Contratación pública

El Congreso convalida el real decreto-ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español directivas europeas

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El Pleno del Congreso ha aprobado con 185 votos a favor, 136 en contra y 18 abstenciones la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

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Asimismo, se ha aprobado con 335 votos a favor y 4 abstenciones tramitarlo como proyecto de ley por la vía de urgencia, por lo que ahora este texto se enviará a la comisión competente, donde se debatirán las enmiendas que presenten los Grupos Parlamentarios y para posteriormente ser remitido al Senado.

El debate ha arrancado con la intervención de la ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, que ha defendido la necesidad de este real decreto-ley.

Las directivas de la Unión Europea son textos de obligada transposición a los Estados miembros. Este real decreto-ley, que incorpora al ordenamiento jurídico español diversas directivas, tiene como principales objetivos:

  • La transposición parcial de la directiva relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como de la directiva sobre la regulación del procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios, cuando contraten las entidades públicas y privadas.
  • El establecimiento de las normas sobre el acceso a la actividad de distribución de seguros y reaseguros por parte de las personas físicas y jurídicas, las condiciones en las que debe desarrollarse su ejercicio y el régimen de ordenación, supervisión y sanción.
  • Incorporar acciones para la mejora de los sistemas de gobierno, información, supervisión y transparencia de los fondos de pensiones. Además, se incluyen medidas para impulsar la competitividad y la creación de un mercado único, mediante la regulación de la actividad y las transferencias transfronterizas de fondos.