MERCANTIL

El derecho de información del socio como fundamento de la impugnación de los acuerdos sociales. Cuestiones sustantivas y procesales

Foro Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez

Planteamiento

¿Cuándo una vulneración del derecho de información puede resultar "esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto de cualquiera de los demás derechos de participación"? A efectos de la impugnación del correspondiente acuerdo social, ¿cuál sería el objeto en tal caso del incidente de previo pronunciamiento y en qué medida su resolución afectará al objeto del proceso principal?

Las reformas de nuestra legislación mercantil se suceden al compás de las estaciones, al punto de que no resulta fácil identificar en los últimos tiempos la norma vigente. Inmerso el intérprete en el proceloso escenario de reformas, contrarreformas y modificación de las normas recientemente reformadas, la primera cuestión que surge es la de la conveniencia misma de la modificación legislativa. Pareciera que se opta por un antiguo positivismo exacerbado, que soslaya cualquier intento sosegado de interpretación doctrinal o jurisprudencial de los preceptos, de adaptación a la realidad social a la que están llamados a servir. Sin duda se ha extendido la especie de que tan sólo la función taumatúrgica del impetuoso legislador, que desciende cual deus ex machina sobre las tablas del escenario del funcionamiento de las sociedades mercantiles, es capaz de resolver, definitivamente, lo que ni doctores ni prácticos alcanzan a clarificar. Sin embargo tampoco resulta justo ocultar que la realidad en que se opera ha experimentado cambios en profundidad en los últimos tiempos y que otros ordenamientos de países del entorno se encuentran sumidos en procesos similares.

La mera relación de trabajos prelegislativos y de normas positivas que han ido modificando el panorama del Derecho societario español serviría para agotar el espacio de este comentario inicial. Si se toma, por ejemplo, la cuestión del gobierno corporativo de nuestras sociedades mercantiles, o más limitadamente, el sector de las sociedades cotizadas, o si se quiere, el de las entidades financieras, se comprobará lo lejano que resulta el escenario contemplado en los informes Olivencia y Aldama y la influencia de decenas de normas, de origen e inspiración tan diversos. En el momento en que llega esta nueva edición del Foro Mercantil, el penúltimo paso se ha dado con la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

Son numerosas, y muy relevantes, las novedades del texto legal, como en su día hubo ocasión de exponer desde estas mismas páginas. Nos centramos ahora en las modificaciones producidas en la materia que protagoniza quizás la más abultada bolsa de litigiosidad en nuestros pleitos societarios: la impugnación de los acuerdos sociales y, en particular, el fundamento de la impugnación basada en la infracción del derecho de información del socio.

El derecho de información del socio en las sociedades de capital ha experimentado, como es bien sabido, una profunda transformación de la mano de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo a partir de 2011, que ha pasado a convertirlo en un derecho autónomo, desvinculado del tradicional carácter instrumental para el ejercicio del derecho de voto. Esta autonomía, junto con un sistema de impugnación de acuerdos sociales que para algunos se ha entendido con excesiva amplitud, ha llevado al legislador a asumir una postura más restrictiva, en un intento de reequilibrar la balanza entre la seguridad jurídica y la buena fe, de un lado, y por el otro el derecho del socio minoritario de controlar a la mayoría. Se habla así de la necesidad de introducir el test de la relevancia y la exigencia de reaccionar frente a situaciones de abuso. La cita de cientos de sentencias recientes serviría para ilustrar esta afirmación.

Nos parece, sin embargo, que por racional que resulte este propósito, la forma de acometerlo ofrece flancos para la crítica y mucho nos tememos que en la búsqueda del objetivo de lograr una mayor seguridad del tráfico, lo que se esté creando es un escenario de mayor inseguridad. Como enseguida comprobará el lector, las nuevas normas están plagadas de conceptos jurídicos indeterminados de muy difícil precisión en la práctica,  cuando no de soluciones procesales de muy defectuosa técnica que aventuran un campo plagado de incertidumbres. Tomamos como ejemplo el nuevo artículo 204, en su apartado tercero, que establece cuatro excepciones a la regla general de la impugnación de los acuerdos sociales; en particular, y en relación con el ejercicio del derecho de información del socio, se establece que no procederá la impugnación de acuerdos basada en la incorrección o en la insuficiencia de la información facilitada en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, pero ello con la excepción de que la información solicitada hubiera resultado esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de los demás derechos de participación. Las palabras que destacamos con la cursiva constituyen un desafío para el intérprete, como en los comentarios que siguen comprobará el lector.

Finalmente hemos querido también poner el acento en la exigencia de que las reformas sustantivas, que a veces resultan forzadas por los acontecimientos, vayan seguidas de normas procesales eficaces y meditadas, coherentes en suma con el sistema en el que se han de implantar, lo que sin duda constituye una obligación insoslayable del legislador. Y lamentablemente comprobamos que las especialidades introducidas en el proceso de impugnación de acuerdos sociales, con la recuperación del incidente de previo pronunciamiento, constituyen un paso en la dirección equivocada, si hemos de atender a las diversas interpretaciones que ha recibido la norma, algunas procedentes de los propios órganos llamados a aplicarla. Las respuestas ofrecidas por nuestros expertos pretenden contribuir al debate, en un intento de ofrecer al intérprete un material útil en una materia singularmente difícil y relevante, cuya solución vendrá las más de las veces condicionada por las peculiares características de la concreta sociedad de que se trate.

 

Este foro ha sido publicado en la "Revista de Derecho Mercantil", el 1 de abril de 2015.

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