Tras el encuentro, ha señalado que a principios de septiembre se reunirá con los agentes sociales para revaluar las medidas de protección de rentas con el fin de cumplir con el compromiso del Gobierno desde el inicio de la crisis ocasionada por la COVID-19 de evitar que nadie quede atrás.
Escrivá ha destacado que, como consecuencia de las políticas que se han desplegado, el ritmo de salida de trabajadores en ERTE en la Comunidad Valenciana está siendo más rápido que en la media del conjunto del país.
Si se tiene en cuenta el pico más alto de la serie, correspondiente a finales de abril, la salida de ERTE ha sido del 79% frente al 75% de la media nacional. En este momento, en la Comunidad Valenciana hay 73.000 trabajadores todavía en ERTE (55.000 en ERTE de Fuerza Mayor y 18.000 en ERTE no Fuerza Mayor), que representan un 5% de los afiliados. Esta activación de trabajadores en ERTE, más intensa que en el conjunto del país, afecta a todos las ramas de la economía. Además, un 21% de los trabajadores que permanecen en ERTE en la Comunidad Valenciana están suspendidos solo parcialmente, un porcentaje algo superior que la media nacional.
El ministro, sin embargo, ha señalado que aún sigue existiendo una clara variación sectorial en el impacto global de la crisis. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la industria del cuero y del calzado o las actividades de creación y artísticas han perdido más de un 30% de la afiliación que tenían el 11 de marzo, mientras que las actividades sanitarias han experimentado un crecimiento del 10% de la afiliación, y otros sectores, como la metalurgia, mantienen el mismo número de trabajadores afiliados que tenían antes de la pandemia.
Respecto a las medidas de protección para trabajadores autónomos, el ministro ha manifestado que han llegado a 172.000 autónomos en la Comunidad mediante la prestación extraordinaria y a 13.500 con la nueva prestación ordinaria de cese.
IMV
El ministro de Inclusión también se ha referido al proceso de tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), enfatizando que para realizar una exhaustiva evaluación habrá que esperar a finales de septiembre, que es el plazo “que inicialmente nos dimos” y por ello se estableció que quien solicite la prestación hasta el 15 de septiembre tendrá efectos retroactivos en su cobro al 1 de junio, si cumple los requisitos.
Por ese motivo y puesto que se trata de un proceso, cualquier cifra que se proporcione con anterioridad no sería concluyente debido a los errores que en muchos casos acompañan a las solicitudes. Por ejemplo, de las más de 750.000 realizadas, un 7,5% se han recibido por duplicado y cerca del 40% de las que se han examinado han llegado con documentación incompleta. Además, se han denegado cerca de 36.800 solicitudes, un 55% de las analizadas porque exceden los límites de renta y/o patrimonio que están fijados como requisitos para obtener esta ayuda contra la pobreza extrema. Ello explica el hecho de que se hayan firmado protocolos con las CCAA para el intercambio de información, así como con los ayuntamientos para intentar agilizar el proceso, como por ejemplo con la cesión del certificado de padrón al INSS.
Como resultado de los trabajos iniciales se ha reconocido ya la prestación a más de 80.000 hogares, lo que ha supuesto una nómina, si tenemos en cuenta la que pagaremos ahora en septiembre, de 120 millones en tres meses.
El ministro ha valorado también cómo la Generalitat valenciana ha modificado su normativa para hacer su renta compatible con el IMV y permitir la posibilidad de complementarlo.
