En la inauguración de un curso sobre asistencia a víctimas que está celebrando el Ministerio en la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, Delgado ha señalado que es necesaria una mayor concienciación ciudadana ante la gravedad de unos delitos que atentan contra los cimientos de nuestro Estado de Derecho.
La ministra ha expresado su preocupación por el hecho de que estemos asistiendo en todo el mundo a una oleada de xenofobia, racismo, misoginia violenta, antisemitismo y odio antimusulmán y, particularmente en nuestro país, a un aumento de los delitos relacionados con estos comportamientos. Según datos del Ministerio del Interior, en 2018 se registró un total de 1.598 incidentes asociados a delitos de odio, lo que supone un incremento del 12,6% respecto a 2017.
Delgado ha señalado como un gran reto de nuestra sociedad la eliminación de las conductas motivadas por el odio y la intolerancia, que limitan la dignidad y ponen en riesgo la libertad y el desarrollo de las personas en igualdad de condiciones y oportunidades. La titular de Justicia ha censurado también la actitud de algunos líderes políticos que banalizan el delito y contribuyen así a su normalización, endureciendo el discurso público y debilitando el tejido social.
El curso ‘Asistencia a las víctimas especialmente vulnerables. Particular referencia a las víctimas de delitos de odio” está orientado a los gestores procesales y psicólogos de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito del territorio del Ministerio de Justicia. Entre sus objetivos está mejorar el conocimiento y comprensión de estos profesionales acerca de las singularidades de las víctimas, ofrecer claves para sensibilizar en su atención y orientación y ofrecer una Justicia de mayor calidad, “evitando revictimizaciones”, ha subrayado la ministra.
El programa se enmarca dentro del acuerdo de cooperación institucional del Gobierno para luchar contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia. En él participan los ministerios de Justicia; Interior; Educación y Formación Profesional; Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Cultura y Deporte; y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, así como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y otras organizaciones de la sociedad civil.
