La sentencia examina el caso de una taxista autónoma a quien el Ayuntamiento de Madrid revocó el permiso específico para prestar este servicio público, por entender que había perdido las aptitudes necesarias. La taxista, sobre esa base, solicitó al INSS que la declarase en situación de invalidez (incapacidad permanente total –IPT- para su profesión habitual).
Sin embargo, el INSS puso en marcha el procedimiento habitual de evaluación y concluyó desestimando la petición por considerar que la mujer no estaba impedida para ejercer su profesión habitual.
El tribunal señala que “la resolución del INSS no aparece como un acto debido o ancilar del que pueda emitir el órgano sectorial que conoce sobre las licencias para conducir vehículos. Es evidente que ese dato debe ser ponderado, al igual que el resto de los que consten en el expediente tramitado, pero concederle valor determinante comportaría contradecir el mandato de la Ley General de la Seguridad Social y trasladar a un tercero la facultad de decidir sobre la existencia de una IPT”.
“La decisión por órganos administrativos sobre la vigencia, renovación o extinción de autorizaciones para la conducción (o en supuestos análogos como pudiera ser la supervisión de las licencias de vuelo, necesarias para el desempeño de la profesión habitual de tripulante de cabina de pasajeros), no podemos entender que absorba o neutralice la competencia de la entidad gestora para el reconocimiento de una situación de IPT y las prestaciones de la modalidad contributiva”, añade la Sala.
