La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo asalariado, en un sentido histórico, se ha efectuado sin que las responsabilidades de cuidado familiar y doméstico se distribuyeran de igual modo entre ambos sexos. Esto implica, de forma general, que las trabajadoras entran al empleo formal con los cuidados a cuestas y, por ello, toman decisiones en cuanto a sus condiciones laborales mediadas por dichas obligaciones. La parcialidad, la temporalidad, la mayor precariedad y la discontinuidad en sus carreras profesionales son el resultado de una inexistente corresponsabilidad real, que tiene por efecto la merma en los salarios y retribuciones y, en el medio y largo plazo, una mayor pobreza en sus futuras pensiones.
La crisis del coronavirus, en la que el mundo está inmerso desde hace un año, ha afectado específicamente a las mujeres tanto en el frente laboral como en el de los cuidados. Datos de Eurofund señalan un aumento del 0,4% de la brecha de género en el ámbito laboral entre abril y septiembre de 2020. El Gobierno de España quiere expresar, con esta declaración institucional, su firme compromiso para incidir correctivamente en ambos, dando cumplimiento al mandato constitucional de igualdad que se expresa, en nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En dicho texto se recogió, de forma pionera, una serie de medidas con especial incidencia en el ámbito del empleo asalariado y de la igualdad real.
Durante el año 2020, España aprobó dos normas que desarrollan los presupuestos de la Ley de igualdad en materia de transparencia e igualdad retributiva y de desarrollo y puesta en funcionamiento de los planes de igualdad (el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres y el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo). Estas dos herramientas permitirán, en el medio plazo, una incidencia directa en el combate contra la brecha salarial, sustentada no sólo en una menor discriminación directa, sino especialmente en la indirecta que se deriva de la no adopción del principio de igual retribución por trabajos de igual valor en nuestro país. También en un sentido histórico aquellos trabajos considerados despectivamente femeninos han conllevado una menor valoración de las habilidades que se les presuponen y, en consecuencia, una inferior consideración salarial.
El Gobierno de España no sólo está comprometido con la igualdad retributiva en el ámbito estatal, sino que la considera parte de su política internacional tanto a nivel europeo como en el marco de las relaciones con las Naciones Unidas, en el plano del cumplimiento de la Agenda 2030 y, también, del Foro Generación Igualdad promovido por ONU Mujeres, en el que España colidera la coalición de acción en materia de Justicia y Derechos Económicos. La plena igualdad en el ámbito del trabajo asalariado -indisoluble de la igualdad en el ámbito de los cuidados- es un reto global que traspasa las fronteras nacionales para interpelar al conjunto del sistema socioeconómico global, sustentado de forma flagrante en desigualdades de género muy relacionadas con el trabajo de las mujeres y con la injusta distribución de los cuidados. El inicio del proceso de ratificación por parte de España de la Carta Social Europea supone otro hito en la asunción de compromisos internacionales que debe encaminar al país a la garantía del trabajo decente, para lo cual resulta imprescindible la perspectiva feminista en el conjunto de la consideración sobre el mercado de trabajo, sus regulaciones, normativas y actores.
