artículo 14 de la Directiva 2004/48 establece que las costas procesales y los demás gastos a cargo de la parte perdedora deben ser «proporcionados». Esta exigencia no implica que la parte perdedora deba reembolsar necesariamente la totalidad de los gastos en que haya incurrido la otra parte, pero sí requiere que esta última tenga derecho, cuando menos, al reembolso de una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido efectivamente.
La sentencia subraya, en todo caso, que con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2004/48, a la luz de su considerando 17, el juez competente debe poder controlar en todos los casos el carácter razonable y proporcionado de las costas procesales en que haya podido incurrir la parte vencedora por la intervención de un representante, como un agente de la propiedad industrial.
En este punto, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que la legislación nacional que establece tarifas a tanto alzado es, en principio, compatible con el artículo 14 de la Directiva 2004/48. No obstante, la sentencia precisa que, incluso en tal caso, dichas tarifas deben garantizar que las costas que, en virtud de dicha normativa nacional, haya de soportar la parte perdedora sean razonables, y que los importes máximos que pueden reclamarse en concepto de dichos gastos no sean muy poco elevados en relación con tarifas normalmente aplicadas por un abogado en el sector de la propiedad intelectual.
Habida cuenta de lo anterior, la sentencia concluye que la aplicación automática de una disposición nacional como la controvertida en el litigio principal puede implicar, en determinados casos, un incumplimiento de la obligación general establecida en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, en virtud de la cual, en particular, los procedimientos establecidos por los Estados miembros no deben ser inútilmente gravosos.
A mayor abundamiento, la sentencia añade que la aplicación de una disposición de este tipo puede disuadir a un presunto titular de derechos de entablar una acción judicial para hacer valer su derecho por temor a tener que sufragar, en caso de que no tenga éxito, costas procesales considerablemente elevadas, contrariamente al objetivo de la Directiva 2004/48, consistente en garantizar, en particular, un nivel elevado de protección de la propiedad intelectual en el mercado interior.
Finalmente y descendiendo al caso concreto, la sentencia apunta que la inclusión incondicional y automática de unos gastos mediante una mera declaración jurada de un representante de una parte en el litigio, sin que el juez nacional pueda llevar a cabo una apreciación en cuanto a su carácter razonable y proporcionado en relación con el litigio de que se trate, podría dar lugar a un abuso de tal disposición en incumplimiento de la obligación general establecida en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia responde a la cuestión planteada señalando que los artículos 3 y 14 de la Directiva 2004/48 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional o a una interpretación de la misma que no permite al juez que conoce de un procedimiento comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva tener debidamente en cuenta, en cada caso que le es sometido, las características específicas de este último para apreciar si las costas procesales en que ha incurrido la parte vencedora son razonables y proporcionadas.
3.- Comentario
Empiezan a ser abundantes (dos este mismo año) las sentencias del Tribunal de Justicia sobre costas procesales en los pleitos de propiedad industrial e intelectual. En todas subyace la impresión de que el objetivo de la acción judicial no es sólo erradicar el ilícito en todas sus manifestaciones (el cese en la explotación, la indemnización del daño) sino también el reembolso de todos los gastos en que ha podido incurrir el titular del derecho en su defensa, por poco elevado que su importe resulte.
En cada caso concreto es preciso realizar un análisis que pasaría por (i) determinar si el gasto se inscribe en el capítulo de los “daños y perjuicios” o en el de las “costas procesales” (ii) precisar si se trata de “costas procesales” o “demás gastos”, aunque ambos conceptos se inscriban en el artículo 14 (iii) evaluar si el gasto, como puede ser la intervención de un agente de la propiedad industrial, era “necesario” para la defensa del derecho y (iv) determinar si el importe es “proporcionado”.
Parece claro que ninguna norma ni tarifa puede sustraer la discrecionalidad del tribunal nacional para llevar a cabo dicho análisis.
Carlos MORÁN
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VERSIÓN EN INGLÉS
Legal costs stemming from the intervention of a patent attorney in legal proceedings for trademark infringement. Judgment of the Court of Justice of 28 April 2022, NovaText (C-531/20).
1.- Background.
The judgment considers a request for a preliminary ruling made in the context of a dispute between NovaText GmbH and Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (“University of Heidelberg”) in relation to the taxation of costs stemming from the joint participation of a lawyer and an expert qualified as a “patent attorney” (Patentanwalt) in legal proceedings concerning infringement of EU trademarks.
The University of Heidelberg brought an action for a cease-and-desist order against NovaText for infringement of its EU trademarks. The dispute was ended by means of a judicial settlement. The Court ordered NovaText to pay costs and it set the value of the dispute at 50,000 euros.
In the complaint, the University of Heidelberg’s lawyer referred to the assistance of a patent attorney and, during the proceedings for taxation of costs, he asserted that the patent attorney had effectively intervened in the proceedings. He stated that each submission made in the proceedings had been agreed with the patent attorney and that said attorney had thus also intervened in the settlement negotiations, even though the telephone conversations were only held between the parties’ lawyers.
In the order subsequently issued by the Court, it set the amount of costs to be reimbursed to the University of Heidelberg at 10,528.95 euros, of which 4,867.70 euros was in respect of the costs for the patent attorney’s intervention at first instance and 325.46 euros was for the patent attorney’s participation in the appeal proceedings.
This decision was based on the existence of a rule in German law under which the costs incurred through the involvement of a patent attorney in an action relating to distinctive signs are to be reimbursed according to amounts which are, to a certain degree, pre-established.
The national court asks whether the automatic application of that rule, without any possibility of examining the degree to which the patent attorney’s intervention was “necessary”, is admissible from the standpoint of EU law.
The Court of Justice, exercising its discretionary powers, reformulates the question referred for a preliminary ruling to the effect that, by that question, the referring court asks, in essence, whether Articles 3 and 14 of Directive 2004/48 must be interpreted as precluding national legislation or an interpretation thereof which does not allow the court hearing proceedings falling within the scope of that Directive to take due account, in each case brought before it, of the specific characteristics of that case for the purpose of assessing whether the legal costs incurred by the successful party are reasonable and proportionate.
2.- Findings.
The judgment begins by pointing out that Article 14 of Directive 2004/48 lays down the principle that reasonable and proportionate legal costs and other expenses incurred by the successful party are, as a general rule, to be borne by the unsuccessful party.
That provision aims to strengthen the level of protection of intellectual property, by avoiding the situation in which an aggrieved party is deterred from bringing legal proceedings in order to protect its rights. As a general rule, the author of the infringement of the intellectual property rights must bear all the financial consequences of his/her conduct.
With regard to the scope of the concept of “legal costs” to be reimbursed by the unsuccessful party, set out in Article 14 of Directive 2004/48, the judgment notes that this concept includes, among other costs, the lawyer’s fees, given that the Directive does not contain any element which might permit the conclusion that those fees, which generally make up a substantial part of the costs incurred in proceedings aimed at ensuring the enforcement of an intellectual property right, are excluded from the scope of Article 14.
Nor is there anything in Directive 2004/48 that precludes the costs of a representative, such as a patent attorney, whom a right holder has called upon, individually or jointly with a lawyer, from being regarded, in principle, as falling within the concept of “legal costs”, insofar as those costs originate directly from the legal proceedings.
Such an origin may be accepted for the costs of an agent authorised, under national law, to represent holders of intellectual property rights in proceedings before the competent courts, referred to in Directive 2004/48, relating, in particular, to the drafting of pleadings by such an agent or to the appearance of that agent at the hearings held, where appropriate, in those proceedings. It cannot be ruled out either that such an origin may also be accepted for the costs associated with the intervention of such an agent in the steps aimed at achieving an amicable settlement, in particular, in a dispute which is already pending before a court.
The Court of Justice also notes that Article 14 of Directive 2004/48 requires the Member States to ensure the reimbursement only of “reasonable” legal costs. That requirement, which applies both to “legal costs” and to “other expenses”, within the meaning of that provision, reflects the general obligation set out in Article 3(1) of Directive 2004/48, according to which the Members States must ensure, in particular, that the measures, procedures and remedies necessary to ensure the enforcement of the intellectual property rights covered by that Directive are not unnecessarily costly.
In this regard, the judgment recalls that on another occasion the Court of Justice held that excessive costs resulting from unusually high fees agreed between the successful party and its lawyer or due to the lawyer having provided services that are not considered necessary in order to ensure the enforcement of the intellectual property rights in question are unreasonable.
Moreover, Article 14 of Directive 2004/48 provides that the legal costs and other expenses to be borne by the unsuccessful party must be “proportionate”. This requirement does not imply that the unsuccessful party must necessarily reimburse all of the costs incurred by the other party, but it does mean that the successful party should be entitled to, at the very least, reimbursement of a significant and appropriate part of the reasonable costs actually incurred.
The judgment underlines, in any case, that in accordance with Article 14 of Directive 2004/48, considered in the light of Recital 17 thereof, the court having jurisdiction must be able to review in every case the reasonableness and proportionality of the legal costs incurred by the successful party in respect of the intervention of a representative, such as a patent attorney.
In this regard, the Court of Justice has held that national legislation providing for flat rates is, in principle, consistent with Article 14 of Directive 2004/48. However, the judgment states that, even in such a case, those rates should ensure that the costs which, under that national legislation, may be imposed on the unsuccessful party are reasonable, and that the maximum amounts that may be claimed under those costs are not too low either in relation to the rates normally charged by a lawyer in the field of intellectual property.
In light of the above, the judgment concludes that the automatic application of a national provision such as that at issue in the main proceedings may, in certain cases, result in a breach of the general obligation established in Article 3(1) of Directive 2004/48, under which, in particular, the procedures put in place by the Member States must not be unnecessarily costly.
Furthermore, the judgment adds that the application of a provision of that kind could deter a holder of presumed rights from bringing legal proceedings to ensure that its rights are respected for fear of having to bear, if unsuccessful, considerably high legal costs, contrary to the objective of Directive 2004/48, which is to ensure, in particular, a high level of protection for intellectual property in the Internal Market.
Finally, in relation to the case at hand, the judgment states that the unconditional and automatic inclusion of costs based on a mere sworn statement by a representative of a party to the legal action, without the national court being able to assess those costs as to their reasonableness and proportionality in relation to the dispute in question, could open the door to misuse of such a provision in breach of the general obligation provided for in Article 3(2) of Directive 2004/48.
In light of all the above considerations, the Court of Justice responds to the question referred for a preliminary ruling by stating that Articles 3 and 14 of Directive 2004/48 must be interpreted as precluding national legislation or an interpretation thereof which does not allow the court hearing proceedings falling within the scope of said Directive to take due account, in each case brought before it, of the specific characteristics of that case for the purpose of assessing whether the legal costs incurred by the successful party are reasonable and proportionate.
3.- Remarks.
The judgments from the Court of Justice on legal costs in industrial and intellectual property proceedings are starting to mount up (two this year alone). Underlying all of them is the impression that the aim of the legal action is not only to eliminate the unlawful act in all its manifestations (cessation of the act, compensation for damages) but also to reimburse all costs incurred by the right holder in defending the right, however small the amount may be.
In each specific case it is necessary to carry out an analysis which would involve (i) determining whether the expense comes under the heading of “damages” or that of “legal costs” (ii) specifying whether they are “legal costs” or “other expenses”, even if both concepts are included in Article 14 (iii) assessing whether the expense, such as the intervention of a patent attorney, was “necessary” for the defence of the right and (iv) determining whether the amount is “proportionate”.
It seems clear that no rule or rate can stand in the way of the national court’s discretion to carry out such an analysis.
Carlos MORÁN
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