El complemento de maternidad y el recargo de prestaciones

Entiendo que para el cálculo del recargo de prestaciones que ...

Entiendo que para el cálculo del recargo de prestaciones que se haya podido imponer a raíz de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, producido por falta de medidas de seguridad en el trabajo, no debe tenerse en cuenta el complemento de maternidad, o el de brecha de género, que tiene derecho a percibir el beneficiario de la pensión.

Las razones son claras. La primera deriva de la propia dicción del art.164 de la LGSS -EDL 2015/188234 que se refiere a &ldquoprestaciones&rdquo y tales complementos no lo son.

Es cierto que tales complementos tienen "relativa autonomía a efectos procesales, fundamentalmente, los relativos a la recurribilidad de una hipotética denegación", en virtud de su "régimen propio y diferenciado de la pensión a la que complementan" -STS 291/2024, de 14 de febrero, rec.1855/2021 -EDJ 2024/509151--.

Pero como se señala el Tribunal Supremo, en referencia al complemento de maternidad por aportación demográfica, dichos complementos no son autónomos, sino que son accesorios a las prestaciones contributivas que complementan. A los efectos que aquí interesan, el vigente complemento para la reducción de brecha de género, o el anterior de maternidad, complementan pensiones "contributivas" de la Seguridad Social -art.60 de la LGSS -EDL 2015/188234- pero no constituyen en sí mismos prestaciones -SSTS 322/2024, de 21 de febrero -rec.862/2023 -EDJ 2024/511993 y de 7 de mayo de 2024 -Rec.3113/2023 -EDJ 2024/566277-.

Nos puede servir también para tal razonamiento el contenido del art.60.3 de la LGSS anterior al RD-ley 3/2021 -EDL 2015/188234-. La redacción era la siguiente: "En aquellos supuestos en que la pensión inicialmente causada no alcance la cuantía mínima de pensiones que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, se reconocerá dicha cuantía, teniendo en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 59. A este importe se sumará el complemento por hijo, que será el resultado de aplicar el porcentaje que corresponda a la pensión inicialmente calculada".

En el caso de percibir complementos por mínimos, al ser la pensión inicialmente causada inferior a la mínima, el complemento de maternidad por aportación demográfica se calculaba sobre la cuantía de la pensión inicialmente causada -inferior a la mínima-, sin tener en cuenta el complemento por mínimos. Si el complemento por mínimos no se tenía en cuenta para calcular sobre él el complemento por maternidad, tampoco el recargo puede imponerse sobre el complemento de maternidad o de brecha de género, ya que no constituyen prestaciones sino complementos.

En segundo lugar, aun cuando se entendieran prestaciones, que no lo son, han de tener su causa en su causa en &ldquoaccidente de trabajo o enfermedad profesional&rdquo y, por ello, se aumentarán, &ldquosegún la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador&rdquo.

El recargo ha de recaer sobre la totalidad de lo que se tiene derecho a percibir por la contingencia profesional de que se trate -incluyendo, si es el caso, el complemento de gran invalidez-. La STS de 29 de noviembre de 2010 -Rec.3355/2009 -EDJ 2010/290725 extendió el anterior criterio al posible incremento que el art.139.2 LGSS de 1994 -EDL 1994/16443 -art.196.2 LGSS -EDL 2015/188234 actual prevé para la pensión de incapacidad permanente total.

Sin embargo, tales complementos no traen causa de una contingencia profesional sino de otras bien distintas. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 -Ley 48/2015 -EDL 2015/186942- introdujo en el sistema de pensiones español un nuevo complemento en el cálculo de las pensiones contributivas. Este complemento, denominado complemento por maternidad, tenía por finalidad reconocer a las mujeres su aportación demográfica a la Seguridad Social por los hijos, naturales o adoptados, que hubiesen tenido -al menos dos y además fuesen beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. El reconocimiento se justificaba porque nuestro sistema de pensiones se basa en el principio de reparto y de solidaridad intergeneracional y, en consecuencia, su sostenibilidad dependía en gran medida de la evolución demográfica. El complemento de maternidad quedó sustituido por el nuevo complemento por brecha de género en febrero de 2021, mediante la aprobación del RD-ley 3/2021 -EDL 2021/1882-. En el Preámbulo de la citada norma se señala que la finalidad de este nuevo complemento es servir de instrumento para reducir la brecha de género en las pensiones, que es el reflejo de la discriminación que históricamente han sufrido las mujeres en el mercado de trabajo al asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos si bien &ldquodeja la puerta abierta a que aquellos hombres que acrediten un perjuicio en su carrera de cotización con ocasión del nacimiento o adopción de un hijo por la asunción de esas tareas de cuidados puedan acceder a la percepción de este complemento&rdquo. Por último, el recargo tiene una naturaleza plural: con tres finalidades diversas: preventiva, resarcitoria, pero también sancionadora, como ha señalado la jurisprudencia y esta última dimensión también ha de valorarse a la hora de hacerse efectivo, lo que no sucedería si para el cálculo del recargo debe tenerse en cuenta también el complemento de maternidad, o para la reducción de la brecha de género, que tenga derecho a percibir el beneficiario de la pensión.

Por ejemplo, ha sido controvertido si el recargo debía aplicarse en las mejoras complementarias o voluntarias que las empresas pudieran tener establecidas, pero el Tribunal Supremo unificó doctrina en sentido contrario -SSTS de 20-3-97, Rec.2730/1996 -EDJ 1997/1761 y 11-7-97, Rec.719/1997 -EDJ 1997/6651--, considerando que el recargo sólo procede sobre las prestaciones que abona la Seguridad Social pública y lo hizo en aras a una interpretación estricta de lo legalmente establecido, al tratarse de una norma punitiva.

Los complementos no son prestaciones y aunque tiene carácter público, el hecho de considerarlos para la imposición del recargo, supondría, al contrario, una interpretación extensiva de lo que establece el art.164 de la LGSS -EDL 2015/188234 y por ello de una institución como el recargo, que también tiene carácter sancionador.

1.- La respuesta es afirmativa. En efecto, tal como se enuncia la cuest...

1. La respuesta es afirmativa. En efecto, tal como se enuncia la cuestión del presente foro, para el cálculo del recargo de prestaciones que se haya podido imponer a raíz de un accidente de trabajo o enfermedad profesional producido por falta de medidas de seguridad en el trabajo, debe tenerse en cuenta, también, el complemento de maternidad o de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género que tiene derecho a percibir el beneficiario de la pensión.

2. Varios argumentos, con descanso en la ley y normativa reglamentaria de desarrollo, así como en criterios jurisprudenciales, abonan la tesis de que para calcular el recargo de medidas de seguridad ha de tenerse en cuenta los complementos de maternidad o para la reducción de la brecha de género.

3. Concurren fundamentos normativos: -a En lo que se refiere a la extensión jurídico-material del recargo, ha de partirse de la premisa legal -art.164.1 RD Leg 8/2015, de 30 de octubre, en adelante, LGSS -EDL 2015/188234- que señala que éste afecta a &ldquotodas&rdquo las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional. -b El complemento de maternidad o para la reducción de la brecha de género es una prestación económica que tiene naturaleza de pensión pública. Lo confirma el art.60.3 LGSS al disponer que el complemento para la reducción de la brecha de género &ldquotendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva&rdquo. -c Como prestación pública se fija su cuantificación en la LGSS y demás normas reguladoras de las prestaciones y reglamentos de aplicación según el art.161 de la LGSS -EDL 2015/188234-. El citado art.60.3 LGSS -EDL 2015/188234 añade al respecto que &ldquo[E] l importe del complemento por hijo o hija se fijará en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuantía a percibir estará limitada a cuatro veces el importe mensual fijado por hijo o hija y será incrementada al comienzo de cada año en el mismo porcentaje previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones contributivas.&rdquo. -d En este supuesto, los recargos al recaer sobre pensión pública, la Tesorería General de la Seguridad Social, determinará el importe del capital coste de aquello, procediendo a su recaudación junto a los intereses de capitalización que procedan hasta la fecha de su ingreso -art.75.3 del RD 1415/2004, de 11 de junio -EDL 2004/45068-, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social-.

4. Esta doble naturaleza de prestación económica y contributiva del complemento de maternidad por aportación demográfica -lo mismo ocurre con el vigente complemento para la reducción de brecha de género-, que, insistimos, complementa pensiones "contributivas" de la Seguridad Social -art.60 LGSS -EDL 2015/188234- ha determinado que, recientemente, la jurisprudencia social -sentencias TS, Social de 7 de mayo de 2024 ECLI:ES:TS:2024:2635 -EDJ 2024/566277-, y 8 de mayo de 2024 ECLI:ES:TS:2024:2707 -EDJ 2024/567730- haya declarado que el complemento de maternidad se haya de calcular sobre la cuantía inicial de la pensión contributiva, sin sumar a dicha cantidad el complemento de gran invalidez toda vez que el complemento de gran invalidez va separándose cada vez más de una configuración estricta y principalmente contributiva. Precisamente esta decisión del TS de excluir el complemento de gran invalidez para el cálculo del complemento de maternidad y/o de brecha de género viene apoyada también, entre otros argumentos, con uno que perfectamente puede traerse a la cuestión que se plantea en el presente foro cuando se afirma que para excluir de su cómputo el complemento de gran invalidez, &ldquono existe la clara previsión legal que sí existe, por ejemplo, respecto del recargo de prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional en el art.164.1 LGSS -EDL 2015/188234-. En efecto, como dijera la STS 27 de septiembre de 2000 -Rec. 4590/1999 -EDJ 2000/33427-, que explicaba minuciosamente la evolución que había llevado al precedente de este precepto legal, de idéntica redacción en lo que aquí importa al vigente, el recargo ha de recaer sobre la totalidad de lo que se tiene derecho a percibir por la contingencia profesional de que se trate -incluyendo, si es el caso, el complemento de gran invalidez-, porque la norma así lo dispone, sin que exista margen para realizar otra interpretación distinta, como sí puede ocurrir en otros supuestos, como es aquí el caso. La STS 29 de noviembre de 2010 -Rec.3355/2009 -EDJ 2010/290725-, extendió el anterior criterio al posible incremento que el art.139.2 LGSS de 1994 -EDL 1994/16443 -actual art.196.2 LGSS -EDL 2015/188234- prevé para la pensión de incapacidad permanente total.&rdquo

5. La nota de configurarse legalmente como pensión pública contributiva es esencial para esa repercusión en el recargo. Recordemos que la jurisprudencia social -STS, Social 20 de marzo de 1997 -ECLI:ES:TS:1997:2057 consideró que el recargo no alcanza a las mejoras voluntarias de seguridad social puesto que a diferencias de las disposiciones que regulan las prestaciones públicas y obligatorias de la Seguridad Social establecidas por la ley, en la mayoría de los casos, las mejoras voluntarias a que se viene aludiendo, se rigen fundamentalmente por los pactos, convenios o reglas que las hayan constituido.

6. Por otra parte, la jurisprudencia social ha subrayado el concepto de prestación de seguridad social de dichos complementos desde varias perspectivas: -a de manera principal y cuantitativamente abrumadora -por todas, sentencia TS, Social 14 de febrero de 2024 -ECLI:ES:TS:2024:900 -EDJ 2024/509151 cuando ha tenido que abordar el acceso a la suplicación de sentencias que reconocían o denegaban los complemento de maternidad y/o para la reducción de la brecha de género, además de entender que la cuestión gozaba de afectación general -gran número de beneficiarios/as a efectos de recurso, viene señalando que el reconocimiento del complemento de maternidad por aportación demográfica tenía un régimen propio y diferenciado de la pensión a la que complementa, aproximándolo, así, más bien, a efectos del acceso a la suplicación, al art.191.3 c LRJS -EDL 2011/222121-, antes que al art.191.2 g -EDL 2011/222121-, en relación con el art.192.3, LRJS -EDL 2011/222121-. Aquel complemento guarda relación con los complementos y prestaciones examinados, por ejemplo, por la STS 137/2017, de 16 de febrero -rec.2481/2015 -EDJ 2017/23564-, a esos efectos del acceso al recurso de suplicación, en el referido art.191.3 c LRJS. -b Pero también cuando ha contemplado la aplicación de mecanismos de compatibilidad con la percepción del complemento por brecha de género, si bien aplicando la minoración del complemento de aportación demográfica en la cuantía que se reconoce a la otra progenitora por complemento de reducción de la brecha de género de acuerdo con la Dis.tran.trigésima tercera de la LGSS introducida por el RDL 3/2021 -EDL 2015/188234 -sentencias TS, Social de 29 de junio de 2023, ECLI:ES:TS:2023:3052 -EDJ 2023/618049 y 29 de enero de 2024 ECLI:ES:TS:2024:520 -EDJ 2024/504952-.

7. Conclusión: la idea de que dichos complementos son prestaciones económicas, de carácter contributivo, y no existiendo una exclusión legal que determinen su no repercusión en el recargo, justifica la aplicabilidad del recargo de medidas de seguridad en dichos complementos de maternidad o para la reducción de brecha de género.

La cuestión que se nos plantea en esta ocasión cons...

La cuestión que se nos plantea en esta ocasión consiste en solventar si para el cálculo del recargo de prestaciones que se haya podido imponer a raíz de un accidente de trabajo o enfermedad profesional producido por falta de medidas de seguridad en el trabajo, debe tenerse en cuenta, también, el complemento de maternidad o de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género que tiene derecho a percibir el beneficiario de la pensión.

Para la adecuada resolución del tema sometido a debate es necesario tomar como punto de partida tres normas:

La primera viene contemplada en el apado.1 del art.164 del RD Leg 8/2015, de 30 de octubre -EDL 2015/188234-, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, -en adelante TRLGSS a cuyo tenor &ldquoTodas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador&rdquo.

La segunda norma se introdujo por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 que dio nueva redacción al art.60 del TRLGSS -EDL 2015/188234-, al referirse al denominado complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social -jubilación, viudedad o incapacidad permanente-, aplicable a las que se causaran a partir del 1 de enero de 2016.

El complemento consiste en aplicar a la cuantía inicial de las pensiones un incremento del 5%, en el caso de dos hijos, 10%, en el caso de 3 hijos, y 15% en el caso de 4 hijos o más. Los hijos pueden ser adoptados o biológicos y el reconocimiento del complemento, según resulta de la redacción del artículo 60, es por su aportación demográfica a la seguridad social. El espíritu del complemento de maternidad era compensar la discriminación que sufren las mujeres trabajadoras que han sido madres y reducir la brecha salarial, y consecuentemente, pensional, derivada de la maternidad.

En la aplicación de este precepto, es de destacar la incidencia de la Sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2019, dictada en el asunto C-450/18 -EDJ 2019/749032-, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Girona. El TJUE resolvió que la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre -EDL 1978/3940-, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional el complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido, al menos, dos hijos biológicos o adoptados, beneficiarias de las referidas pensiones contributivas, y no reconocer dicho complemento a los hombres que se encuentran en igual situación, puesto que, la recompensa a la aportación demográfica de los hombre deberá ser la misma que la de las mujeres, sin que se pueda justificar que los hombres y las mujeres no se encuentren en una situación comparable en lo que respecta a la concesión del complemento de pensión controvertido.

La tercera norma vino de la mano del RD-ley 3/2021, de 2 de febrero, cuyo artículo primero -EDL 2021/1882 dio nueva redacción al art.60 del TRLGSS -EDL 2015/188234-, y de su réplica en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el RD Leg 670/1987, de 30 de abril -dis.ad. decimoctava -EDL 1987/11131--, sustituyendo el complemento de maternidad por aportación demográfica por un complemento dirigido a la reducción de la brecha de género en el que el número de hijos es el criterio objetivo que se utiliza para articular la medida por cuanto su nacimiento y cuidado es la principal causa de la brecha de género. Y lo hace, según su exposición de motivos, de una forma equilibrada y efectiva &ndashy al mismo tiempo respetuosa con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea&ndash, a través de un diseño en el que se persigue configurar el «complemento» como una palanca para la reducción de la brecha de género, que es el reflejo de esa situación de subordinación de las mujeres en el mercado de trabajo al haber asumido históricamente un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos. Pero se hace dejando la puerta abierta a que aquellos padres que acrediten un perjuicio en su carrera de cotización con ocasión del nacimiento o adopción de un hijo por la asunción de esas tareas de cuidados tengan acceso al «complemento». Es decir, que se combina una acción positiva en favor de las mujeres -si ninguno de los progenitores acredita el perjuicio en su carrera de cotización, el «complemento» lo percibe la mujer con la previsión de una «puerta abierta» para aquellos hombres que puedan encontrarse en una situación comparable. Pero teniendo diferente naturaleza, fundamento y finalidad uno y otro, atendiendo el primero a la aportación demográfica y el segundo la reducción de la brecha de género, así como que el actual vino a sustituir al precedente, lo que confirma que se trata de complementos distintos y que cada uno de ellos está sujeto a su propio régimen jurídico en relación, entre otros aspectos, a los requisitos de acceso.

Así como no existe previsión legal que establezca, si se está percibiendo el complemento de gran invalidez, deba calcularse el complemento de maternidad teniendo en cuenta también aquel complemento, de manera que el complemento de maternidad se ha de calcular sobre la cuantía inicial de la pensión contributiva, sin sumar a dicha cantidad el complemento de gran invalidez -STS, 4ª, de 7 de mayo de 2024, rec.3113/2023 -EDJ 2024/566277--, por el contrario sí hay una clara previsión legal para el recargo de prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional en el art.164.1 TLGSS -EDL 2015/188234-. Y es que el recargo ha de recaer sobre &ldquotodas&rdquo, es decir, la totalidad de las prestaciones económicas que se tengan derecho a percibir por la contingencia profesional de que se trate, incluyendo, si es el caso, el complemento de gran invalidez, y a nuestro modo de ver también el de maternidad, porque la norma así lo dispone, sin que exista margen para realizar otra interpretación distinta, como sí puede ocurrir en otros supuestos.

En esta misma línea de interpretación la sentencia del órgano de casación social de 27 de septiembre de 2000, en el rec.4590/1999 -EDJ 2000/33427-, proclamó que &ldquoLa cuestión que en estos autos se plantea fue objeto de debate doctrinal en época anterior a la Ley General de la Seguridad Social de 1974, y más en concreto durante la vigencia del texto articulado de la Ley de Seguridad Social probado por D 907/1966, de 21 de abril -EDL 1966/189 en tanto en cuanto en su art.147 limitaba el incremento por falta de medidas de seguridad a "las indemnizaciones a tanto alzado, las pensiones vitalicias y las cantidades tasadas por baremo...", de donde se podía deducir que el incremento del 50 por 100 que se reconocía a la gran invalidez quedaba exento del recargo si se entendía, como en un primer momento se entendió, que ese incremento no era una pensión, sino una prestación complementaria destinada a la finalidad específica de retribuir a la persona que atendiera al gran inválido, como interpretó en su día y en base a dicha legislación el TS en sentencia de 9-2-1972 -Ar. 490-. Pero esa duda la despejó la reforma introducida por la Ley 24/1972, de 21 de junio -EDL 1972/1453 Ley 24/1972 de 21 junio de 1972, de Financiación y Perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General cuando recogió, sin duda para obviar las dificultades interpretativas de aquella norma anterior, que el recargo por falta de medidas de seguridad "se extiende a todas las prestaciones económicas", en precepto que pasó con la misma redacción al art.93.1 del texto aprobado por D 2065/74, de 30 de mayo -EDL 1974/1308-, recogido a su vez en el art.123 del texto vigente al decir en todos ellos que "todas las prestaciones económicas que tengan su causa en un accidente de trabajo o enfermedad se incrementarán...", cuando y en la cuantía que proceda. Por lo tanto, con independencia de la naturaleza que pueda serle atribuida a aquel incremento del 50 por 100 previsto en el art.139.4 de la vigente LGSS -EDL 1986/10228-, de lo que no cabe duda es de que se trata de una prestación económica prevista para la indicada contingencia, por lo que, puesta en relación con lo dispuesto en el art.123 precitado no puede caber duda sobre el hecho de que el recargo habrá de recaer sobre el total de dicha prestación económica&rdquo.

En suma, declarada la situación de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional el cálculo del recargo impuesto por la correspondiente Dirección provincial del INSS lo ha de ser sobre la totalidad de la prestaciones incluyendo los pertinentes complementos añadidos a esa situación, como el de gran invalidez, el de maternidad y el incremento del 20% que se aplique a la pensión por incapacidad permanente en el grado de total por cumplir los 55 años, por lo que es de plena aplicación sobre el mismo el recargo por falta de medidas. Aunque es cierto que el incremento del 20% previsto para la pensión de incapacidad permanente total no tiene la misma finalidad que el incremento del 50% de la gran invalidez la naturaleza del citado incremento del 20% es prestacional, por lo que es de plena aplicación el recargo establecido por falta de medidas de seguridad de seguridad -STS 4ª, de 29 de noviembre de 2010, rec.3355/2009 -EDJ 2010/290725--.