1.- Hechos.
La sentencia aborda la problemática derivada de la descompilación de programas de ordenador por parte de un licenciatario.
Selor (demandada) es un organismo público belga encargado de la selección y de la orientación de futuros colaboradores de los distintos servicios públicos de la Administración pública.
Top System (demandante) es una sociedad que, desde el año 1990, colabora con el Selor brindándole servicios de desarrollo y mantenimiento informático destinados a “permitir la presentación de candidaturas en línea y su tramitación posterior”.
Para ello, Top System desarrolló varias aplicaciones derivadas de su programa marco (“TSF”) que luego licenció a Selor en virtud de un acuerdo que tenía por objeto “la instalación y configuración de un nuevo entorno de desarrollo, así como la integración en este y la migración al mismo de los códigos fuente de las aplicaciones del Selor”.
Durante la vigencia del acuerdo, surgieron discrepancias sobre el funcionamiento de varias aplicaciones utilizadas por el TSF, lo que dio lugar a un procedimiento ante los tribunales competentes belgas.
En primera instancia, el Tribunal desestimó en lo esencial la demanda. Top System decidió interponer recurso ante el Tribunal de Apelación de Bruselas, que suspendió el procedimiento y planteó al TJ dos cuestiones prejudiciales:
- La primera gira en torno al derecho a descompilar -total o parcialmente- un programa de ordenador con el fin de corregir errores que afecten a su funcionamiento, considerando que Selor había actuado así sobre el programa licenciado;
- En la segunda cuestión el órgano remitente pregunta si el adquirente -que pretende descompilar el programa licenciado con el fin de corregir los errores- debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Directiva 91/250/CEE (la “Directiva”).
2.- Pronunciamientos.
El TJ comienza por aclarar que el artículo 5 de la Directiva dispone que cuando los actos enumerados en el artículo 4, letras a) y b) -especificados más abajo-, “sean necesarios para que el adquirente legítimo pueda utilizar el programa de ordenador con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores, no estarán sujetos a la autorización del titular de los derechos de autor, salvo que existan disposiciones contractuales específicas”.
La descompilación buscará construir el código fuente de un programa a partir del código objeto, protegidos ambos por el derecho de autor, lo que permite obtener una tercera versión del programa de que se trate, denominada “casi código fuente”, que a su vez podría compilarse en un código objeto que permita a ese programa funcionar.
La sentencia establece que la descompilación se configura como una operación de transformación que implica una reproducción del código fuente, así como una traducción del mismo; por tanto, esas actividades están comprendidas en el ámbito de los derechos exclusivos sobre un programa de ordenador.
Aun así, teniendo en cuenta la redacción del artículo 5 de la Directiva, el adquirente podrá realizar todos los actos del artículo 4 sin necesidad de autorización del titular, siempre que sea necesario para utilizar el programa.
Dichos actos del artículo 4 son los siguientes: 1) reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. 2) La traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación. 3) Cualquier forma de distribución pública.
El TJ concluye que el adquirente de un programa de ordenador tiene derecho a descompilarlo -total o parcialmente- “con el fin de corregir errores que afecten a su funcionamiento, incluso cuando la corrección consiste en desactivar una función que afecta al buen funcionamiento de la aplicación de la que forma parte ese programa”.
En lo que respecta a la segunda cuestión de si deben cumplirse los requisitos del artículo 6 de la Directiva en caso de que la respuesta a la primera cuestión fuese afirmativa, el TJ advierte que este artículo introduce una excepción a los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor sobre los programas de ordenador, permitiendo la reproducción del código o la traducción de su forma sin autorización previa del titular legítimo cuando esos actos sean indispensables para garantizar la interoperabilidad de dicho programa con otro programa creado independientemente.
De esta manera, el TJ señala que el adquirente no está obligado a cumplir con dichos requisitos, sino que solo tiene derecho a proceder con la descompilación en la medida necesaria para corregir el error, respetando las condiciones establecidas contractualmente con el titular de los derechos de autor.
Así, según el TJ, la descompilación, a la vista de la estructura y de la finalidad del artículo 5 de la Directiva, debe estar sujeta a determinados requisitos generales:
- Los actos deben ser necesarios para que el adquirente legítimo pueda utilizar el programa con arreglo a su finalidad y, en particular, para corregir “errores”;
- La corrección de errores se permite sin perjuicio de las disposiciones contractuales específicas;
- El adquirente del programa que lo haya descompilado no puede utilizar el resultado para fines distintos de la corrección de errores.
3.- Comentario.
El caso enjuiciado examina si el hecho de descompilar total o parcialmente un programa de ordenador constituye uno de los actos indicados en el artículo 4, letras a) y b), de la Directiva 91/250, es decir, aquellos que puede llevar a cabo el licenciatario con la finalidad de corregir los errores del programa. El TJ concluye que el licenciatario tiene derecho a llevar a cabo la descompilación siempre y cuando lo que pretenda es corregir el error, y con independencia de las condiciones contractuales acordadas.
Jorge PARADA
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VERSIÓN EN INGLÉS
Computer programs and decompilation. Rights of licensee. Judgment of the Court of Justice of 6 October 2021, Top System (C-13/20).
1.- Background.
The judgment addresses issues concerning the decompilation of computer programs by a licensee.
Selor (the defendant) is a Belgian public body responsible for the selection and guidance of future personnel of the various public services of government authorities.
Top System (the plaintiff) is a company which, since 1990, has collaborated with Selor, providing it with IT development and maintenance services designed to “enable applications to be submitted online and subsequently processed”.
To that end, Top System developed several applications originating from its framework software ('TSF') which it then licensed to Selor under an agreement for “the installation and configuration of a new development environment, as well as the integration of the source codes of Selor's applications into, and their migration to, the new environment”.
During the term of the agreement, discrepancies arose over the operation of several applications using the TSF, which gave rise to proceedings before the competent Belgian courts.
At first instance, the Court essentially dismissed the action. Top System decided to appeal to the Brussels Court of Appeal, which stayed the proceedings and referred two questions to the CJ for a preliminary ruling:
- The first concerns the right to decompile all or part of a computer program in order to correct errors affecting the operation of the program, considering that these were Selor’s actions with respect to the licensed program;
- In the second question, the referring national court asks whether the purchaser who wishes to decompile the licensed program in order to correct the errors must satisfy the requirements laid down in Article 6 of Directive 91/250/EEC (the "Directive").
2.- Findings.
The CJ starts by clarifying that Article 5 of the Directive provides that where the acts referred to in Article 4(a) and (b) (specified below) "are necessary for the use of the computer program by the lawful purchaser thereof in accordance with its intended purpose, including for error correction, they do not require authorization from the rightholder, except for specific contractual provisions".
Decompilation is aimed at reconstructing the source code of a program from the object code, both of which are protected by copyright, thus making it possible to obtain a third version of the program in question, called "quasi-source code", which in turn can be compiled into an object code allowing that program to function.
The judgment states that decompilation constitutes an alteration which involves a reproduction of the source code, as well as a translation of the form of that code; such acts therefore fall within the scope of the exclusive rights in a computer program.
However, taking into account the wording of Article 5 of the Directive, the purchaser may carry out all the acts listed in Article 4 without authorization from the rightholder, provided that it is necessary for the use of the program.
These acts set out in Article 4 are the following: 1) The permanent or temporary reproduction of a computer program by any means and in any form, in part or in whole; 2) The translation, adaptation, arrangement and any other alteration; 3) Any form of distribution to the public.
The CJ concludes that the purchaser of a computer program is entitled to decompile it (in whole or in part) "in order to correct errors affecting its operation, including where the correction consists of disabling a function that is affecting the proper operation of the application of which that program forms a part".
With regard to the second question of whether the requirements laid down in Article 6 of the Directive must be satisfied if the answer to the first question is affirmative, the CJ notes that this article introduces an exception to the exclusive rights of the holder of the copyright in computer programs, allowing the reproduction of the code or the translation of the form of that code without the prior consent of the legitimate rightholder where those acts are indispensable to ensure the interoperability of that program with an independently created program.
Thus, the CJ states that the purchaser is not obliged to satisfy those requirements but is only entitled to carry out the decompilation to the extent necessary to correct the error, in compliance with the conditions laid down in the contract with the copyright holder.
Therefore, according to the CJ, in light of the scheme and purpose of Article 5 of the Directive, decompilation must be subject to certain general requirements:
- The acts must be necessary for the use of the computer program by the lawful purchaser in accordance with its purpose and, in particular, for correction of "errors";
- Correction of errors is permitted subject to specific contractual provisions;
- The purchaser of the program who has decompiled the program cannot use the result for purposes other than the correction of errors.
3.- Remarks.
The present case examines whether decompiling all or part of a computer program constitutes one of the acts referred to in Article 4(a) and (b) of Directive 91/250, i.e., those which may be carried out by the licensee for the purpose of correcting errors in the program. The CJ concludes that the licensee is entitled to carry out the decompilation provided that what is intended is to correct the error, irrespective of the agreed contractual terms.
Jorge PARADA
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