En este contexto, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España se alerta de que la legislación en materia de okupación de viviendas es “confusa y nada clara para poder actuar con diligencia y rapidez”. Y es que los procesos judiciales actuales, se realicen por la vía civil o por la vía penal por delito de usurpación, suponen unos costes muy elevados y una perpetuación en el tiempo del delito de okupación que no ofrecen ninguna garantía a los propietarios.
Jaime Cabrero, tesorero del Consejo General y presidente del COAPI de Madrid, pone de relieve la necesidad de establecer una regulación estable y de ámbito nacional. “Necesitamos un pacto de Estado en el que todos los agentes sociales, políticos y técnicos que intervienen en el funcionamiento del mercado puedan reunirse, llegar a un consenso y alcanzar una solución efectiva y a largo plazo. De lo contrario, se seguirá creando una confusión tanto para el consumidor como para el inversor que es muy perjudicial para nuestro mercado inmobiliario y nuestra economía y que vulnera claramente uno de los derechos que cimentan nuestro estado de bienestar como es el de la propiedad privada”.
El experto incide también en la necesidad de establecer una clara definición de los conceptos de “vulnerabilidad”, “propiedad privada” y “usurpación”, pues en estos momentos el marco jurídico es “muy indeterminado y cambiante, por la que la resolución de los procesos judiciales se eterniza”.
En la misma línea, Montserrat Junyent, responsable del área de Asesoría Jurídica del Consejo General de los COAPI de España, indica que “los vaivenes jurídicos registrados en los últimos años en materia de okupación, tanto públicas como del ámbito privado, no ayudan a determinar un marco legislativo que prevenga de manera definitiva esta tendencia que vulnera un derecho tan importante como es el de la propiedad privada”.
