El objeto de esta norma es "la adopción de medidas para hacer frente a la situación de los hogares con deuda instrumentada en préstamos o créditos con hipoteca inmobiliaria sobre vivienda habitual generada por el alza acelerada de los tipos de interés".
Las medidas que contempla la iniciativa, tal y como se indica en su exposición de motivos, buscan "aliviar la carga hipotecaria de los hogares de clase media en riesgo de vulnerabilidad", la "reestructuración de la deuda de los hogares vulnerables" y "mejoras estructurales dirigidas a fortalecer el mercado hipotecario, aumentando la competencia y la transparencia".
Además, el real decreto-ley establece un nuevo Código de Buenas Prácticas con una duración de dos años para la adopción de medidas urgentes para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad. Podrán adherirse de forma voluntaria a este código las entidades de crédito y demás entidades o personas físicas que, de manera profesional, realizan la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
