¿Cuál es el alcance del derecho al olvido en internet a raíz de la STJUE de 24 de septiembre de 2019?

Dos son las cuestiones que se someten a consideración. Para poder dar ...

Dos son las cuestiones que se someten a consideración. Para poder dar respuesta a la primera -alcance del «derecho al olvido»-, es preciso partir de la definición de «datos personales» contenida en el art.4 Rgto 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 -EDL 2016/48900-, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos -en adelante, «Reglamento»-. Según dicha norma, son datos personales «toda información sobre una persona física identificada o identificable». Para que el tratamiento -esto es, la realización de cualquier operación de esos datos sea lícito, se requiere el cumplimiento de alguna de las seis condiciones previstas en el art.6 del Reglamento, entre las que destaca que el interesado haya dado su consentimiento para dicho tratamiento, y que dicho consentimiento reúna los requisitos previstos en el art.7. Además, el interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

Algunos de esos datos personales, que el Reglamento denomina «categorías especiales», tienen prohibido el tratamiento. Son aquellos que revelan el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física. Dicha prohibición no será de aplicación cuando el interesado dio su consentimiento, que en este caso tiene que ser explícito. Cabe, además, la posibilidad de que el Derecho de la Unión o el de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada no pueda ser levantada por el interesado.

La extensión del «derecho al olvido» aparece regulada en el art.17 Rgto -EDL 2016/48900-. El interesado tiene derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan en los siguientes supuestos: -1 cuando los datos no sean ya necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo -2 cuando el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento, y este no encuentre otro fundamento jurídico, -3 cuando los datos personales fueron tratados ilícitamente -4 cuando los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal -5 cuando los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el art.8.1.

En respuesta a la segunda cuestión, cabe afirmar que sí existen mecanismos de negativa o limitación del alcance del derecho al olvido. Según el art.17.3 Rgto -EDL 2016/48900-, el «derecho al olvido» no rige cuando el tratamiento sea necesario para alguno de estos cinco fines: -1 el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información -2 el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos -3 razones de interés público en el ámbito de la salud pública -4 fines de archivo en interés público o fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, -5 la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Con respecto al fin relacionado con la libertad de expresión, el TJUE, en sentencia de 24-9-19, dictada en el asunto C-136/17 -EDJ 2019/689829-, ha declarado que deberá comprobarse, basándose en todos los elementos pertinentes del caso concreto y teniendo en cuenta la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales del interesado respecto a la vida privada y a la protección de los datos personales, si la inclusión de dichos datos es estrictamente necesaria para proteger la libertad de información de los internautas potencialmente interesados en acceder a la página web, libertad consagrada en el art.11 de la Carta -EDL 2000/94313-.

Ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Gran Sala...

Ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Gran Sala, sentencia de 24-9-19, C-507/2017 -EDJ 2019/689829 por la que analiza la extensión o alcance de las peticiones que realizan aquellas personas que se dirigen a sitios web para postular que se retiren determinados contenidos que alegan les causan perjuicio. La cuestión que se suscita es cuál es la extensión de este derecho de los reclamantes y si existe mecanismo de negativa o limitación de su alcance por el titular de la página web donde se aloja la información que se insta retirar.

La cuestión hace referencia al contenido del art.17 Rgto 2016/679 -EDL 2016/48900 en que se proclama el derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de datos personales que le conciernen una persona y que el responsable del tratamiento estará obligado a suprimir lo antes posible esos datos cuando concurra algunas de las disposiciones que allí se enumeran. Ahora bien el propio art.17 prevé limitaciones a tal derecho, entre los que se encuentra en el párrafo 3 el derecho a la información de los internautas

Ya en anterior decisión, la de 13 de Mayo de 2014 -EDJ 2014/67782-, el TJUE reflejaba el derecho del que se entendiere perjudicado por una información difundida a través de Internet, de impedir su difusión cuando su publicación no cumpliere los requisitos de adecuación y pertinencia, prohibiendo de este modo, o limitando si se quiere, una difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima. Y ello con independencia de la acreditación de que cause un perjuicio o incluso al margen de que el mismo existiere puesto que una persona puede, habida cuenta de los derechos fundamentales que le reconocen los art.7 y 8 de la Carta Europea de Derechos -EDL 2000/94313-, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, y estos derechos prevalecen, en principio, no solo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona

Por consiguiente la extensión del derecho afecta a la difusión de información que relaciona al sujeto, generalmente su nombre, con los resultados obtenidos con los motores de búsqueda, no se suprime por tanto ni la fuente original ni el índice del buscador relacionado con la página web. Se trata por tanto que si se accede a un buscador con el nombre de la persona, no aparezcan relacionados los contenidos de las páginas web que refieran información relativa al mismo con datos personales obsoletos o sin relevancia o interés público susceptibles de producirle perjuicio.

Pero incluso la referenciada sentencia dejaba a salvo la relatividad del derecho, pues debía como en todos los supuestos de colisión entre derechos, sopesarse el derecho a recibir información de los usuarios de Internet, de tal modo que cada situación debía de valorarse según las circunstancias de cada caso. A tal fin resulta importante dilucidar si el peticionario era una particular o una figura pública, si la información mantiene un interés o una relevancia pública…

La actual decisión ahonda más en el contenido de aquélla, ya que en el foco del problema se encuentra el tema de la limitación geográfica de la difusión.

Como se deduce de la sentencia el conflicto se genera entre el equivalente a la Agencia de Protección de datos nacional y un Servicio de Búsqueda, ya que pese a que éste atendió la orden de supresión, lo hizo de modo parcial a juicio del ente administrativo, esto es limitó la eficacia del derecho dentro de un ámbito geográfico, el perteneciente a los Estados miembros de la Unión Europea.

De ahí que lo que se cuestione es si la retirada de enlaces del buscador debe de hacerse respecto de la totalidad de los nombres del dominio de su motor, de tal modo que por ejemplo una consulta por nombre efectuada desde un territorio fuera de la Unión Europea se vea igualmente afectada que si la consulta tuviere lugar desde el territorio de la Unión.

La respuesta es positiva a los intereses del buscador en la media en que con independencia de que se reconoce que en una sociedad globalizada se pueda desde cualquier punto del planeta obtener esa información, el Tribunal reconoce que esa protección dada por el Reglamento puede ser valorada de modo muy distinto en otros territorios, y que no cabe desconocer la debida ponderación que cada supuesto supone respecto del derecho de información. Y recuerda cómo en el seno de la Dir 95/46 -art.9 -EDL 1995/16021- y del Rgto 2106/679 -art.85 -EDL 2016/48900- se concedió a los Estados miembros la competencia para establecer en particular para los tratamientos realizados exclusivamente con fines periodísticos o con fines de expresión artística o literaria, las exenciones y excepciones necesarias para conciliar esos derechos con el de libertad de información.

En consecuencia no se produce una extensión del derecho reconocido en el art.17 del Reglamento -EDL 2016/48900 y sentenciado ya en la sentencia de 2014, se mantienen los límites observados en uno y otra, y se deja a los Estados miembros la ponderación entre los derechos afectados -libertad de información, expresión artística o literaria y derecho de la personalidad para cada situación, y la eficacia de las medidas adoptados por el buscador para proteger el derecho reconocido a la persona afectada.

Internet ha traído indudables ventajas en la comunicación, que ahora ...

Internet ha traído indudables ventajas en la comunicación, que ahora es global. Los contenidos fluyen con una agilidad impensable hace, tan solo, unas décadas: el acceso a los mismos no precisa, siquiera, del mero click de ratón como hasta hace poco tiempo la popularidad de los dispositivos móviles -smartphones, tablets, etc. y el wifi, favorece que en cualquier momento y lugar uno pueda acceder a la red sin precisar de hardware adicional.

Pero como todo avance trascendente, la globalización de las comunicaciones conlleva retos, algunos de difícil solución, entre los que se encuentra el que se somete a nuestra consideración en esta ocasión: el denominado derecho al olvido en internet, es decir, el impedir la difusión de información personal cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. En concreto, incluye el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima -boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información-.

En este sentido, ya se pronunció el TJUE -Gran Sala en su sentencia de 13-5-14 -ECLI:EU:C:2014:317 -EDJ 2014/67782 que fijó que el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea y que las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre.

El derecho se ejerce sobre el motor de búsqueda y no tanto sobre el editor original del contenido, dada la difusión universal que realiza el buscador. Consecuencia: al ejercerlo frente al buscador las fuentes permanecen inalteradas y se seguirá mostrando cuando la búsqueda se realice por cualquier otra palabra o término distinta al nombre del afectado.

Como el derecho al olvido puede entrar en colisión con el derecho a la información, el buscador debe valorar el interés para el público así si afecta a una figura pública no será aceptada la solicitud.

Lo expuesto tiene su amparo normativo en el art.17 Rgto -UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 -EDL 2016/48900-, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Dir 95/46/CE -EDL 1995/16021 -Reglamento general de protección de datos-, que ha previsto de forma expresa el derecho a la supresión de datos y también sus limitaciones.

En este marco, la reciente STJUE -Gran Sala 24-9-19 -EDJ 2019/689829-, se pronuncia sobre el alcance de la retirada de enlaces en el ámbito -territorial de la Unión, y partiendo de la dificultad de poner puertas al campo -permítase la expresión-, fija, en su parágrafo 73, el criterio a seguir en los Estados de la UE: Cuando el gestor de un motor de búsqueda estime una solicitud de retirada de enlaces, estará obligado a proceder a dicha retirada no en todas las versiones de su motor, sino en las versiones de este que correspondan al conjunto de los Estados miembros, combinándola, en caso necesario, con medidas que, con pleno respeto de las exigencias legales, impidan de manera efectiva o, al menos, dificulten seriamente a los internautas que efectúen una búsqueda a partir del nombre del interesado desde uno de los Estados miembros el acceso, a través de la lista de resultados que se obtenga tras esa búsqueda, a los enlaces objeto de la solicitud de retirada.