La Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, aprobada en 2015, regula aspectos y funciones atribuidos a otros órganos y autoridades administrativas, como la documentación e identificación de las personas (por primera vez se regulaban los registros corporales externos), el control administrativo de armas y explosivos, o la adopción de medidas de seguridad en determinados establecimientos (protección en la celebración de reuniones y manifestaciones).
Además, se creó un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, donde aparecerían datos sobre la reincidencia de los infractores y permitiría sancionar a quienes incurrieran en este tipo de conductas.
Otro de los aspectos de la ley estaba relacionado con el tipo de infracciones: graves, relativas a la creación de desorden en los espacios públicos, u obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos u otros objetos, e infracciones muy graves como pueden ser las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, así como la intrusión en los recintos de éstas.
Por último, la ley incluía una disposición sobre el régimen especial de Ceuta y Melilla, donde se señalaba que los extranjeros que fueran detectados en la línea fronteriza intentando superar los elementos de contención para cruzar irregularmente la frontera podrían ser rechazados impidiendo su entrada ilegal en España, siempre que se realizase respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte.
Algunos partidos parlamentarios pidieron este martes en el Pleno su derogación, argumentando que vulnera derechos fundamentales, "principalmente el derecho de reunión y manifestación y el derecho a la libertad de información, y trata de disuadir de su ejercicio, imponiendo una "mordaza" a ciudadanos y medios de comunicación", según fuentes parlamentarias. Asimismo, los grupos parlamentarios manifiestan que en esta ley se incluyó una disposición final para permitir las denominadas "devoluciones en caliente" de inmigrantes en Ceuta y Melilla, lo que vulnera la tutela judicial efectiva, y otros derechos como el asilo y la protección internacional.
Entre las proposiciones de ley presentadas, piden que se garantice el cumplimiento de los principios de legalidad y proporcionalidad, además de la supresión y modificación de algunos artículos como son los artículos relacionados con los traslados a dependencias policiales para su identificación, el derecho de huelga, o algunas infracciones que señalan "solo deben tener respuesta punitiva penal".
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