Más de medio millón más dejarían de estar en situación de pobreza muy alta y otras 125.000 saldrían de pobreza alta y moderada. Los otros 575.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que no cambian de categoría, estando mayoritariamente en pobreza alta, verían cómo su renta mejora un mínimo de un 10%.
De esta forma, "si todos los potenciales beneficiarios accedieran a la nueva prestación, la pobreza extrema en España quedaría prácticamente erradicada", ha señalado Escrivá, quien ha destacado el efecto que tendrá especialmente en los hogares con hijos. En este sentido, en los hogares monoparentales la pobreza extrema bajaría un 87%, mientras que en el resto de hogares con hijos lo haría en el 81%.
Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay 831.000 hogares que podrían solicitar el Ingreso Mínimo Vital en toda España. De media, percibirán un Ingreso Mínimo Vital de 3.756 euros al año, que se suman a las rentas preexistentes de 4.733 euros que los posibles beneficiarios tienen disponibles. Destaca que más de un 15% de los posibles hogares beneficiarios son monoparentales (un adulto con uno, dos o más menores).
Esta nueva prestación incidirá especialmente sobre la pobreza infantil, ya que más del 50% de posibles hogares beneficiarios tienen menores y más del 30% de las personas beneficiarias son menores. El número de mujeres dentro de los hogares beneficiarios supone un 54% del total, con especial presencia en hogares monoparentales que potencialmente pueden beneficiarse del IMV y que están encabezados en un 90% por una mujer.
El ministro ha recalcado que el Ingreso Mínimo Vital llegará a sus beneficiarios a través de diferentes vías. En primer lugar, a través de la reconversión automática de beneficiarios de la prestación por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33%. En este sentido, la Seguridad Social ya ha realizado las comprobaciones de requisitos de renta y patrimonio y reconocerá de oficio la prestación a más de 75.000 hogares en los que viven más de 255.000 personas. Según Escrivá, este colectivo percibirá el primer pago del Ingreso Mínimo Vital el próximo 26 de junio.
Además, las personas que soliciten la prestación a lo largo de los tres primeros meses desde el inicio del plazo de solicitud (15 de junio) la percibirán con efectos retroactivos al 1 de junio.
En segundo lugar, también se podrá reconocer la prestación a aquellos beneficiarios de rentas de las comunidades autónomas que cumplan los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital. El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha diseñado un protocolo de intercambio de información para que las comunidades que cumplan con dicho protocolo puedan remitir la información de sus beneficiarios para que se pueda reconocer la prestación a estos hogares. Además, a partir del 15 de junio, se puede solicitar esta prestación en el INSS, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social (con y sin certificado digital) y en las oficinas (CAISS) cuando, en atención a las indicaciones de las autoridades sanitarias se reinicie la atención presencial.
Finalmente, habrá una cuarta vía de acceso, a través de los ayuntamientos. Para ello, en los próximos días se firmará un convenio marco con la Federación Española de Municipios y Provincias al que se podrán adherir libremente.
El ministro, José Luis Escrivá, ha subrayado que el objetivo es recortar los plazos de concesión de la prestación de forma que sean similares a los que tiene la Seguridad Social para las pensiones contributivas (en torno al mes) frente a los más de 100 días que de media tardan en reconocer las comunidades autónomas las pensiones no contributivas.
El Ingreso Mínimo Vital desincentivará la economía sumergida ya que sus beneficiarios estarán obligados a presentar la declaración de la renta. Además, se ha creado la figura del cooperador necesario, que establece la responsabilidad solidaria de aquellas personas que hubiesen cooperado en la comisión de la infracción mediante una actuación activa u omisiva. Se aplicará el procedimiento habitual de la Seguridad Social para la imposición de sanciones por las infracciones tipificadas en el Real Decreto-ley del Ingreso Mínimo Vital.
Además, según ha resaltado Escrivá, "el Ingreso Mínimo Vital no sólo es una prestación económica, sino una política social completa alrededor de una prestación". Por ello, además del pago mensual, incorpora itinerarios de inclusión e incluye incentivos a la contratación para los beneficiarios de la prestación, así como un sello social para empresas que ofrezcan formación y empleo a beneficiarios del IMV. Para fomentar la inclusión laboral de los beneficiarios, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobará un reglamento con incentivos al empleo, tanto para los hogares donde no se trabaje como para hogares con baja intensidad laboral.
El proceso de diseño del Ingreso Mínimo Vital ha sido muy innovador respecto a lo que es habitual a la hora de poner en marcha nuevas prestaciones. En este sentido, se han hecho simulaciones con cada opción en la formulación de requisitos para poder hacer estimaciones reales sobre el número de beneficiarios y el coste fiscal. Además, el equipo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha estudiado tanto la composición interna de las rentas como del patrimonio de la población beneficiaria, para adaptar la definición de requisitos al objetivo buscado.
Además, la prestación será evaluada a posteriori, de forma que se contrastará el perfil de los solicitantes con los beneficiarios potenciales inicialmente identificados. Con ello, se podrán hacer ajustes y correcciones en desarrollo reglamentario que ayuden a mejorar la eficacia del Ingreso Mínimo Vital.
Análisis de la afiliación a la Seguridad Social
Por otra parte, el ministro ha analizado los datos de afiliación a la Seguridad Social, sobre los que ha destacado el inicio de la recuperación de más de 200.000 empleos desde el 30 de abril, tras perderse en torno a 900.000 puestos de trabajo desde la declaración del estado de alarma. La recuperación del empleo ha sido heterogénea por sectores, pero no geográficamente, ya que casi todas las provincias registraron crecimiento de afiliación en el mes de mayo.
José Luis Escrivá ha resaltado las medidas de protección del empleo puestas en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que han permitido la protección de más de la mitad de los puestos de trabajo en 10 sectores de actividad. En el caso de los ERTE, las empresas que no hayan podido reiniciar su actividad continúan teniendo una exoneración del 100% de las cuotas de sus trabajadores (del 75% en el caso de las empresas de más de 50 trabajadores), mientras que para las que sí han podido reiniciar la actividad se ha puesto en marcha un innovador esquema de incentivos, por el que una empresa recibe más beneficios por los trabajadores que activa que por los que deja suspendidos.
Otra de las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Inclusión durante la pandemia de la COVID-19 ha sido la prestación extraordinaria para autónomos, que ha llegado ya a más de 1,45 millones de trabajadores. Esta prestación supone un pago mínimo de 661 euros al mes, además de la exoneración temporal del pago de las cuotas a la Seguridad Social.
Medidas en el ámbito migratorio
En materia migratoria, José Luis Escrivá ha destacado la incorporación, en el Real Decreto del sector agrario, de trabajadores migrantes en situación regular y de jóvenes (18-21) nacionales de terceros países en situación regular. Tal y como ha subrayado, los jóvenes en situación regular que se han acogido a esta medida tendrán una autorización de residencia y trabajo de 2 años, renovables otros 2, una vez termine la vigencia de su actual permiso.
Entre las principales medidas mencionadas por el ministro, se encuentra la Orden Ministerial que prorroga de forma automática por 6 meses, renovables otros 6, todas las autorizaciones de residencia y/o trabajo cuya vigencia iba a finalizar durante el Estado de Alarma. También ha subrayado la acción interministerial que permitió agilizar alrededor de 500 autorizaciones de residencia y trabajo de personal sanitario extranjero en situación regular, así como el protocolo recientemente firmado por la Secretaría de Estado de Migraciones para garantizar el cumplimiento de las indicaciones sanitarias en lo relativo a la atención humanitaria de inmigrantes irregulares en el contexto del Covid-19.
Además, el ministro ha anunciado que desde hoy son de aplicación tres relevantes instrucciones. En primer lugar, la flexibilización de los criterios de renovación de las autorizaciones de residencia y/o trabajo para evitar la irregularidad sobrevenida asociada a la continuidad laboral o a la tenencia de recursos suficientes. En segundo lugar, la instrucción dirigida a la simplificación de los criterios para la concesión de aquellas solicitudes de autorización de residencia temporal por razones de arraigo social, bloqueadas con motivo del Estado de Alarma. Por último, la flexibilización de la interpretación del requisito de medios suficientes en la tramitación de autorizaciones de residencia por reagrupación familiar.
