Con esta medida, incluida dentro del paquete de propuestas planteadas por el Ministerio en el marco del diálogo social, se pretende monitorizar la situación de la incapacidad temporal de forma concertada con agentes sociales y Ministerio de Sanidad, que formarán parte del Observatorio, y con la idea de involucrar a las CCAA, responsables de la gestión de los Servicios Públicos de Salud y de las listas de espera.
Hay que tener en cuenta que la Incapacidad Temporal es una prestación enormemente compleja en la que participan distintos actores: la Seguridad Social (INSS), como entidad gestora que asume el reconocimiento y el pago; los Servicios Públicos de Salud (dependientes de las comunidades autónomas), cuyos médicos emiten los partes; las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social; y las empresas, que son cruciales en la promoción de la salud laboral.
Órgano colegiado
El Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, regulado en una orden ministerial que empezará a tramitarse de inmediato mediante una consulta pública previa, se configurará como un órgano técnico estratégico de análisis adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones con carácter permanente y guiado por criterios científicos.
Los objetivos generales del Observatorio serán los de analizar de forma sistemática la Incapacidad Temporal en España; mejorar la eficacia, equidad y calidad de su gestión; detectar tendencias, riesgos y buenas prácticas, y apoyar el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia.
Entre sus funciones, además de ejercitar las competencias decisorias que se le encomienden, estarán las de efectuar propuestas o emitir informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos, o de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la AGE.
Formarán parte del Observatorio representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social); el Ministerio de Sanidad (Secretaría de Estado de Sanidad, Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, Comisionado de Salud Mental); las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, y los sindicatos CCOO y UGT.
