Desde principios de los años noventa hasta 2010, un matrimonio obtuvo importantes ingresos económicos provenientes, en su mayoría, de la actividad delictiva del esposo, condenado por multitud de delitos, como tráfico de sustancias estupefacientes, robos con violencia y extorsiones. La pareja introdujo este dinero en el mercado económico con numerosos actos de ocultamiento, entre ellos la constitución de sociedades y negocios deficitarios, compras de inmuebles y falsos premios de lotería.
La AP Barcelona consideró probado el blanqueo de más de 600.000 euros, condenando al hombre a 4 años y medio de prisión, junto con el pago de una multa de 1.300.000 euros, y a su esposa a 3 años y 3 meses de prisión, más la multa de 1.000.000 euros.
El TS, en su sentencia de 24 de octubre, resuelve el recurso de casación interpuesto por ambos, declarando no haber lugar al mismo y confirmando la condena de la AP. Con un repaso de toda su doctrina en torno al blanqueo de capitales, recuerda que este delito no requiere la descripción detallada de la previa actividad delictiva, aunque sí debe concretarse mínimamente.
En respuesta a uno de los motivos del recurso, referido a la no aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, el TS justifica el tiempo de la instrucción judicial por la dificultad para desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por quien comete el blanqueo, para dar apariencia de normalidad negocial y actuar así como cobertura para camuflar las ganancias derivadas de actuaciones delictivas.
Por último, resalta la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para cerrar todos los circuitos del dinero, con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente. La Ley pretende que el delito nunca sea una actividad rentable. Criminalizar el blanqueo es muy útil para capturar al delincuente en función de sus flujos económicos, aspecto de gran trascendencia, ya que este es el punto débil de las redes delictivas.
Fuente: ADN Jurídico
