Ante el primer Consejo presidencial de ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la UE desde que comenzaran las restricciones por la pandemia, Díaz ha manifestado el claro apoyo de España a esta iniciativa promovida por la actual presidencia rotativa de la UE, a cargo de Portugal.
Para Díaz, la directiva "es un instrumento equilibrado que servirá de marco para garantizar unos salarios mínimos adecuados en la UE y mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas trabajadoras europeas".
España apuesta porque la futura directiva establezca unos umbrales que permitan valorar la adecuación de los salarios mínimos legales y que en ella no existan discriminaciones por las características o circunstancias de las personas trabajadoras, ni deducciones que minoren las cuantías fijadas por los sistemas legales.
Además, la vicepresidenta ha estacado la Cumbre Social Europea en Oporto, una cita centrada exclusivamente en debatir las cuestiones sociales. Entre otros compromisos, en la ciudad lusa se respaldó la fijación de metas cuantitativas comunes para los Veintisiete, como instrumento para avanzar en la construcción de una Europa más solidaria, en la que sea palpable la convergencia social.
España impulsa una alerta social temprana
Por otro lado, España y Bélgica han estado trabajando en un documento común, como contribución a la Cumbre de Oporto, que perseguía reforzar y acelerar la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales como herramienta para una recuperación y salida social de la pandemia. Esos trabajos conjuntos entre ambos países continúan desarrollándose sobre la propuesta de un Mecanismo de Alerta de Desequilibrios Sociales.
El objetivo de este mecanismo buscará prevenir, identificar y abordar la aparición de desequilibrios sociales que podrían afectar de manera muy negativa a las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de la UE.
Díaz también ha expuesto ante los ministros europeos presentes en el Consejo el compromiso del Gobierno español con la modernización y el refuerzo de la negociación colectiva, tanto en España como en el conjunto europeo. En este sentido, se ha destacado que los convenios colectivos son una herramienta indispensable para lograr que las políticas verdes y la justicia social sean la base de los nuevos modelos productivos.
"El mundo del trabajo y la interlocución social deben ser determinantes para permitir consolidar y afianzar el avance irreversible hacia una economía verde", ha remarcado Díaz.
En este sentido, ha remarcado los acuerdos alcanzados en los últimos meses por el Gobierno, como han sido el incremento del salario mínimo, los expedientes de regulación temporal de empleo o la Ley 'Rider'.
Trabajo a distancia
La vicepresidenta también ha expuesto la reciente normativa sobre el trabajo a distancia. "Es un documento que coincide en su presupuesto y en sus objetivos con la norma sobre trabajo a distancia que aprobamos el pasado octubre en España", ha apostillado Díaz.
"La implicación en las nuevas formas de organización es imprescindible para configurar contextos empresariales capaces de asegurar a todas las personas trabajadoras empleos dignos y seguros", ha añadido Díaz.
La ministra se ha reunido además con su homólogo de Bélgica, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Empleo, Paul-Yves Dermagne, para impulsar la propuesta conjunta de alerta social temprana, que ayude a reaccionar ante situaciones de crisis social en toda la UE.
Díaz ha mantenido también encuentros bilaterales con sus homólogos de Italia, Andrea orlando; Dinamarca, Peter Hummelgaard Thomsen, y de Suecia, Eva Nordmark, con quienes ha tenido la oportunidad de abordar el estado de la propuesta de la directiva sobre salarios mínimos a nivel europeo.
La vicepresidenta les ha trasladado la posición española sobre la importancia de que la futura directiva contribuya a desarrollar políticas de convergencia social y evite una carrera a la baja en materia salarial.
