La sentencia accede a la petición de la representante del Ministerio Fiscal en el proceso y, a pesar de la escasa duración de la condena, deniega al imputado su remisión condicional, lo que quiere decir que, de devenir firme el fallo, el autor del maltrato irá efectivamente a prisión por sus actos.
Según detalla la resolución judicial, el acusado era en octubre de 2012 poseedor de una perra raza pitbull de nombre Isa, a la que guardaba en unión de otros perros de la misma raza en un inmueble abandonado en Santa Cruz de Tenerife, “sabiendo que los perros podrían atacarse y provocarse un sufrimiento inaceptable” y “sin hacer nada por evitarlo”.
Así, sobre las 20.30 horas del 30 de octubre de 2012, la perra “fue objeto de lesiones y gravemente herida en el cuello, cabeza, dorso, patas y otras partes del cuerpo”, con lesiones compatibles “con mordeduras de otros perros”.
En lugar de prestarle la asistencia debida, dice la autoridad judicial, “actuando con ánimo de darle muerte”, el acusado “introdujo a la perra en una maleta azul a modo de trolley pequeño, que cerró con cremallera, sin que la perra pudiera moverse ni respirar, y la llevó, tal y como presenció un vecino desde su balcón, a un contenedor de basura, cerrando el container y marchándose del lugar”.
La perra fue rescatada media hora después de su abandono. Una vecina escuchó sus gemidos y avisó a la Policía, a Protección Civil y a un albergue de animales.
Los efectivos de estos cuerpos lograron rescatar al animal abriendo la maleta con una navaja para que la perra pudiera sacar la cabeza y respirar. En la actualidad se encuentra totalmente recuperada y en manos de otros propietarios, que le brindan los debidos cuidados.
La autoridad judicial acede a la petición de la representación del Ministerio Fiscal y deniega al acusado la suspensión condicional de la pena. El Ministerio Público interesó el cumplimiento efectivo de la condena tomando en consideración no sólo la “saña” con la que actuó el acusado, sino el hecho de que durante el proceso y en el juicio no mostró “el más mínimo signo de arrepentimiento”.
Además de la condena penal, el acusado deberá pagar a la protectora de animales que acogió a la perra por los gastos dispensados de su asistencia desde que llegó al albergue hasta su completa sanación, y tendrá prohibido tener animales domésticos durante tres años.
La sentencia es susceptible de recurso ante la Audiencia Provincial.
