En opinión de la asociación, que ha elaborado un decálogo analizando el proyecto normativo, esta iniciativa "abunda y aumenta la situación de dependencia de los ciudadanos al condicionar la intervención pública a la inexistencia de apoyo familiar, eliminando así el carácter de subjetivo del derecho".
"Esto no solamente aplicado a lo que el Proyecto de Ley hace más evidente --el transporte de los dependientes-- sino a todas las prestaciones sociales haciéndolas subsidiarias de unas supuestas, no definidas y contrarias a derecho, 'obligaciones familiares'", ha señalado el presidente de la organización, José Manuel Ramírez.
En este sentido, opina que con la norma quedará "proscrito" el derecho de la persona en situación de dependencia o vulnerabilidad social "a elegir entre depender de la familia u optar por recibir los servicios públicos que le correspondan como ciudadano", por lo que a su juicio, responde a una concepción "paternalista y arcaica de la familia".
Además, entiende que la iniciativa "deja claramente abierta" la posibilidad de que se encomiende a empresas privadas "prestaciones técnicas irrenunciables para la responsabilidad pública" entre las que citan "la valoración del acceso al derecho, la elaboración del plan de intervención individual, la aplicación de las prestaciones básicas, el reconocimiento del Grado y Nivel de Dependencia, del Grado de Discapacidad y de las situaciones de riesgo o desprotección de menores".
"Se les está abriendo las puertas a las agencias, entidades, empresas privadas que, en busca exclusivamente del lucro, abran o cierren la puerta del Sistema a aquellos casos, individuos o unidades familiares que más convengan a sus objetivos económicos", ha afirmado Ramírez.
