Este Real Decreto-Ley reforma el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y otras normas legales, para “fomentar la permanencia de los trabajadores en activo a través de la adaptación y mejora de los incentivos sociales, fiscales y laborales existentes; profundizando en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, siempre que dicha prolongación no esté motivada por una pensión insuficiente”, tal y como expone el Gobierno.
Asimismo, este texto recupera el coeficiente multiplicador del 1,5 en el cálculo de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia, que se aplicaba en la regulación anterior.
En segundo lugar, se acomete una reforma del artículo 12 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en sus apartados apartados 6, 7 y 8, relativos al acceso a la jubilación parcial antes de que la persona trabajadora alcance la edad ordinaria de jubilación.
Finalmente, se reforma la Ley de Clases Pasivas del Estado. Concretamente, los apartados del 1 al 4 del artículo 33. De este modo, se busca extender a los empleados públicos, encuadrados en el Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado, “las mejoras introducidas para el resto de los regímenes en materia de compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad del pensionista, además de incluir algunas modificaciones que mejoran su régimen jurídico a esos efectos”.
