A su paso por la Cámara Alta, los senadores han incorporado al texto la prohibición de desnudos integrales y exploraciones genitales para la determinación de la edad de los menores migrantes, aunque finalmente no se ha llegado a acuerdo para suspender los desahucios de familias con menores y tampoco se incluye la prohibición de la entrada de los niños y niñas a espectáculos taurinos.
En concreto, sobre la determinación de la edad de los menores extranjeros, la transaccional pactada, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que "cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad" y añade que "no podrán realizarse en ningún caso desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas".
También se introduce la prohibición del uso de contención mecánica de las personas menores de edad, entendida como la sujeción a una cama articulada o a un objeto fijo, en los centros de protección a la infancia y la adolescencia.
Autorización expresa para difundir la imagen de un menor fallecido
Además, se incluye la obligación de requerir la "autorización expresa de los progenitores" para difundir la imagen de un menor fallecido, con el objetivo de evitar casos como el de Gabriel Cruz, asesinado por la expareja de su padre. La madre del pequeño denunció el uso "cruel" de la imagen de su hijo después de haber fallecido.
Asimismo, se ha acordado que, en los casos en que un menor de 14 años o persona con discapacidad sea testigo en un procedimiento judicial, se practique la prueba preconstituida (grabación del testimonio para evitar la revictimización del menor), y se pueda acordar que la audiencia se practique a través de "equipos psicosociales que apoyarán al tribunal de manera interdisciplinar".
Igualmente, se creará un Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de modo que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación de los niños y niñas en la formulación de planes, programas y políticas nacionales que les afectan.
Asimismo, se han incorporado algunas enmiendas relacionadas con la lucha contra el trabajo y el matrimonio infantil; con la publicación de un informe anual de la situación de la violencia contra la infancia, y con la realización de una encuesta anual por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) acerca de las opiniones de adultos y menores sobre la utilidad de esta ley.
Muchos senadores han puesto de relieve un cambio que ya se introdujo en la ley a su paso por el Congreso, que consiste en la ampliación del plazo de prescripción de abusos sexuales a menores, que empezará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, y no 18 como ocurre actualmente.
