La legitimación de la comisión «ad hoc» para solicitar la ejecución en los despidos colectivos

Respecto de la primera cuestión cabe señalar que, e...

Respecto de la primera cuestión cabe señalar que, en principio, resulta llamativo que el art.124 LRJS -EDL 2011/222121 no mencione a la comisión «ad hoc» como legitimada para impugnar el despido colectivo en cuya negociación ha intervenido. Dicha omisión se ha de entender, en cualquier caso, como un olvido del legislador, sin que quepa interpretarlo como la voluntad del mismo de privar de legitimación a la indicada comisión para impugnar el despido colectivo ya que no existe ninguna razón para ello. Por lo tanto ,hay que entender que al desempeñar la referida comisión en el período de consultas del despido colectivo la misma posición que los representantes legales de los trabajadores o de los representantes sindicales, a los que el art.124 LRJS -EDL 2011/222121 otorga capacidad para impugnar la decisión empresarial sobre extinción colectiva de los contratos de trabajo, dicha comisión tiene legitimación para impugnar el despido colectivo siempre y cuando los que la impugnen alcancen la necesaria mayoría lo que, por lo demás, también es predicable cuando la impugnación se realice por los delegados de personal o por el comité de empresa. Es más podría pensarse que al aludir el legislador en el meritado precepto a los representantes legales de los trabajadores en dicha denominación se incluye a la comisión «ad hoc» en la medida en que la misma ejerce por mandato legal de los art.51.2 y 41 ET -EDL 2015/182832 la representación de los trabajadores en la negociación del despido colectivo.

Nuestro Alto Tribunal se ha manifestado en el sentido expuesto en la sentencia del 18 de marzo de 2014 -ROJ: STS 1535/2014 ECLI:ES:TS:2014:1535-, Recurso: 114/2013 -EDJ 2014/63661-, en la que tras referirse a la modificación operada por el RDL 10/2010 -EDL 2010/91481-, en el art. 41.4 ET -EDL 2015/182832 en su párrafo cuarto y a la modificación introducida por el RDL 3/2012 -EDL 2012/6702 en el art.1.2 ET, señala que la representación otorgada por este último precepto a la comisión «ad hoc» para el período de consultas del despido colectivo, «Sorprendentemente, el legislador no ha tenido en cuenta esa realidad a la hora de acomodar las reglas procesales por las que ha de regirse la eventual impugnación de la decisión empresarial adoptada sin acuerdo y, como se ha visto, al señalar a los sujetos legitimados para accionar por la vía del art.124 LRJS -EDL 2011/222121-, se ha limitado a mencionar a los representantes "clásicos" -mención reiterada en el texto hoy vigente, pese a que el citado apartado 1 fue objeto de modificación en la Ley 3/2012 -EDL 2012/130651 en aspecto que ahora no viene al caso-.» Precisamente en dicha sentencia se rechaza la interpretación estricta que postulaba la empresa al negar a la comisión «ad hoc» la legitimación para impugnar el despido porque «impediría la impugnación de las decisiones empresariales extintivas de carácter colectivo en las empresas o centros de trabajo que carecen de representación legal o sindical. Ello supondría, no solo vaciar de contenido el derecho a tutela judicial efectiva que los trabajadores pueden tener desde la perspectiva colectiva, sino desvirtuar por completo el periodo previo de consultas en tanto que sobre él planearía la amenaza de que, de no alcanzarse un acuerdo con la comisión ad hoc, la decisión de la empresa devendría irrevocable, sólo pendiente de las eventuales acciones individuales de los trabajadores afectados, las cuales tienen una finalidad distinta y sirven a la tutela de intereses no comparables con los que el proceso colectivo trata de satisfacer». Y continua diciendo la meritada sentencia «No es factible admitir que la dinámica y alcance de las herramientas de defensa y de conflicto entre las partes sean distintas según se haya constituido o no representación legal o sindical de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo. Entenderlo como la empresa pretende implica negar el cauce de impugnación del art. 124 LRJS -EDL 2011/222121 en los despidos colectivos de las empresas sin representantes legales o sindicales.»

Así entiende la susodicha sentencia que la comisión ad hoc ha de ser incluida en el concepto de representación legal a los efectos del art.124 LRJS -EDL 2011/222121 y que lo demuestra, además, «-&hellip el que la acción pueda ejercitarse también, subsidiariamente, por el propio empresario en un supuesto en que, lógicamente, se ha de partir de la falta de acuerdo y en que en el caso de inexistencia de representación legal o sindical en la empresa, los únicos posibles demandados habrán de ser los integrantes de la comisión ad hoc en calidad de tal.»

La segunda cuestión merece también una respuesta afirmativa por cuanto que al ostentar la comisión «ad hoc» legitimación para impugnar el despido colectivo la misma se extiende a la fase de ejecución de la sentencia que declara nulo dicho despido, sin que sea de aplicación lo establecido en el art.247.1 b LRJS -EDL 2011/222121 no solo porque dicho precepto regula la ejecución en conflictos colectivos y no la ejecución en despidos colectivos, sino porque el indicado precepto tan solo exige la autorización del trabajador afectado por la sentencia de conflicto colectivo cuando dicho trabajador no esté afiliado al sindicato que inste o se adhiera al proceso de ejecución, lo que es lógico porque ese sindicato no ostenta la representación procesal prevista en el art.20 LRJS -EDL 2011/222121-. Ahora bien en el proceso sobre impugnación de despido colectivo la comisión «ad hoc» sí que ostenta la representación de los trabajadores afectados por la sentencia de despido colectivo y dicha representación subsiste durante todas las fases del procedimiento, incluida la de ejecución, al no establecerse ninguna salvedad al respecto por parte del legislador.

La L 35/2010, de 17 septiembre, de medidas urgentes para la reforma del...

La L 35/2010, de 17 septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo -EDL 2010/177120-, recogía en su preámbulo que el capítulo II agrupa diversas medidas que pretenden potenciar los instrumentos de flexibilidad interna en el transcurso de las relaciones laborales, favoreciendo la adaptabilidad de las condiciones de trabajo a las circunstancias de la producción, bajo la consideración general de que dichos instrumentos constituyen una alternativa positiva frente a medidas de flexibilidad externa que implican un ajuste en el volumen de empleo y con las modificaciones introducidas en los artículos 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores -EDL 1995/13475-, se persigue dotar al procedimiento de mayor agilidad y eficacia. Para ello se establece el carácter improrrogable del plazo previsto para los períodos de consultas, se prevé una solución legal para los supuestos en que no existan representantes de los trabajadores en la empresa con quienes negociar y se potencia la utilización de medios extrajudiciales de solución de discrepancias establecidos a través de la negociación colectiva. Tales medios han demostrado su valor y eficacia como sistemas que evitan la judicialización de los conflictos laborales, permitiendo que los procesos de adaptación de las condiciones de trabajo se lleven a cabo con agilidad para el empresario y con garantías para los trabajadores, disminuyendo la conflictividad laboral, en especial en aquellos casos en que estos mecanismos se incardinan en instituciones creadas mediante acuerdo de las organizaciones empresariales y sindicales en el ámbito correspondiente, dando nueva redacción, en su art. 5, al art.41 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo -EDL 1995/13475-, quedando redactado, en lo que interesa, como sigue, en las empresas en las que no exista representación legal de los mismos, éstos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma. En todos los casos, la designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la falta de designación pueda suponer la paralización del mismo. Los acuerdos de la comisión requerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros. En el supuesto de que la negociación se realice con la comisión cuyos miembros sean designados por los sindicatos, el empresario podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas más representativas a nivel autonómico, y con independencia de la organización en la que esté integrado tenga carácter intersectorial o sectorial. El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo. Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. Ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la opción prevista en el párrafo segundo del apartado 3 de este artículo. Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 3 de este artículo. La interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución.

Indicar que también, la posibilidad de negociar directamente con los trabajadores, lo que viene avalado porque incluso, la falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración. Lo que revela el periodo de consultas sigue siendo indispensable, incluso si los trabajadores no han acudido a las comisiones ad hoc del art.41.4 ET -EDL 2015/182832 cabiendo entonces colegir la negociación deberá realizarse directamente con los trabajadores, pudiéndose entender que habrá acuerdo en el periodo de consultas cuando una amplia mayoría de trabajadores se pronuncie a favor del acuerdo, STSJ Madrid -Social-, núm. 174, de 26 de febrero 2016, rec. 893/2015 -EDJ 2016/117250 y en ese sentido, no se alcanza a comprender qué suerte de derecho necesario pueda argumentarse para justificar que de oficio se acuerde la nulidad de una negociación en la que todo el perjuicio que pudiera atribuirse a la desproporción numérica entre los interlocutores -de un lado el empresario, con algún asesor, y de otro los 17 trabajadores de la plantilla sería invocable por parte de quien precisamente reclama en vía judicial que se declare la corrección del proceso, desde el momento en que la empresa acepta negociar con la totalidad de los trabajadores, pese a que la ley le facultaba para exigir una comisión limitada a tres miembros y le autorizaba para continuar él puede procedimiento sin interlocutores para el caso de aquella comisión no fuese elegida, mal rechazarse la validez de las reuniones llevadas a cabo por los propios trabajadores y no por los tres representantes que pudieran haber sido comisionados, habida cuenta de que es insostenible -en el campo de la representación voluntaria negar validez a lo que se negocia «in propio nomine» y sólo atribuírsela a la hecha por otro «in alieno nomine», STS Sala 4ª, de 23 de marzo 2015, rec. 287/2014 -EDJ 2015/72676-.

Por su parte, tal comisión, se integraba en la reforma del art.51 ET -EDL 2015/182832-, llevada a cabo por el art. 2.2, último párrafo de la Ley, estableciendo que en los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representación para el periodo de consultas y la conclusión de un acuerdo a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4, sin más indicaciones, por lo que desde el inicio esta comisión contó con un óbice, su legitimación para impugnar los despidos colectivos en caso de inexistencia de acuerdo, porque el legislador no había tenido en cuenta esa realidad a la hora de acomodar las reglas procesales por las que ha de regirse la eventual impugnación de la decisión empresarial adoptada sin acuerdo y al señalar a los sujetos legitimados para accionar por la vía del art.124 LRJS -EDL 2011/222121-, se limitó a mencionar a los representantes clásicos, lo que continúa en el texto hoy vigente, siendo tal óbice corregido por la STS Salas IV, de 18 de marzo 2014, rec. 114/2013 -EDJ 2014/63661-, reiterado en la STS núm. 282, de 8 de abril 2016, rec. 285/2014 -EDJ 2016/78244-, declarando que «La interpretación literal estricta que la empresa postula impediría la impugnación de las decisiones empresariales extintivas de carácter colectivo en las empresas o centros de trabajo que carecen de representación legal o sindical. Ello supondría, no solo vaciar de contenido el derecho a tutela judicial efectiva que los trabajadores pueden tener desde la perspectiva colectiva, sino desvirtuar por completo el periodo previo de consultas en tanto que sobre él planearía la amenaza de que, de no alcanzarse un acuerdo con la comisión ad hoc, la decisión de la empresa devendría irrevocable, sólo pendiente de las eventuales acciones individuales de los trabajadores afectados, las cuales tienen una finalidad distinta y sirven a la tutela de intereses no comparables con los que el proceso colectivo trata de satisfacer. No es factible admitir que la dinámica y alcance de las herramientas de defensa y de conflicto entre las partes sean distintas según se haya constituido o no representación legal o sindical de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo. Entenderlo como la empresa pretende implica negar el cauce de impugnación del art.124 LRJS -EDL 2011/222121 en los despidos colectivos de las empresas sin representantes legales o sindicales. Y que la comisión ad hoc ha de ser incluida en el concepto de representación legal a los efectos del art.124 LRJS lo demuestra, además, el que la acción pueda ejercitarse también, subsidiariamente, por el propio empresario en un supuesto en que, lógicamente, se ha de partir de la falta de acuerdo y en que en el caso de inexistencia de representación legal o sindical en la empresa, los únicos posibles demandados habrán de ser los integrantes de la comisión ad hoc en calidad de tal. Por último, el art.124.4 LRJS determina a los legitimados pasivamente en caso de que se hubiera alcanzado acuerdo y se refiere a "los firmantes", quienes, en un supuesto como el que ahora se analiza, hubieran sido la empresa y la comisión ad hoc. En suma, a los efectos del procedimiento de impugnación de colectivo, el concepto de representación de los trabajadores se perfila de modo específico, con inclusión de todos los entes colectivos de representación que la propia norma sustantiva regula y a quienes confiere capacidad de negociación y de suscripción de acuerdos porque, a tales fines, ostentan la representación de los trabajadores», declarando asimismo la STS Sala IV, de 21 de enero 2016, rec. 200/2015 -EDJ 2016/9732 que en relación con la legitimación de la representación legal de los trabajadores que los delegados de personal o la pertinente comisión «ad hoc», han de estar incluidos en el concepto de representación legal de los trabajadores a los efectos del art.124 LRJS, ampliando tal interpretación, como indicamos en principio, cuando la negoción se llevara a cabo directamente con los trabajadores, una mayoría de estos, en caso de desacuerdo, podría tener legitimación para impugnar el despido colectivo.

La reforma del apartado 2 del art.247 LRJS -EDL 2011/222121 introducido por el artículo 11, dos del RDL 11/2003, de 2 agosto -EDL 2013/141661-, ratificado en su redacción después por la L 1/2014 de 28 de febrero -EDL 2014/14857-, en vigor desde el 2 de marzo de 2014 y aplicable, según las previsiones de la DT 3ª de dicha Ley a los despidos colectivos «que se inicien» a partir del 4 de agosto de 2013, se realizó expresamente, para incluir que la modalidad de ejecución de sentencias firmes regulada en dicho artículo sería aplicable también a otros títulos ejecutivos en los supuestos de despido colectivo en los que la decisión empresarial hubiera sido declarada nula. Ahora bien, sin perjuicio de que partiendo de esa legitimación, reconocida, la comisión «ad hoc» puede solicitar la ejecución de la sentencia, como expresa el art.247.1.a-, al indicar que el proceso de ejecución se iniciará mediante escrito por los sujetos legitimados, tal legitimación no se trata de una facultad originaria de las representaciones sindicales o unitarias, incluida la comisión ad hoc, puesto que el art.247.1.b LRJS requiere una específica autorización de los trabajadores individuales implicados, debiéndose acreditar la representación de los trabajadores no afiliados mediante autorización documentada ante cualquier órgano judicial o de mediación o conciliación social, o bien mediante la identificación de un representante ad hoc, quien se responsabilizará de acreditar la representación de los trabajadores, autorización necesaria, cuando en el apartado j-, del precepto, se establece que los sujetos que, pudiendo resultar beneficiados por el título ejecutivo, no quieran ejercitar su acción en el proceso de ejecución colectivo, podrán, en su caso, formularla individualmente a través del proceso declarativo que corresponda, mas sin que exista duda de que esta regla es aplicable en los casos de despido colectivo, hay que entender que las objeciones en este terreno deben plantearse en el momento inicial de la ejecución, porque si la misma se encuentra muy avanzada, no tendría ningún sentido remitir a los trabajadores a procesos individuales para obtener una sentencia que, necesariamente, tendría los mismos pronunciamientos de condena que se pretenden ejecutar, sentencia que, a su vez, habría que llevar a un proceso de ejecución para lograr el mismo resultado que se conseguiría de continuar con la ejecución impugnada, STS Sala IV, núm. 254, de 23 de marzo 2017, rec. 150/2016 -EDJ 2017/37142-, José María Goerlich, la ejecución de las sentencias de despido colectivo: criterios legales y jurisprudenciales, en Tribuna de 15 de diciembre 2017, debiendo también añadir, STS Sala IV, Pleno, de 20 de abril 2015, rec. 354/2014 -EDJ 2015/68327 que la previsión de ejecución contemplada en el art.247 LRJS -EDL 2011/222121 in fine no ha ido seguida de una modificación correlativa y directa de las exigencias de la demanda de despido colectivo, lo que podría significar que el legislador no ha considerado indispensable hacer plenamente extensiva la prevista en el art.160.3 LRJS a las demandas del 124, por más que así pudiera deducirse del contenido del art.247 2 Muy probablemente la razón de ello es que, a diferencia de las demandas de conflicto colectivo con pretensión de condena -con lo variadas que pueden ser-, las de despido colectivo con petición de nulidad, presentan un contenido de condena directamente identificable en cuanto a los sujetos, fácilmente determinable en su cuantía y cuyos elementos clave son factores manejados por la empresa y los representantes de los trabajadores desde el primer momento de la negociación ordenada por la ley, siendo esos -precisamente los datos claves de toda demanda de despido para poder proceder a completar los pronunciamientos que sobre la calificación del despido ordena la Ley sin que la falta de cuantificación de los salarios de tramitación sea argumento a tomar en cuenta, puesto que en las sentencias de despido individual declarado nulo nunca han resultado cuantificados exactamente por el órgano judicial, y ello no ha sido impedimento para aceptar su ejecución, además, en todo caso, el art.247 LRJS regula un proceso incidental para la ejecución que pone de manifiesto, en lo que a condenas dinerarias se refiere, que la ejecutada tiene la obligación de que «tratándose de ejecución pecuniaria, en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse por otro mes cuando la complejidad del asunto lo exija, en relación a cada uno de los trabajadores en cuya representación se inste la ejecución, cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, en su caso, una fórmula de pago, por lo que asistimos así a una obligación de la condenada prevista legalmente».

1. La primera cuestión tiene una respuesta afirmativa. La com...

1. La primera cuestión tiene una respuesta afirmativa. La comisión ad hoc prevista para los supuestos de ausencia de representantes, ha de ser incluida en el concepto de representación legal a los efectos del art.124 LRJS -EDL 2011/222121-. Al objeto del procedimiento de impugnación del despido colectivo, el concepto de representación de los trabajadores se perfila de modo específico, con inclusión de todos los entes colectivos de representación que la propia norma sustantiva regula y a quienes confiere capacidad de negociación y de suscripción de acuerdos porque, a tales fines, ostentan la representación de los trabajadores. Esta es la doctrina jurisprudencial establecida a partir de la STS -Social 18 de marzo de 2014 Recurso de Casación núm. 114/2013 -EDJ 2014/63661 que lo fundamenta afirmando que pese a que «a raíz del RDL 3/2012 -EDL 2012/6702-, el art.51.2 ET -EDL 2015/182832 disponía en su párrafo sexto»: «En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representación para el período de consultas a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4», «[S]orprendentemente, el legislador no ha tenido en cuenta esa realidad a la hora de acomodar las reglas procesales por las que ha de regirse la eventual impugnación de la decisión empresarial adoptada sin acuerdo y, como se ha visto, al señalar a los sujetos legitimados para accionar por la vía del art.124 LRJS -EDL 2011/222121-, se ha limitado a mencionar a los representantes "clásicos" -mención reiterada en el texto hoy vigente, pese a que el citado apartado 1 fue objeto de modificación en la L 13/2012 -EDL 2012/278980 en aspecto que ahora no viene al caso-. No cabe duda de que los trabajadores individualmente considerados están excluidos de la acción que hace nacer el proceso del art.124 LRJS -EDL 2011/222121 y ello porque se trata de un procedimiento de carácter colectivo que, como tal, busca obtener una solución judicial homogénea para todos los afectados por la decisión empresarial objeto de la impugnación». Este criterio jurisprudencial se completa con otro que confirmando en principio la legitimación activa de la comisión ad hoc, matiza que carecen de la misma los miembros minoritarios de la comisión «ad hoc» representativa de los trabajadores en el periodo de consultas -sentencias TS -Social 14 de octubre 2015, rec 336/14 -EDJ 2015/230712-, 21 de abril 2015, rec 311/14 -EDJ 2015/87028-, y 9 de junio de 2015 rec 122/14 -EDJ 2015/168191--.

2. En cuanto a la segunda cuestión. En mi opinión si la comisión «ad hoc» insta la ejecución de la sentencia debe acreditar la autorización de cada uno de los trabajadores afectados en los términos establecidos en el art.247.1 b LRJS -EDL 2011/222121-. La sujeción a este sistema de autorización se justifica por varias razones:

-1 Principalmente, para no privar del ejercicio de facultades que la ley confiere a los trabajadores afectados. Adviértase que la ejecución de las sentencias colectivas opera como procedimiento de ejecución dispositivo para los trabajadores individualmente afectados. Así lo dispone con claridad la letra j del art.247.1 LRJS -EDL 2011/222121 al establecer que los trabajadores favorecidos por el título ejecutivo -en el caso, la sentencia que declara nulo el despido colectivo no tienen necesariamente que acudir a la ejecución colectiva, pues la ley les reconoce la opción de entablar su propio proceso individual declarativo en el que podrán solicitar la ejecución. Además, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de ejecución colectiva está vedado a los trabajadores individuales.

-2 Por aplicación del principio de especialidad de la ley. La ejecución colectiva se lleva a cabo conforme a las reglas y principios de la ejecución definitiva social, si bien con las especialidades previstas en el art.247 LRJS -EDL 2011/222121-. Conforme al apartado 2 del art.247 LRJS las reglas de ejecución de sentencias colectivas se pueden aplicar a los despidos colectivos. Este segundo apartado remite esencialmente a las reglas del apartado 1 del art.247 LRJS, sobre legitimación, intervención del Letrado de la Administración de Justicia y sustanciación del incidente de ejecución, aunque respecto de estas ejecuciones habrá que estar también, como hemos indicado, a las reglas generales de la ejecución definitiva. Según los términos de la cuestión que se nos plantea, para el caso de que estemos ante una comisión ad hoc que haya sido parte e inste la ejecución, las reglas a las que se debe sujetar la ejecución que declara la nulidad del despido colectivo son las siguientes: -a Por decisión mayoritaria. Para que puedan instar la comisión ad hoc la ejecución de una sentencia que declare la nulidad de un despido colectivo, deben hacerlo todos o la mayoría de sus miembros. Si no la instan la mayoría de los miembros de la comisión ad hoc carecerían de legitimación, conforme a la doctrina jurisprudencial antes reseñada -b la comisión ad hoc puede actuar en nombre propio o bien en el de los afectados por el título ejecutivo. Con relación a los propios miembros de la comisión ad hoc, si son trabajadores afectados, la autorización estaría implícita al actuar en su propio nombre. El problema surge cuando actúan en nombre de los demás trabajadores afectados por el título ejecutivo. En este supuesto habrá que acudir al sistema de acreditación de dicha autorización que se articula en la LRJS. Este sistema ofrece dos soluciones según se inicie la ejecución por sindicatos o por representantes unitarios -representantes legales, a los que deben equiparse los miembros de la comisión ad hoc-. La LRJS traza un doble sistema de acreditación para el caso de que los sindicatos sean los que insten la ejecución en función de si lo hacen respecto de afiliados o no afiliados. Con respecto a los afiliados, la norma remite a las formalidades del art.20 LRJS -EDL 2011/222121 respecto de los no afiliados, se hará mediante autorización conferida y documentada ante cualquier órgano judicial, o de mediación o conciliación social o ante persona expresamente autorizada por el sindicato en la que conste la firma del trabajador. Este último «sistema de acreditación» -el previsto para trabajadores no afiliados dice la LRJS en el inciso último del apartado b del artículo 247.1 «-&hellip se aplicará en caso de que, quien inste la ejecución, sea un órgano de representación unitaria de los trabajadores -muy ilustrativo al respecto es el Auto de la Audiencia Nacional de 9 de marzo de 2015 rec 3/2015 -EDJ 2015/283440--. Conforme a la jurisprudencia antes reseñada la comisión ad hoc se equipara a estos efectos a la legitimación de los representantes de los trabajadores, por lo que su régimen jurídico es aplicable a aquellos. Por tanto, si quien insta la ejecución es una comisión ad hoc, y lo hace por la mayoría de sus miembros -lo que refuerza la justificación de acudir al sistema de acreditación si hay afectados integrantes de dicha comisión ad hoc que rechazan instar la ejecución colectiva-, al actuar en nombre de los afectados debe recabar la oportuna autorización de los titulares del derecho reconocido en la sentencia en la forma establecida en el art.247.1.b LRJS -EDL 2011/222121-, a saber: mediante autorización conferida y documentada ante cualquier órgano judicial, o de mediación o conciliación social. Una pieza extraña que exige una interpretación es esta última alternativa -si se trata de trabajadores no afiliados de que esa acreditación documentada se pueda hacer también &ldquoante persona expresamente autorizada por el sindicato&rdquo. Estamos ante la identificación de un representante ad hoc autorizado por el sindicato que se responsabiliza de acreditar la representación de los trabajadores. Esta última modalidad se formula para el caso de que quien inste la ejecución sea el sindicato, pero no para el supuesto de que el sujeto que solicite dicha ejecución sea la representación unitaria o legal de los trabajadores, y, por extensión, la comisión ad hoc. A la hora de cumplimentar este deber de acreditación documental la representación legal o la comisión ad hoc, para el supuesto de que no se hiciera ante cualquier órgano judicial, o de mediación o conciliación social -sin duda, una regla muy segura, sobre todo en vía judicial pues permitirá incluso subsanaciones-, la pregunta que surge es si se puede autorizar a nombrar a una persona que cumpla ese deber de acreditación documental. Aquí cabe dos posturas interpretativas: a una restrictiva: no admitirla, dada la literalidad de la norma, porque la ley habla de persona autorizada por el sindicato b otra extensiva, facilitadora de la formalidad de la acreditación, consistente en permitir que la representación legal de los trabajadores -y por extensión la comisión ad hoc designe a una persona de la representación legal o de la comisión ad hoc quien se responsabilizará de acreditar la representación de los trabajadores».