Se trata de un texto que el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha presentado tres veces en comisión en la Cámara baja. El primer intento de tramitación fue en 2015, pero las circunstancias políticas de los últimos años -- la moción de censura y las dos convocatorias de elecciones siguientes-- frenaron en dos ocasiones su avance en el Parlamento.
En la ley, el CERMI pide que se apruebe un reglamento para establecer unos criterios básicos sobre la capacidad económica y participación en el coste "iguales y vinculantes" para todas las administraciones. Estos criterios tendrían margen de ampliación de derechos y de mejora por parte de las comunidades autónomas.
Nuevos criterios
El objetivo, según explicó Pérez Bueno en sede parlamentaria, es la "gratuidad del sistema" pero, mientras, proponen como mínimos, una exención de 2,5 IPREM (1.344,6 eruos) para todo tipo de servicios, incluido el residencial que es, según ha indicado, el más costoso.
También quieren limitar el copago al 60% y preservar el 40% IPREM para que la persona tenga disponibilidad económica para el resto de sus necesidades.
La ILP recoge también la imposición de nuevos criterios de modulación de la capacidad de renta de la personas, que deben incluir la edad o el momento de aparición de la dependencia. "No es lo mismo nacer con una situación de dependencia, que adquirirla en los 5, 10 o 15 últimos años de la vida", reconoce el CERMI.
