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Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea

El Gobierno pide un dictamen urgente al Consejo de Estado sobre la ley de la Fiscalía Europea

Noticia

El Gobierno ha acordado este martes solicitar al Consejo de Estado que emita un dictamen urgente, "no más tarde del jueves", sobre el anteproyecto de la ley por la que se adapta el ordenamiento español al reglamento comunitario por el que se crea la Fiscalía Europea.

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"Se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del jueves 22 de abril, en relación con el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea", reza la referencia del Consejo de Ministros celebrado este martes.

El Gobierno aprobó el pasado 24 de noviembre, junto al borrador de la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el anteproyecto de la ley orgánica de la Fiscalía Europea.

En su momento, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, vinculó ambos proyectos, explicando que la figura del fiscal instructor que crea la nueva LeCrim era una exigencia para la puesta en marcha de la Fiscalía Europea (EPPO).

España ya ha propuesto a los candidatos a ocupar las siete plazas de fiscal europeo que corresponden a nuestro país, entre los que destaca el juez Pablo Ruz, instructor del caso 'Gürtel', aunque será el Colegio de Fiscales Europeos quien realice el nombramiento definitivo, pudiendo rechazarlos si no cumplen requisitos.

La Fiscalía Europea ultima los preparativos para entrar en funcionamiento, una vez que todos los países que participan en este proyecto comunitario hayan elegido a sus fiscales delegados.

Con sede en Luxemburgo, el cometido de la EPPO será investigar y ejercitar la acción penal respecto a los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea.