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La norma amplía hasta el 31 de octubre las medidas que garantizan los suministros de agua, luz y gas a consumidores vulnerables

El Congreso convalida el real decreto-ley de medidas de protección social

Noticia

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

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El texto dispone la prórroga de algunas medidas de protección, el llamado "escudo social" tanto en el ámbito de los suministros básicos como en el de la vivienda; y se mantiene la consideración de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género como esenciales.

Así, por un lado, se amplían la vigencia de las medidas para garantizar el suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables, así como para permitir el acceso al bono social a determinados colectivos vulnerables. De este modo, se prorroga hasta el 31 de octubre la garantía de estos suministros, prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, y el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda.

Entre las medidas en el ámbito de la vivienda, se extiende también hasta el 31 de octubre la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad. También se podrá prorrogar, de forma extraordinaria, el plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando las mismas condiciones establecidas en el contrato en vigor. Además, los consumidores podrán solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor.

Por otro lado, este real decreto-ley también contempla medidas de protección contra la violencia de género, extendiendo la consideración de "esenciales" a los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género hasta el 31 de octubre de este año. Las Administraciones Públicas competentes garantizarán la prestación, entre otros, de los servicios de acogida, información o asesoramiento jurídico 24 horas a las víctimas, y apoyo al personal que presta servicios de asistencia social integral a las víctimas.