La terna incluida en el orden del día del Pleno la completan otros dos magistrados de la Sala Segunda: el que fuera fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido; y el magistrado también conservador Miguel Colmenero, que es a quien ha correspondido instruir la pieza de admisión o no en el alto tribunal de la causa de los ERE.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press aventuran una victoria holgada de la candidatura de Marchena, que podría obtener los apoyos de todo el sector conservador del CGPJ y, aunque aún no está cerrado del todo, también el voto de los vocales nacionalistas, como son Mercé Pigem (designada a propuesta de CiU) y Enrique Lucas (PNV).
No obstante, las mismas fuentes apuntan que, como con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que para ser elegido basta con disponer de más votos que el resto, es posible que tras conocerse un apoyo suficiente a Marchena una parte de este grupo vote a Colmenero.
A Cándido Conde-Pumpido en principio está previsto que le apoye el sector progresista, es decir, los vocales designados a propuesta del PSOE e IU y puede que no todos ellos, según las mismas fuentes. Además, en este punto se ausentará de la votación su esposa, la vocal y magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga.
Trayectoria de los candidatos
Colmenero y Marchena proceden de la Carrera Fiscal. El primero fue presidente de la conservadora Asociación de Fiscales y el segundo fue el fiscal de Sala más joven de la historia del Ministerio Público, 'número tres' de la Fiscalía General del Estado con Jesús Cardenal, en tiempos del Gobierno Aznar, y últimamente formó parte de una ponencia para asesorar al ministro Alberto Ruiz Gallardón en el intento de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Conde-Pumpido, perteneciente a una larga familia de juristas, se reincorporó como magistrado a la Sala Segunda del Supremo tras cesar como fiscal general del Estado, cargo en el que permaneció desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011. Fue portavoz de Jueces para la Democracia y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos o de la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de la Unión Europea
Según los 'curriculum' facilitados por el CGPJ, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, de 63 años y que procede de la carrera fiscal, es miembro desde 2002 del Tribunal Supremo, al que accedió por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio.
Cándido Conde-Pumpido Tourón, de 64 años, ingresó en la carrera judicial en 1974 y pertenece a la Sala de lo Penal del TS desde 1995. Antes había ejercido en Puebla de Sanabria (Zamora), Carballino (Ourense) y las Audiencias Provinciales de Guipúzcoa y Segovia. Entre 2004 y 2011 fue fiscal general del Estado.
Finalmente Manuel Marchena Gómez, 55 años, procede como Colmenero de la carrera fiscal e ingresó en el Tribunal Supremo en 2007, también por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años.
Proyecto de Marchena
Durante la presentación de sus respectivos proyectos ante el CGPJ, en un acto celebrado el pasado 11 de septiembre, Marchena indicó que se debe hacer un esfuerzo para admitir y estudiar los casos más graves para que "el condenado a 15 o 20 años de prisión no espere en la soledad de su celda una respuesta del Tribunal Supremo".
Además, subrayó como fundamental apostar por la unifificación de doctrina y que todos los jueces reciban un resumen de las resoluciones provocan cambios jurisprudenciales.
Marchena enfatizó durante su intervención ante que los magistrados de la Sala Segunda deben tener un "contacto directo, cotidiano y puntual" de las resoluciones del Tribunal Europeo de derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Aunque ha considerado "incuestionable la calidad de la pluma estilográfica", el magistrado sugirió "cursos personalizados" sobre nuevas tecnologías a cada magistrado de la sala. "No hay obstáculo generacional para facilitar esa transición y aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías", remachó.
Conde-Pumpido expuso todo un proyecto de reforma de la Sala de lo Penal basada en cinco puntos de los que destacan reformas dirigidas a evitar que los magistrados encargados de admitir causas con aforados no sean los mismos que les juzguen y la creación de una sala, integrada por el presidente y los tres más antiguos, que coordine para evitar contradicciones en la jurisprudencia.
El magistrado Miguel Colmenero abogó durante la exposición de su proyecto por reducir a la mitad el tiempo de espera para resolver los recursos de casación que llegan sobre casos de corrupción, pasando de un año a seis meses. En su opinión, es también "excesivo" el plazo en que se dirimen sobreseimientos libres o la Sala Segunda acuerda celebrar nuevos juicios o valorar nuevas pruebas.
