La formación liderada por Santiago Abascal registró este recurso al considerar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había realizado un "uso abusivo" de la figura del decreto ley en este caso. Para Vox, las razones esgrimidas para la aprobación de este decreto de la Ley Rider no se ajustaban a "la 'situación de extraordinaria y urgente necesidad' constitucionalmente requerida" para acudir al decreto ley, "ni se compadecen con las exigencias de la jurisprudencia constitucional que dimanan en su interpretación del artículo 86.1 de la Constitución".
Además, el partido sostenía que el propio Gobierno declaraba haber iniciado los trabajos para elaborar la norma en junio de 2020, y que después aplazó su entrada en vigor hasta el próximo agosto --se dio tres meses a las empresas para regularizar la situación--.
A su juicio, este período contrastaba "poderosamente" con la declaración del Gobierno de que "la situación a la que se pretende dar respuesta no puede abordarse mediante el procedimiento legislativo ordinario o a través de su tramitación urgente".
