El convenio ha sido impulsado por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).
Con la firma del convenio, se promueve la realización de estudios y análisis de los proyectos piloto para el desarrollo de itinerarios de inclusión social ligados al Ingreso Mínimo Vital (IMV) derivados del RD 938/2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dicho Real Decreto prevé la firma de 16 convenios, basados en el método de ensayos de control aleatorio, para el despliegue de proyectos innovadores de itinerarios de inclusión social con diversas administraciones públicas y entidades del tercer sector.
La colaboración entre ambas partes comprende la determinación de los estudios a realizar por parte de CEMFI, así como la utilización de forma anonimizada de los datos del Ministerio de Inclusión y la publicación de los resultados. Los estudios y análisis que se abordarán en el marco de este convenio contendrán una explicación detallada de la obtención de la muestra y la estrategia de asignación aleatoria, estadísticas descriptivas de los grupos de tratamiento y control y estimación del impacto de las intervenciones en indicadores de inclusión sociolaboral.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado la importancia de “evaluar los itinerarios de inclusión para aprender de ellos”, por lo que se ha mostrado muy satisfecho por la firma del convenio. Además, ha resaltado “la oportunidad que tenemos para hacer políticas públicas con un enfoque distinto, basado en los datos, la evidencia y la evaluación” y ha indicado el “papel fundamental de la evaluación en las políticas sociales”. Finalmente, ha subrayado que “la evaluación independiente permite diseñar políticas robustas que perduran en el tiempo”.
Por su parte, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha afirmado: “Espero que los resultados de esa evaluación ayuden a mejorar el diseño futuro de esta política pública y también que su desarrollo sirva para asentar en España una cultura de políticas basadas en evidencias de la que nos podamos beneficiar todos los ciudadanos”.