La Sala de Gobierno responde así a la consulta planteada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asume el criterio de los jueces burgaleses, que en una reciente Junta sectorial convocada para analizar el problema se pronunciaron de forma unánime a favor de la especialización en materia de familia del nuevo juzgado, que debería tener las mismas atribuciones competenciales que tiene Primera Instancia 7.
El Juzgado de Primera Instancia 9, cuya puesta en funcionamiento está programada para el próximo 31 de junio, es uno de los nueve juzgados Covid19 creados por el Ministerio de Justicia, correspondientes a la programación del año 2020.
Equipo técnico psicosocial
La Sala de Gobierno del alto tribunal ha solicitado, además, que se cree un nuevo equipo técnico psicosocial, ya que el único existente se ha revelado totalmente insuficiente para atender al único Juzgado de Familia existente en la actualidad y ha retrasado los señalamientos y la resolución de los pleitos.
El Juzgado de Primera Instancia 7 tiene actualmente 1.233 casos pendientes de resolver. En 2019, ingresó más de 2.000 asuntos, duplicando así la carga de trabajo que el CGPJ considera recomendable, circunstancia ésta que, según el TSJ, justifica que el nuevo órgano judicial se dedique también a ver en exclusiva los casos relativos a separaciones, divorcios, custodias, incapacidades, pensiones o adopciones.
En el año 2020, se han seguido superando los números con el registro de 1.789 casos, con un leve descenso debido a la pandemia y al confinamiento. Estos datos, unidos a los más de mil casos pendientes citados, hacen que se hayan alcanzado “niveles preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta los derechos en conflicto en esta jurisdicción, el interés del menor, y otros intereses familiares”.
Tres juezas de refuerzo
A la espera de que entre en funcionamiento el nuevo órgano judicial y de que se especialice en Familia, tal y como reclama el TSJCyL asumiendo las demandas de los jueces, la Sala de Gobierno ha aprobado un nuevo refuerzo de seis meses de duración para Instancia 7, que estará servido por tres juezas: la titular, una juez en prácticas y la jueza de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero.
La efectividad de ese refuerzo, según subraya la Sala de Gobierno, está condicionada a un aumento en el número de funcionarios que prestan servicio en dicho juzgado así como en los servicios comunes: UPAD, SCOP y SCEJ. El TSJ reclama dos funcionarios más y prolongación de jornada para otros cinco.
