La iniciativa enlaza con la propuesta de la Comisión Nacional de Estadística Judicial (que aglutina a las mismas administraciones públicas integradas en el CTEAJE) de adecuar la recogida de datos estadísticos a las demandas de información remitidas desde instituciones internacionales como la Unión Europea (el Programa Estadístico Europeo es de obligado cumplimiento para los Estados miembros), el Consejo de Europa o Naciones Unidas.
Con ese objetivo, un grupo de trabajo del CTEAJE analizará las modificaciones a realizar en el proceso de registro de la información introducida en las distintas aplicaciones de gestión procesal para homologar el catálogo de delitos utilizado con el recogido en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), creado en 2012 para facilitar el intercambio eficiente entre Estados miembros de referencias sobre condenas penales impuestas en la UE.
Estas modificaciones en estudio, junto a la mejora de la explotación estadística de los datos disponibles sobre intervinientes en procesos penales, deben permitir un mayor conocimiento de la realidad criminalística que abordan juzgados y tribunales, mejora que la UE a España urge en el caso de los supuestos de trata de seres humanos.
Ciberjusticia
Bajo la presidencia del secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo Llorente (asistido por otros responsables del ministerio), el pleno del CTEAJE celebrado este miércoles contó con la presencia de responsables del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de las comunidades autónomas con competencias en la materia, excepto Cataluña.
En el cónclave, los asistentes fueron informados del proceso de elaboración por parte del Ministerio de Justicia de un convenio marco que agilice el proceso de cesión y transferencia de soluciones informáticas entre las distintas administraciones con competencias en Justicia.
Asimismo, el presidente del CTEAJE informó a los miembros del pleno sobre la evolución del proyecto ‘Promoción de la ciberjusticia en España a través de la gestión del cambio y la mejora en la recogida de datos’, que desde 2018 coordina el ministerio junto a la Comisión Europea de Eficiencia de la Justicia (CEPEJ).
El próximo 17 de diciembre se difundirá un primer informe con recomendaciones para la mejora de la gobernanza y la gestión del cambio para la implementación de la justicia digital. Una segunda fase del proyecto, a desarrollar en 2020, se centrará en los sistemas de gestión procesal de las comunidades autónomas con competencias en la administración de Justicia.
