Dos cuestiones sobre el concurso de personas físicas: el «archivo exprés» en el concurso de persona física y la extensión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho

La posibilidad de lo que se ha dado en llamar &ldquoconcurso expr&a...

La posibilidad de lo que se ha dado en llamar &ldquoconcurso exprés&rdquo no estaba contemplada en el texto originario de la Ley Concursal. En la concepción inicial del sistema concursal no se preveía ningún supuesto en que el Auto de declaración de concurso incluyera, simultáneamente, su conclusión.

Es cierto que el artículo 176 LC mencionaba la &ldquoinsuficiencia de masa activa&rdquo como una causa más de conclusión del concurso. Y que ésta podía acordarse &ldquoen cualquier estado del procedimiento&rdquo. Pero las dificultades que se presentaban al Juez del concurso para conocer en ese momento incipiente del procedimiento, cuál era la composición real de la masa activa, y si la misma podía acrecentarse como efecto de potenciales acciones de reintegración o si existían posibilidades de que patrimonios de terceros coadyuvaran a la satisfacción de la masa pasiva -v.gr. a través de la Sección Sexta-, desaconsejaban un cierre prematuro del procedimiento.

Es cierto que la crisis inmobiliaria tensionó las costuras del procedimiento concursal así como las capacidades de los Juzgados de lo Mercantil en funcionamiento en aquella época. Y posiblemente ello obligó a la búsqueda de soluciones imaginativas que minorasen la carga de los órganos judiciales y evitaran la inversión inútil de energías en procedimientos concursales cuya frustración, con cierto grado de probabilidad, se podía anticipar. Pero esto es más cuestión de política legislativa que de aplicación de la Ley.

En este entorno, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, positivizó en el apartado 4 del artículo 176 bis LC, la posibilidad de que el Auto de declaración de concurso lo pudiera ser, al mismo tiempo, de conclusión, aunque prevenía que ello solo sería posible si no era &ldquoprevisible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable&rdquo. En realidad, difícilmente.

Esta novedosa previsión legal impuesta más por la fuerza de los hechos que por la necesidad del procedimiento concursal casaba poco y mal con la estructura y los objetivos del mismo. A pesar de la oportunidad que la Ley ofrecía el Juez de declarar y simultáneamente concluir el concurso en el supuesto en que &ldquoaprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento&rdquo, lo cierto es que no estaba exento de dificultades que en ese momento tan inicial del procedimiento, con el escaso y endeble conocimiento que el Juez del concurso podía obtener solo de la documentación presentada por el deudor, fuera capaz de inducir que no era previsible, con cierto nivel de seguridad, &ldquoel ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable&rdquo -artículo 176 bis LC-. Téngase en cuenta que la documentación que debía acompañarse a la solicitud de concurso -artículo 6 LC no tenía por objeto trasladar al Juez ninguna de las circunstancias señaladas.

Mayores dificultades, si cabe, presentaba la misma posibilidad trasladada al concurso de personas naturales con insuficiencia pero no inexistencia absoluta de pasivo. En tal caso, a pesar de la autorización de conclusión simultanea que contenía el apartado 4 del artículo 176 bis LC, se exigía que el Juez designase &ldquoun administrador concursal que deberá liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del apartado 2&rdquo, lo cual ponía de manifiesto que el denominado &ldquoconcurso exprés&rdquo era, en tales casos, prácticamente una entelequia. Se trataba realmente de anticipar formalmente una decisión cuya práctica quedaba diferida a un momento posterior. Máxime si el concursado persona natural pretendía obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, en cuyo caso debía procederse &ndashidealmente con el concurso concluido a su tramitación. Además, el apartado 4 del artículo 178 bis LC establecía que &ldquono podrá dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane firmeza la resolución que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio -de exoneración del pasivo insatisfecho-&rdquo

Sea como fuere el Texto Refundido de la Ley Concursal destina la Subsección Cuarta del Capítulo I de su Título XI, expresamente a tratar &ldquoDe la conclusión por insuficiencia de la masa activa simultánea a la declaración del concurso&rdquo, dedicando el artículo 472 TRLC a las &ldquoEspecialidades en caso de concurso de persona natural&rdquo.

En tal Subsección, después de contemplar la posibilidad de que el Juez acuerde en el mismo Auto de declaración de concurso, su conclusión si aprecia &ldquoque la masa activa será presumiblemente insuficiente para la satisfacción de los gastos del procedimiento&rdquo, indica que el Juez del concurso nombrará, en el mismo Auto, &ldquoun administrador concursal que deberá liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden establecido en esta ley para el supuesto de insuficiencia de masa&rdquo. Y ello sin perjuicio, de que &ldquouna vez comunicada al juzgado la finalización de la liquidación, el deudor, dentro de los quince días siguientes, podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez del concurso, siendo de aplicación la tramitación, los requisitos y los efectos establecidos en esta ley&rdquo.

En todo caso, no parece que esta cuestión merezca mucha polémica, sobre todo porque se trata de una decisión facultativa para el Juez del concurso. Y, además, porque quizás sea posible interpretar que, como se ha dicho más arriba, aunque la decisión de conclusión del concurso se pueda anticipar en el Auto inicial, su eficacia quede diferida a la terminación de todos los mencionados trámites obligatorios.

Más controversia puede plantear la introducción en el Texto Refundido de la Ley Concursal de la exclusión del alcance del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, de los créditos de derecho público para un supuesto &ndashel de &ldquoexoneración inmediata&rdquo del artículo 491.1 TRLC que en la anterior normativa no se contemplaba -vid. artículo 178bis.3.4º LC-. Tal exclusión solo se preveía expresamente para el caso especial del deudor que se sometía a un plan de pagos &ndashla denominada &ldquoexoneración diferida&rdquo -vid. artículo 178bis.3.5º LC por remisión del artículo 178.5 LC-.

Es discutible si en este caso nos hallamos ante un exceso de delegación en el que incurre el Texto Refundido de la Ley Concursal o si bien se trata de una previsión enmarcada dentro de las facultades de &ldquoregularizar, aclarar y armonizar&rdquo permitidas por la Disposición Final Tercera de la Ley 1/2019, de 20 de febrero.

Lo cierto es que el Tribunal Supremo se había pronunciado sobre el alcance de esta misma exención en la Sentencia -Sala 1ª de 2 de julio de 2019 -RJ\2019\2769 en sentido distinto al que ha sido incorporado en el artículo 491 TRLC.

La cuestión se centra, por tanto, en dilucidar si nos hallamos ante un supuesto ultra vires.

Alguna doctrina se ha pronunciado en el sentido de que el exceso de delegación legislativa debe medirse comparando los dos textos legales puestos en cuestión y no sobre la base de la interpretación jurisprudencial que pudiera haberse llevado a cabo respecto del texto derogado. En tal sentido debe citarse a Campuzano Laguillo, A.B. en La extensión al crédito público del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho: el estado de la cuestión [Nvntia Ene 18, 2021] que afirma que &ldquoel fundamento para la no aplicación es el exceso legislativo y, en este punto, debería incidirse en el ámbito y alcance de ese exceso. Es decir, es posible que ello sea así, si, en efecto, se entiende que la redacción del precepto se ha excedido respecto a los términos del artículo de la anterior Ley Concursal que regulariza, aclara y armoniza -y, por tanto, se considera, en contra de lo afirmado por el Dictamen del Consejo de Estado que no puede considerarse una armonización. Ahora bien, en ese caso, el precepto se habrá excedido respecto a aquél que refunde, pero no porque ello contraríe la interpretación que del alcance del sistema de exoneración realizó el Tribunal Supremo en la citada sentencia de 2 de julio de 2019. La consideración de exceso legislativo debe derivar de la confrontación y análisis entre la redacción legal previa y la resultante tras la refundición. El alcance y valor de la jurisprudencia no debe ser invocado para fundamentar ese exceso legislativo, sin perjuicio de que si se fundamenta que el mismo se ha producido y se aplica al supuesto la regulación de la anterior Ley Concursal, entre en juego la interpretación realizada por el Tribunal Supremo de esa norma previa&rdquo.

Sobre esta cuestión también es destacable el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo de fecha 13 de enero de 2021 &ndashrecogido en el artículo doctrinal que acabamos de citar según el cual &ldquoen el alcance de la exoneración directa, en particular, y del artículo 178 bis, en general, concurrían todos los presupuestos habilitantes para extender al máximo la función refundidora. El precepto era asistemático, carecía de armonía y coherencia interna, la técnica legislativa precisaba depuración y había una laguna normativa que colmar. El hecho de que, a diferencia de otros preceptos de la Ley Concursal -límite temporal de la ejecución administrativa separada, tercería de mejor derecho, compensación impropia, ejecución de créditos contra la masa, etc., e, incluso, otros aspectos del BEPI-, el Gobierno, al redactar el artículo 491, haya decidido apartarse de la doctrina jurisprudencial encarnada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio 2019, no vicia de inconstitucionalidad al precepto ni permite revivir una jurisprudencia alumbrada con carácter excepcional, motivada por los defectos de la norma entonces vigente. La labor de contraste debe realizarse entre la ley derogada y el Real Decreto Legislativo, y si bien es posible sostener -haciendo nuestras las palabras de la Abogacía del Estado en su escrito de oposición al recurso de inconstitucionalidad que dio origen a la STC 166/2007 que &lsquono puede reputarse exceso alguno el que el poder ejecutivo aclare el sentido de los preceptos con el mismo alcance hecho por los Tribunales de Justicia, puesto que por definición, la labor de estos últimos no puede tampoco tener un contenido innovador, sino meramente interpretativo de lo que está implícito en la Ley&rsquo ello no implica que, a sensu contrario, cuando el refundidor opte, dentro de los límites de la regularización, aclaración o armonización, por plasmar en el Real Decreto Legislativo una solución contraria a la adoptada por la jurisprudencia, ello suponga automáticamente que haya incurrido en un exceso en la delegación&rdquo.

La polémica, por tanto, es inevitable. Lo cuestionable es que la solución pase porque cada Juzgado, al cumplir su labor de aplicar la Ley, decida inaplicar la norma por considerar que ha incurrido en un exceso de delegación. Por mucho que desde el Auto del Tribunal Constitucional de 17 de febrero de 1983 se atribuya a los Jueces la potestad de &ldquoinaplicar los Decretos legislativos en lo que exceden de la delegación o más propiamente el no conferir al exceso el valor de Ley&rdquo, hay que ponderar qué efectos sobre la seguridad jurídica puede producir esta opción y preguntarse si no sería mejor la búsqueda de una vía para obtener un pronunciamiento inmediato y definitivo del Tribunal Constitucional que, de una vez por todas, despejase las dudas que sobre esta y otras cuestiones pueda producir el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Procede la declaración de concurso de acreedores respecto de ...

Procede la declaración de concurso de acreedores respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica -art. 1 TRLC-. El deudor deberá presentar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia actual -art. 5 TRLC decidiendo, sobre la documentación presentada, el juez del concurso dictando auto declarando el concurso o desestimando la solicitud -art. 24 TRLC-.

Con carácter general y conforme al artículo 30 TRLC, el auto de declaración de concurso abrirá la fase común del concurso o, en su caso, la fase de liquidación y, conforme al artículo 465.1.5º TRLC, procederá la conclusión del concurso con el archivo de las actuaciones en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa.

Sin embargo, conforme disponen los artículos 470 y ss TRLC, el juez podrá acordar en el mismo auto de declaración de concurso la conclusión del procedimiento cuando aprecie de manera evidente que la masa activa presumiblemente será insuficiente para la satisfacción de los posibles gastos del procedimiento, y, además, que no es previsible el ejercicio de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable -art. 470 TRLC-.

Esta declaración estaba ya contenida en el antiguo artículo 176 bis punto 4º, introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, aunque con pequeñas variaciones en su redacción. Por un lado, se reconoce la posibilidad de que el propio auto de declaración del concurso acuerde la conclusión del procedimiento y, por otro, siempre y cuando el juez lo aprecie de manera evidente en la documentación a presentar por el deudor -art. 6 y 7 TRLC-.

A diferencia de la anterior Ley Concursal -Ley 22/2003 que se refería a la valoración de la insuficiencia de la masa activa para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa, el actual TRLC se refiere a la satisfacción de los posibles gastos del procedimiento, lo cual incluye no sólo los créditos contra la masa, sino también los demás gastos y costas que se generen durante la tramitación del concurso, como serían los honorarios de la administración concursal, gastos de publicidad, etc. En caso de valorar la insuficiencia, debe concluirse el concurso de forma inmediata, para evitar aumentar el pasivo del deudor y liberar a los acreedores para que ejerciten individualmente sus acciones contra él, ya que económicamente no es viable seguir el procedimiento -Jdo. de lo Mercantil Barcelona núm 9, A 25-02-2021, nº 69/2021, rec. 134/2021-.

A la vista de la redacción actual, resulta esencial la presentación correcta de la documentación por el deudor a que se refieren los artículos 6 y 7 TRLC. Parece que, además de la documentación referida, si se pretende la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa, será importante justificar que -i la masa activa será insuficiente para la satisfacción de los gastos del procedimiento, -ii que no es previsible el ejercicio de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros -iii ni la calificación del concurso como culpable, con la finalidad de que, tanto el juez como los que ostenten un interés legítimo, aprecien de manera evidente la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa.

Así lo manifiesta el Auto AP Salamanca, sec. 1ª, A 06-11-2020, nº 146/2020, rec. 582/2018:

&ldquo3. Por lo tanto, como advierte la SAP Madrid, Secc. 28ª, núm. 250/2015, de 4 de diciembre, es preciso efectuar un juicio sustentado en la valoración de todos los datos obrantes en el expediente, para poder concluir de manera racional que resulta evidente la patente falta de suficiencia de los activos del concursado para poder atender la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa de manera que si los datos sobre el patrimonio del deudor no permitieran descartar por completo su capacidad para atenderlos, lo procedente no sería la conclusión del concurso en ese momento, sino su prosecución. O como señala la propia Sección 28ª de la AP Madrid, en su Auto núm. 32/2014, de 21 de febrero [EDJ 2014/118648], que tras realizar un pronóstico o juicio de previsibilidad sobre la posibilidad de ejercitar acciones de rescisión o de responsabilidad de terceros éste arroje un resultado negativo. Es imprescindible, pues, en todo caso, realizar un juicio de valor previo a la vista de todos los datos disponibles en la documentación aportada por el deudor -cfr. STS núm. 592/2014, de 4 de noviembre de 2014 [EDJ 2014/208184]-.

&hellip&hellip

14. Así las cosas, la conclusión del concurso simultánea a su declaración -concurso express es un mecanismo claramente excepcional que sólo podrá aplicarse cuando existan evidencias racionales de que el patrimonio del deudor es clara y manifiestamente insuficiente para atender los créditos contra la masa imprescindibles para comenzar con el procedimiento: los ya mencionados, honorarios de la Administración Concursal, y de la representación letrada y procesal del deudor. O bien, a falta de activo suficiente, cuando de un análisis exhaustivo de los datos disponibles se desprenda con claridad la imposibilidad o ineficacia de ejercer acciones de rescisión, impugnación o responsabilidad frente a terceros que pudieran favorecer la recuperación parcial del activo del deudor acciones éstas que son, en todo caso, frente a terceros -de rescisión concursal, de nulidad o anulabilidad de contratos, o de responsabilidad contractual o extracontractual a fin de recuperar fondos para el activo del deudor, por lo que no se incluyen ni la posible responsabilidad por déficit concursal ni la de indemnización de daños y perjuicios que pudieran derivar de una hipotética declaración del concurso como culpable, ex artículos 172.3 y 172bis LC -artículos 455.2, 5º y 456 TRLC-. -Así se desprende de la comparación del tenor literal de los apartados 1 y 4 del artículo 176 bis LC, pues mientras el primero impide la conclusión del concurso mientras sea previsible la declaración culpable del concurso el segundo omite esta posibilidad, lo cual parece lógico pues para ello el deudor debería disponer de activo suficiente para sufragar los gastos mínimos necesarios para proseguir el procedimiento concursal cfr. artículos 470 y 473 TRLC-.

15. El hecho de que el deudor disponga de activo "contable" para afrontar en apariencia el pago de los créditos contra la masa imprescindibles para gestionar el procedimiento concursal, no sirve por sí sólo para decidir la prosecución del procedimiento en lugar de su conclusión "ab initio". Es necesario que ese activo ofrezca liquidez suficiente, inmediata o mediata, para hacer frente a los gastos mínimos imprescindibles para dar inicio al procedimiento y alcanzar el buen fin del concurso en forma de convenio o de liquidación, pues de lo contrario se agravaría aún más la situación de los acreedores, que verían cómo el magro patrimonio del deudor se grava con nuevos créditos de cobro preferente a los suyos, resultando además perjudicial para el interés público al gravar al deudor con nuevos créditos de difícil o imposible satisfacción.

16. Por lo tanto la insuficiencia de activo y la previsión de que no prosperen acciones de rescisión, impugnación o responsabilidad de terceros ha de apreciarse en sentido funcional o finalista: si el activo disponible es insignificante o de difícil realización para convertirlo en líquido a fin de hacer frente a los créditos contra la masa necesarios para comenzar y proseguir el procedimiento concursal , equivale a insuficiencia patrimonial si las acciones rescisorias, de impugnación o de responsabilidad de terceros son realizables en apariencia o en hipótesis pero, a la vista de la situación patrimonial de los terceros afectados, difícilmente conseguirían una reintegración o indemnización patrimonial por la insolvencia del demandado, su ejercicio sería ineficiente para el objetivo perseguido&rdquo.

A estos efectos, es importante tener en cuenta que los bienes afectos a privilegios especiales sólo se computarán en la medida en que su valor supere al del crédito que garantizan -art. 430 TRLC-, y que los bienes embargados en un procedimiento administrativo o laboral, a los que el artículo 144 TRLC reconoce el derecho de ejecución separada, tampoco deberán tomarse en consideración para determinar si la masa activa resulta o no suficiente para atender los créditos contra la masa, siempre que ocurran los requisitos establecidos en dicho precepto -AP Madrid, sec. 28ª, A 13-04-2018, nº 39/2018, rec. 329/2017-.

Otro control adicional a los establecidos en el artículo 470 TRLC y manifestados anteriormente, es la posibilidad de que quienes ostenten un interés legítimo puedan interponer recurso de apelación contra el auto por el que se hubiera dictado la conclusión del concurso.

Sin embargo, si el concursado fuera persona natural, el juez, en el mismo auto que acuerde la conclusión, designará un administrador concursal que deberá liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden establecido en el TRLC para el supuesto de insuficiencia de masa -472 y 486 TRLC-.

Una vez comunicada al juzgado la finalización de la liquidación, el deudor, dentro de los quince días siguientes, podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez del concurso, siendo de aplicación la tramitación, los requisitos y los efectos establecidos en los artículos 486 y ss del TRLC -puede verse la AP Barcelona, sec. 15ª, S 29-06-2018, nº 475/2018, rec. 1282/2017-.

Con la actual redacción del artículo 472 TRLC se clarifica la posibilidad de concluir el concurso en el mismo auto de declaración de concurso por insuficiencia de masa, así como la existencia de esta posibilidad para las personas físicas, designando en ese mismo auto al administrador concursal con el propósito de liquidar los bienes y pagar los créditos contra la masa.

Se trata así de no demorar un procedimiento concursal que pueda generar más gastos, dando lugar, para las personas físicas de buena fe, la posibilidad de solicitar, finalizada la liquidación, la exoneración del pasivo insatisfecho -arts. 472 y 486 TRLC-.

En cuanto a los efectos de la conclusión del concurso y para el deudor persona física, ésta quedará responsable del pago de los créditos insatisfechos, salvo que obtenga el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, pudiendo los acreedores iniciar ejecuciones singulares hasta la reapertura o declaración de un nuevo concurso. Para el deudor persona jurídica, se acordará la extinción de la persona jurídica concursada y dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme -art. 484 y 485 TRLC-.

El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se regula en los artículos 486 y siguientes TRLC. Según el artículo 488 TRLC, el presupuesto objetivo para la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho será preciso que en el concurso de acreedores se hubieran satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si reuniera los requisitos para poder hacerlo, que el deudor hubiera celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.

Por tanto, a nuestro criterio, el intentar un acuerdo extrajudicial se hace depender de haber reunido los requisitos para poder hacerlo. Si se hubieran satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo, hubiera intentado un previo acuerdo extrajudicial de pagos, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos -art. 491 TRLC-.

Si el deudor reuniera los requisitos para poder hacerlo y no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, podrá obtener ese beneficio si en el concurso de acreedores se hubieran satisfecho, además de los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, al menos, el veinticinco por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

Si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo no hubiera intentado un previo acuerdo extrajudicial de pagos, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá al setenta y cinco por ciento de los créditos ordinarios y a la totalidad de los subordinados.

A pesar de lo anterior, el deudor de buena fe que no reúna los requisitos anteriores, conforme al artículo 493 TRLC, podrá también solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos mediante la presentación de un Plan de Pagos de los créditos contra la masa, de los créditos concursales privilegiados, de los créditos por alimentos y de la parte de los créditos ordinarios que incluya el Plan. Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por su normativa específica.

El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores que hubiesen aceptado someterse al Plan de Pagos se extenderá a la parte que, conforme a este, vaya a quedar insatisfecha, de los siguientes créditos:

1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

2.º Respecto a los créditos con privilegio especial, el importe de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía, salvo en la parte que pudiera gozar de privilegio general -art. 497 TRLC-.

Las solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento del pago de los créditos de derecho público se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.

En consecuencia, sobre los créditos de derecho público sólo podrán solicitarse los aplazamientos o fraccionamiento previstos en la correspondiente normativa y respecto de los créditos por alimentos, tampoco podrá solicitarse la exoneración.

De esta manera, el Plan de Pagos podría establecer períodos de pagos, pero no exoneración o quitas sobre los créditos de derecho público o por alimentos.

Al equiparar el TRLC los efectos sobre los créditos de derecho público y alimentos tanto si se presenta un Plan de Pagos como si no, parece discutible que pueda justificarse una exoneración de los mismos conforme a la STS 381/2019 de 2 de julio.

Si se incumple el Plan de Pagos cualquier acreedor concursal podrá solicitar del juez la revocación de la concesión provisional del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho -artículo 498 TRLC-.

Si no se ha revocado el beneficio de exoneración y ha transcurrido el plazo para el cumplimiento del Plan de Pagos, podrá solicitarse la exoneración definitiva -art. 499 TRLC que podrá concederse por el juez aunque no se hubiera cumplido en su totalidad el Plan de Pagos, pero se hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a y b-, del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

La reapertura del concurso por insuficiencia de masa solo podrá tener lugar dentro de los cinco años siguientes a la conclusión -art. 504 TRLC-. Si se trata de persona jurídica, al año siguiente a la conclusión podrían los acreedores insatisfechos solicitar la reapertura del concurso.

El artículo 470 del Texto Refundido de la Ley Concursal, apro...

El artículo 470 del Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, -«TRLC» determina que el juez del concurso, en el mismo auto de declaración del concurso, podrá acordar la conclusión del procedimiento cuando aprecie de manera evidente que la masa activa será insuficiente para la satisfacción de los posibles gastos de procedimiento y, además, que no es previsible el ejercicio de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable. Se trata de una posibilidad que se reconoce con independencia de la naturaleza del deudor y que, por tanto, juega también en el caso de que éste sea una persona física -persona natural-.

Ello se confirma en el art. 472 TRLC, incluido en la misma sección 4ª del Capítulo I del Título XI relativa a la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa simultánea a la declaración de concurso, en el cual se incluyen especialidades para el caso de concurso de persona natural. En particular, las especialidades consisten, de un lado, en el nombramiento de un administrador concursal, que ha de proceder a la liquidación de los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden establecido para el supuesto de insuficiencia de la masa y, de otro, en la fijación de un plazo para realizar la solicitud de la exoneración del pasivo insatisfecho, que se computa desde la fecha de finalización de la liquidación.

Sobre esta cuestión, con anterioridad a la entrada en vigor del TRLC, se habían mantenido dos interpretaciones contrarias. Así, la posición mayoritaria consideraba que en estos casos no cabía dictar auto de conclusión del concurso hasta que no fuese firme la resolución que reconocía o denegaba el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho -vid. los Autos de la AP Madrid, sec. 28ª, de 21 de abril de 2017, 25 de enero de 2019 y 26 de junio de 2020, de la AP Barcelona, de 29 de junio de 2018, o de la AP de Pontevedra, sec. 1ª, de 10 de junio de 2019 y 12 de febrero de 2020-. Frente a ello, otros tribunales habían interpretado que cabía la declaración y conclusión simultánea del concurso, aunque debía concederse al concursado un plazo de quince días para que pudiese solicitar la exoneración de pasivo insatisfecho -Auto de la AP Zaragoza, de 20 de marzo de 2019-.

A partir de este estado de la cuestión, en el TRLC se ha optado por la segunda de las interpretaciones, admitiendo que en el propio auto de declaración de concurso se pueda acordar su conclusión, y estableciendo una serie de trámites que, en consecuencia, habrían de cumplirse con posterioridad a la conclusión del concurso -tanto la liquidación de los bienes existentes del deudor como la tramitación del procedimiento para la exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de que el deudor así lo solicite-.

Es, sin duda, una solución insatisfactoria en tanto contempla el desarrollo de una fase liquidatoria tras la conclusión del concurso -lo que puede plantear innumerables problemas y también contradictoria con el procedimiento que se prevé para la tramitación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, en tanto no permitiría cumplir con la norma prevista en el art. 490 TRLC, en cuya virtud la concesión del beneficio ha de hacerse constar en el propio auto en el que se declare la conclusión del concurso -no pudiéndose, en caso de oposición a la concesión, dictar auto de conclusión del concurso hasta que no gane firmeza la resolución que recaiga en el incidente concediendo o denegando el beneficio solicitado-, ni tampoco con la contemplada en el art. 496 TRLC, en virtud de la cual, en su caso, la aprobación del plan de pagos vinculado al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho ha de incluirse también en la resolución que acuerde la conclusión del concurso. Por esta razón, algunos autores se han pronunciado a favor de entender que, a pesar de lo que establece el art. 472 TRLC, en orden a posibilitar la tramitación de la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, ha de mantenerse la declaración de concurso y posponer la conclusión del concurso a un momento posterior por insuficiencia o fin de la liquidación -vid. CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS, F. J., «Arts. 470 a 472», en PRENDES CARRIL, P. y FACHAL NOGUER, N. -Dirs.-, Comentario al texto refundido de la Ley Concursal, Navarra, 2021, Tomo II, pág. 621-.

Ciertamente, el régimen previsto es problemático y su aplicación plantea varias incertidumbres que no son fáciles de resolver. Ante todo, en nuestra opinión, únicamente habrá que proceder al nombramiento de administrador concursal para la liquidación de bienes en el caso de que conste la existencia de éstos -vid. Auto de la AP Zaragoza, de 30 de octubre de 2019-. En otro caso, podría procederse directamente a conceder al concursado el plazo de quince días para la solicitud de la exoneración del pasivo insatisfecho. Pero, tanto si se nombra administrador concursal para proceder a la liquidación y posteriormente se abre el plazo para solicitar el beneficio, como si directamente se va a la apertura del plazo para la solicitud, resulta muy difícil admitir que todo ello se realice ya una vez que ha concluido el concurso como parece desprenderse del art. 472 TRLC. Por ello, parece más razonable cumplir los trámites establecidos en el art. 472 TRLC para el caso de concurso declarado sobre persona natural y, tras ello, proceder a dictar el auto de conclusión del concurso, lo que permite cumplir de manera más adecuada y coherente con el régimen previsto para los mismos, sin forzar los textos legales o creando directamente un régimen especial paralelo al legal.

Por otra parte, en relación con la extensión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, el art. 491.1 TRLC determina que, en el supuesto de que concurran los presupuestos previstos en dicho precepto -que se hubieran satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y que el deudor, si reúne los requisitos para ello, hubiera intentado un previo acuerdo extrajudicial de pagos-, el beneficio «se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos». Este precepto no tiene parangón en la LC recoge los requisitos para obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho contenidos en el art. 178 bis, apartado 3.4º, LC pero, frente a este, ha incluido una limitación al alcance de la exoneración que no se contenía en dicho precepto.

En el régimen anterior, la exclusión de los créditos de derecho público y por alimentos únicamente se preveía en los casos en los que la solicitud de exoneración se amparase en la vía prevista en el art. 178 bis.3.5º LC, tal y como se establecía en el apartado 5.1º de ese mismo precepto, pero además de una manera contradictoria pues, a continuación, el apartado 6, referido a los créditos no exonerados, incluía también una referencia a la satisfacción de los créditos públicos, con lo que era discutible si los créditos de derecho público quedaban o no comprendidos en la exoneración. Esta cuestión fue resuelta por el Tribunal Supremo, con una interpretación muy discutible, en el sentido de entender que los créditos públicos podían ser objeto de exoneración provisional y objeto de satisfacción a través del sistema de plan de pagos mediante la inclusión del crédito público privilegiado y contra la masa no satisfecho en el mismo -STS de 2 de julio de 2019 vid. el análisis de esta doctrina en MOYA BALLESTER, J., «El tratamiento del crédito público en el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho -Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo -1ª de 2 de julio de 2019-, ADC, 49, 2020-.

En el TRLC se ha optado por dar un tratamiento común a los créditos públicos cualquiera que sea la vía de solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho pero en sentido contrario al Tribunal Supremo. El refundidor ha optado por extender esta limitación también a los supuestos de exoneración solicitados sobre la base de lo previsto en el antiguo art. 178.3.4º LC, que ahora se recoge en el art. 491.1 TRLC, una opción que ha sido señalada por la doctrina como una clara extralimitación del mandato recibido para la refundición de la Ley concursal -por todos, BENAVIDES VELASCO, P., «Artículo 491», en PEINADO GRACIA, J.I. y SANJUAN MUÑOZ, E. -Dirs.-, Comentarios al articulado del Texto Refundido de la Ley Concursal, Madrid, 2020, III, pág. 710-. Probablemente, el «exceso interpretativo» del TS ha provocado este «exceso regulatorio» por parte de los redactores del texto refundido -vid. CUENA CASAS, M., «Crédito público y segunda oportunidad en el Texto Refundido Ley Concursal -A propósito del Auto del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona, de 8 de septiembre de 2020-», post en el blog hayderecho.expansion.com de 28 de septiembre de 2020-.

A partir de ello, se han dictado resoluciones judiciales que directamente consideran inaplicable el art. 491.1 TRLC por estimar que el mismo se contrapone al art. 82.5 de la Constitución Española, al suponer un exceso ultra vires en la delegación otorgada para proceder a la refundición -vid. Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona, de 8 de septiembre de 2020, en el que se señala que en estos casos los tribunales pueden inaplicar el precepto sin necesidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad a tenor de la doctrina contenida en la STC de 28 de julio de 2016 o en la STS de 29 de noviembre de 2018-, de modo que ha de prevalecer la interpretación jurisprudencial anterior recogida en la STS de 2 de julio de 2019.

En nuestra opinión, por muy reprochable que sea la disposición comentada, no cabe que cada tribunal, en atención a su concreta posición sobre esta cuestión, decida si aplica o no esta norma y, en su caso, si mantiene el texto anterior de la LC -en el que en algunos casos al menos se excluía de la exoneración a los créditos de derecho público o la interpretación del Tribunal Supremo. Ello genera una intolerable inseguridad jurídica. Lo que corresponde es que se promueva cuestión de inconstitucionalidad para que se despeje esta duda o, esperar a la incorporación de la Directiva sobre sobre marcos de reestructuración preventiva que probablemente determinará la solución a esta cuestión -como señala SENENT MARTINEZ, S., «Artículo 491», en PULGAR EZQUERRA, J. -Dir.-, Comentario a la Ley Concursal, 2ª ed., Madrid, 2020, I, pág. 2107, la Directiva limita la categoría de los créditos no exonerables y, entre ellos no incluye a los créditos públicos por lo que su transposición al Derecho español probablemente determinará que desaparezca este trato de favor de los créditos públicos y que la cuestión se resuelva en el sentido de la interpretación del Tribunal Supremo-. Pero mientras tanto no cabe más alternativa que aplicar el nuevo art. 491.1 TRLC y considerar, por tanto, que los créditos de derecho público quedan excluidos del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cualquiera que sea la vía a través de la que se solicite -régimen general o especial de exoneración del pasivo insatisfecho-.