En torno a la ejecución parcial de las sentencias de condena

Abordar la concreta cuestión que se plantea exige, desde mi p...

Abordar la concreta cuestión que se plantea exige, desde mi punto de vista, realizar una breve introducción sobre la ejecución de las sentencias en el orden penal y el punto de partida ha de ser, desde luego, el art. 117.3 de la CE que dispone que &ldquoel ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan&rdquo. Y a su vez el art.118 establece que &ldquoEs obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales&rdquo.

La ejecución penal es, en consecuencia, en nuestro ordenamiento, la fase final del proceso judicial penal que consiste en hacer cumplir las sentencias firmes de condena dictadas por Jueces y Tribunales. Precisamente el art. 3.1 del CP -EDL 1995/16398- dice que &ldquoNo podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales&rdquo.

Igualmente en el Libro VI de la LECrim que lleva por rúbrica &ldquoDe la ejecución de las sentencias&rdquo diversos preceptos se refieren a la firmeza. El art. 985 recoge &ldquoLa ejecución de las sentencias en causas por delito corresponde al Tribunal que haya dictado la que sea firme&rdquo el art. 988 señala &ldquoCuando una sentencia sea firme con arreglo a lo dispuesto en el art. 141 de esta Ley, lo declarará así el Juez o Tribunal que la hubiere dictado&rdquo.

También encontramos la referencia a sentencia firme en el art. 794 -procedimiento abreviado o en el art. 803.3 -juicios rápidos-. En el mismo sentido se prevé en el juicio por delitos leves o ante el Tribunal del Jurado.

Por tanto, la firmeza de la sentencia constituye un requisito para proceder a la ejecución de la sentencia.

Y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 245.3 de la LOPJ -EDL 1985/8754- &ldquoson sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley&rdquo, lo que viene a reproducir respecto del proceso penal el art. 141 párrafo 5º de la LECrim -EDL 1882/1- al decir que son &ldquosentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso alguno ordinario ni extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación&rdquo.

Dicho lo anterior, lo que se nos plantea, es la posibilidad de la ejecución de una sentencia respecto de un penado que no recurre dicha sentencia condenatoria cuando otros penados han interpuesto recurso de apelación contra la sentencia, lo que, de admitirse, constituiría una ejecución provisional, en mi opinión, que encuentra amparo en nuestro ordenamiento jurídico.

Por un lado, esta posibilidad está contemplada en el art. 861 bis b de la LECrim -EDL 1882/1-, en sede del recurso de casación, que establece que &ldquoCuando el recurso hubiere sido preparado por uno de los procesados, podrá llevarse a efecto la sentencia desde luego en cuanto a los demás, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 903&rdquo. Este último artículo dispone que &ldquoCuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia aprovechará a los demás en lo que les fuere favorable, siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y les sean aplicables los motivos alegados por los que se declare la casación de la sentencia. Nunca les perjudicará en lo que les fuere de adverso&rdquo.

Este artículo 903 nos llevaría a considerar que estamos ante una ejecución provisional y parcial de esa sentencia que un penado no recurre y sí lo hacen otros penados. Y se basaría en el aquietamiento de ese penado a lo resuelto en sentencia y en el consentimiento o interés del mismo en una ejecución anticipada, interés de todo punto perceptible si ese penado se encuentra en situación de prisión provisional porque permitiría el abono de la prisión provisional y ciertos beneficios penitenciarios o incluso obtener la libertad provisional.

Debe señalarse que como quiera que las normas del procedimiento ordinario son supletorias en el procedimiento abreviado, en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido y en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado -art. 758, 795.3ª,4 de la LECrim y 24.2 de la Ley del Jurado respectivamente-, ello permitiría la aplicación del art. 861 bis b de la LECrim -EDL 1882/1- respecto de los efectos de la interposición del recurso de apelación.

Por otro lado, la ejecución provisional de una sentencia respecto de un penado que no interpone recurso de apelación se fundamentaría en el derecho a la ejecución de las sentencias como parte del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24.1 de la CE, ejecución que ha de realizarse sin demora respecto de quien ha visto estimadas sus pretensiones para evitar los perjuicios que pudieran derivarse de la dilación en la ejecución como consecuencia de la interposición de recursos que pudieran incluso hacer difícil su exacto cumplimiento. De hecho, el art. 990 de la LECrim -EDL 1882/1- en su párrafo segundo establece que &ldquoCorresponde al Juez o Tribunal a quien el presente Código impone el deber de hacer ejecutar la sentencia adoptar sin dilación las medidas necesarias para que el condenado ingrese en el establecimiento penal destinado al efecto, a cuyo fin requerirá el auxilio de las Autoridades administrativas, que deberán prestárselo sin excusa ni pretexto alguno&rdquo y en su párrafo sexto dispone que &ldquoCorresponde al Secretario Judicial impulsar el proceso de ejecución de la sentencia dictando al efecto las diligencias necesarias, sin perjuicio de la competencia del Juez o Tribunal para hacer cumplir la pena&rdquo.

Ahora bien, esta ejecución provisional y parcial puede suponer una vulneración del principio de presunción de inocencia reconocido en el art. 24.2 de la CE, presunción de inocencia que se extiende hasta que exista sentencia firme de condena de modo que desde la perspectiva de este derecho fundamental la constitucionalidad del art. 861 bis b de la LECrim -EDL 1882/1- podría cuestionarse.

Y habría que añadir que podría producirse una extraordinaria consecuencia negativa en caso de ejecución provisional parcial cuando se ejecuta una pena privativa de libertad y resulta que consecuencia del recurso se produce una disminución de la pena o incluso se produce una absolución y la pena privativa de libertad, la prisión, hubiera sido ya cumplida. En este caso habría que acudir a las normas que regulan la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia -art. 292 a 297 de la LOPJ-, si bien esta responsabilidad, en mi opinión, no resarciría la gravedad del supuesto planteado.

Por último y a mayor abundamiento, el amparo que brinda el art. 861 bis b de la LECrim -EDL 1882/1- a la posibilidad de lo que considero una ejecución provisional parcial haría difícil explicar aquellos supuestos en que no hay varios penados, sino solo un penado que no interpone recurso de apelación, el cual es interpuesto por las acusaciones particulares, toda vez que dicho precepto contempla el supuesto de varios procesados, siendo uno solo el que solicita la ejecución de la sentencia.

Pese a las críticas posibles al supuesto de la ejecución provisional, considero, que el aquietamiento del penado a la sentencia y su consentimiento e interés en la ejecución provisional que él habría de solicitar, en cualquier caso, permitirían dicha ejecución provisional, teniendo en cuenta que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, como todos los derechos fundamentales, no es absoluto, por lo que en estas condiciones expuestas de solicitud por el penado, no se vería conculcado.

La cuestión que se plantea es la posibilidad de ejecuci&o...

La cuestión que se plantea es la posibilidad de ejecución parcial de las sentencias penales cuando hay varios condenados algunos de los cuales pretenden recurrir la condena en tanto otros prefieren no recurrir y empezar a cumplir la condena, porque prefiere su cumplimiento inmediato por razones de interés personal, o a efectos de liquidación o porque siendo preso preventivo desea empezar a disfrutar de beneficios penitenciarios. En tales casos sus letrados pueden verse en la disyuntiva de recurrir o no la sentencia, dependiendo del criterio que se pueda seguir en orden a una ejecución parcial de la misma, lo que por algunos se entiende como firmeza parcial de la sentencia, pues si se rechazase tal posibilidad no solo perderían la posibilidad de recurrir, sino que tampoco podrían beneficiarse de las ventajas que supone el cumplimiento inmediato de la condena.

En relación con lo expuesto, ha de tenerse en cuenta la posibilidad de ejecución parcial que se prevé en el art. 861 bis b de la LECrim -EDL 1882/1-, y lo dispuesto en el art. 903 de la Ley Procesal, preceptos relativos a los recursos de casación.

Concretamente, dispone el artículo 861 bis b que &ldquoCuando el recurso hubiere sido preparado por uno de los procesados, podrá llevarse a efecto la sentencia desde luego en cuanto a los demás, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 903&rdquo. Y en el artículo 903 se establece que &ldquoCuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia aprovechará a los demás en lo que les fuere favorable, siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y les sean aplicables los motivos alegados por los que se declare la casación de la sentencia. Nunca les perjudicará en lo que les fuere adverso&rdquo.

Salta a la vista una primera duda, que es si tal regulación es aplicable fuera del ámbito de los recursos de casación.

En contra cabe argumentar que si sólo se prevé para los recursos de casación no ha de extenderse la ejecución parcial a sentencias susceptibles de recurso de apelación, que podrían ser recurridas en casación posteriormente, en cuyo caso sí serían aplicables los arts. 861 bis b y 903 de la LECrim.

En sentido favorable se puede argumentar que no existe razón para no extender la posibilidad de ejecución parcial a las sentencias objeto de apelación. En tal sentido se pronuncia, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Barcelona en Sentencia de su Sección Décima de 30 de mayo de 2022, cuando considera que en materia de ejecuciones parciales de algunos de los pronunciamientos de una sentencia recurrida , que respecto a otros encausados en esa litis no ha sido objeto de recurso, &ldquoasiste la razón a la apelante en cuanto a que esa es la solución que brinda nuestra legislación procesal respecto del recurso de casación y que debe ser aplicada al recurso de apelación, pues ningún sentido tiene que ello pueda ser así para algunos recursos y no para otros&rdquo.

En el mismo sentido, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 6ª, en Sentencia de 20 de enero de 2021 consideró que de acuerdo con lo previsto en los arts. 861. bis b y 903 de la LECrim, aplicables por analogía, aunque estén incluidos en la regulación del recurso de casación, procede declarar la firmeza parcial de la sentencia apelada en cuando a los pronunciamientos que afectan a los otros dos acusados -&hellip de manera que el primero podrá iniciar el cumplimiento de la pena impuesta, como penado, y el segundo no podrá ver comprometida su condición de absuelto&rdquo.

En relativo contraste con lo expuesto, la Audiencia Provincial de Pontevedra, en Auto de 30 de julio de 2024 consideró que reconociendo que nada obsta a que pueda decretarse la firmeza parcial de una sentencia e incluso proceder a la ejecución también parcial de la misma, en el ámbito penal sólo podrá tener lugar cuando exista absoluta seguridad que la resolución del recurso interpuesto no va a afectar a la parte del fallo que pretende ejecutarse.

La cuestión que analizamos fue objeto de Acuerdo adoptado por la Junta Sectorial de Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid, celebrado el 11 de diciembre de 2023, en relación con si es posible declarar la firmeza parcial de una sentencia cuando lo solicita uno de los acusados que no recurre la resolución, y, si no es posible, si cabría su ejecución provisional, y si influye en la respuesta que el fallo sea condenatorio u absolutorio para dicho acusado. Se acordó por unanimidad de los magistrados presentes que &ldquocabe la ejecución provisional de una sentencia siempre que lo solicite expresamente el condenado que no recurre&rdquo.

En este contexto, la dicción &ldquoejecución provisional&rdquo no ha de entenderse como ejecución provisional de la sentencia penal en cuanto a los pronunciamientos sobre responsabilidad civil, que el art. 989.1 de la LECrim -EDL 1882/1- admite con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Acuerdo de la Junta de Magistrados no hace referencia a una firmeza parcial de la sentencia, solución que estimamos inidónea no solo si consideramos que la sentencia ha de ser considerada como un todo, sino también si tenemos en cuenta que una sentencia dictada en casación puede aprovechar a los no recurrentes en lo que les resulte beneficiosa, de acuerdo con el art. 903 de la LECrim -EDL 1882/1-, lo que en su caso implicaría la variación de los pronunciamientos de condena que les afecten, algo que no sería posible si entendiéramos que la sentencia es firme en cuanto a tales pronunciamientos y por lo tanto invariable, intangible.

El art. 861 bis b de la LECrim -EDL 1882/1- permite la ejecución parcial de la sentencia desde que se prepara el recurso de casación, pero no está diciendo que la sentencia objeto de recurso sea parcialmente firme, como tampoco son firmes los pronunciamientos sobre responsabilidad civil que pueden ser objeto de ejecución provisional en caso de recurso.

Ha de tenerse en consideración que en la práctica no faltan los casos en que un procedimiento penal desemboca en sentencias condenatorias que se aplicarán a unos acusados y no otros. Así acontece cuando son condenados, en ocasiones con su conformidad, unos acusados, y no otros que se encuentran en rebeldía, ello aparte de la posibilidad de conformidades parciales.

Un elemento perturbador acontece en los casos en que una instancia superior acuerda la nulidad de un juicio y su repetición ante otros magistrados, que podrían dictar sentencia absolutoria para todos los condenados o una condenatoria con menores penas, dándose el contrasentido de que personas que no han recurrido y han pedido la ejecución de su condena tendrían que volver a ser enjuiciados, cuando incluso podrían haber cumplido su pena.

Entendemos que, si por unos condenados se plantean cuestiones de nulidad de la sentencia y otros deciden no recurrir y cumplir la condena, se estaría ante una decisión que como otras veces en el orden penal supone la asunción de un riesgo a cambio de un beneficio que la parte condenada considera de su primordial interés y pone en la balanza en relación a un cálculo de prosperabilidad del recurso. Desde tal óptica, la posibilidad de nulidad o de revocación de una sentencia condenatoria no tendría por qué impedir la ejecución parcial de la sentencia de los condenados que lo solicitaren, aunque podríamos encontrarnos ante situaciones de verdadera perplejidad jurídica. Aunque los efectos del supuesto no serían diferentes a los que se producirían cuando unos acusados que no recurren son condenados, o son condenados con su conformidad, y han cumplido su pena mientras otros se encuentran en rebeldía, y sin embargo éstos cuando fueran juzgados independientemente resultasen absueltos o rebajado el reproche punitivo en base a elementos que podrían beneficiar a todos los acusados, posibilidad quizás improbable pero no descartable.

Si una sentencia condenatoria se revocase en apelación y fuera recurrida en casación, podría ejecutarse parcialmente para los condenados no recurrentes, aplicándose lo establecido en los arts. 861 bis b y 903 de la LECrim -EDL 1882/1-.

En definitiva, admitiendo que se trata de cuestión polémica y que puede presentar problemas de orden práctico, se considera posible la ejecución parcial, o si se prefiere ejecución parcial provisional, de la sentencia penalmente condenatoria respecto de los condenados que no recurran la misma aunque otros condenados sí la recurran, siempre que ello sea solicitado por la parte condenada no recurrente interesada en la ejecución de su condena, y sin perjuicio de la posibilidad de que la sentencia dictada en sede de recurso pueda aprovechar a los no recurrentes si se dieran las condiciones previstas en el art. 903 de la LECrim -EDL 1882/1-. Consideramos que la posibilidad de ejecución parcial no supone la firmeza parcial de la sentencia.

A la pregunta que se plantea, acerca de cuál debe ser la resp...

A la pregunta que se plantea, acerca de cuál debe ser la respuesta del órgano sentenciador a la petición del condenado de decretar la firmeza parcial que a él le afecta, ya adelanto que en mi opinión la petición puede y debe acogerse, al ser un derecho del penado y un beneficio, en suma.

Como punto de partida debemos considerar que son sentencias firmes &ndash y por lo tanto ejecutable -art. 988 LECrim -EDL 1882/1- cuando no quepa contra ellas recurso alguno ordinario ni extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación. -art. 141 LECrim -EDL 1882/1--

De la misma forma que existe el derecho a recurrir las sentencias definitivas, en los términos y con los requisitos que establecen las leyes procesales, no existe obligación para el condenado de formular recurso, pudiendo conformarse, por las razones que considere de su interés, con lo resuelto por un tribunal jurisdiccional.

Entre otras razones, como alternativa a lo que se expone en la cuestión planteada, están, precisamente, la de conseguir el estatus de preso o penado definitivo, de manera que en ejecución de la sentencia pueda empezar a beneficiarse de los efectos que ello supone: Empezar a cumplir la pena, consumiendo los plazos de extinción de la pena, posibilidad de una expulsión rápida del territorio nacional y así volver a su país, o la obtención de beneficios penitenciarios -progresión de grado, condena condicional, obtención de un indulto, total o parcial -art. 2 Ley de la Gracia de Indulto, de 18 de junio de 1870-. Y, no es menor interés el que no les perjudique un eventual recurso de las demás partes.

El efecto del ejercicio de no recurrir una sentencia definitiva, es la preclusión del plazo para dicho ejercicio y en consecuencia que no quepa recurso contra la sentencia, deviniendo firme.

Consecuentemente, según establece el art. 988, párrafo primero LECrim -EDL 1882/1-, así lo declarará el tribunal, procediendo, conforme señala el párrafo segundo a ejecutar la sentencia, en los términos que señala el arts. 794 y 990 LECrim. &ldquoLas penas se ejecutarán en la forma y tiempo prescritos en el Código penal y en los reglamentos.&rdquo

En mi opinión, el derecho a recurrir o no hacerlo, es un derecho personalísimo del reo, como pueda serlo, en otro momento procesal, reconocerse o no culpable, admitir o no los hechos que se le imputan. Por lo tanto, no viene condicionado por los avatares que pueda suponer el encontrarnos con una causa con una pluralidad de coacusados.

El derecho a no recurrir la sentencia por parte de uno de los condenados, no vincula ni condiciona el derecho de los demás coacusados a su recurso, ni vincula el resultado del mismo visto por una instancia superior. Por lo tanto, no les perjudica.

Cabe añadir, como argumento a favor de la posibilidad de declarar la firmeza de la sentencia, la propia previsión que se establece en el art. 903 LECrim -EDL 1882/1-: &ldquoCuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia aprovechará a los demás en lo que les fuere favorable, siempre que se encuentren a la misma situación que el recurrente y les sean aplicables los motivos alegados por los que se declare la casación de la sentencia. Nunca les perjudicará en lo que les fuere adverso.&rdquo No cabe duda que aun cuando el precepto citado se encuentre en sede del recurso de casación, también es aplicable, por identidad de fundamento, respecto del recurso de apelación.

No condiciona el precepto dicho aprovechamiento a que, respecto del no recurrente la sentencia no sea firme, estado procesal que no cabe pensar como posible, puesto que, si no recurre y deja precluir el plazo para ello, la sentencia devine necesariamente firme &ndashasí debe declararlo el tribunal y sin duda el plazo para interponer o anunciar y preparar el recurso -casación es más corteo que el de resolución por el tribunal superior.

En otro orden de cosas, la opción de la parte que decide no recurrir y pide la declaración de firmeza, no deja de ser un riesgo calculado, poniendo en el platillo los beneficios a que antes hacíamos referencia, pero siempre al albur de que, si se prolonga en el tiempo la tramitación del recurso y el dictado de la resolución por parte del tribunal superior, pudiera darse el caso que, tratándose de condenas cortas, llegara a cumplirla total o sustancialmente, sin que le alcanzara una eventual absolución, sin perjuicio de que pudiera instar un procedimiento de indemnización, frente a una denuncia falsa o por un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.

Entiendo, por otra parte, que, en el caso de sentencias dictadas en un recurso de apelación, por el TSJ, en la que se declare la nulidad de lo actuado y de la sentencia, a la vista del alcance que tenga dicha declaración de nulidad, una eventual nueva sentencia absolviendo a los acusados que hubieran recurrido, y que deviniera firme, debería producir el mismo efecto que el previsto en el art. 903 LECrim -EDL 1882/1-, en la medida en que el no recurrente se encuentre en las mismas circunstancias que los que sí han recurrido y le sean aplicables el motivo o motivos apreciados.

En conclusión, considero que sí es factible declarar la firmeza de la sentencia respecto de un acusado que decide no recurrir, pues está ejerciendo un derecho personalísimo, que no resulta vinculado al derecho de los demás a recurrir, y que además no les perjudica. Mantener en un limbo la situación del condenado que no quiere recurrir, por las razones que ya se han expuesto, le perjudica sin razón en cuanto a que deja de percibir unos beneficios legalmente reconocidos y anudados a la condición de penado.

La extensión de efectos que contempla el art. 903 LECrim -EDL 1882/1- &ndashtambién predicables en el caso del recurso de apelación bedecen a razones de verdad penal, fundamento de la jurisdicción de dicha naturaleza, como es el caso de que se declarara que unos hechos de trascendencia penal no han ocurrido, o cuando de lo declarado en la sentencia dictada por el tribunal superior, resultara la no participación del no recurrente, o de una normativa más favorable &ndashaun cuando en este caso podría, también, acudir a recurso de revisión-, o en fin, cuando se aprecie la concurrencia de una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal objetiva, como por ejemplo la de dilaciones indebidas.