El órgano ha destacado que aún está pendiente la regulación de los aforamientos a miembros del Gobierno y ha tildado de "decepcionante" el nivel de cumplimiento respecto a las recomendaciones sobre la Guardia Civil y la Policía.
El GRECO ha dado plazo a las autoridades españolas hasta el 31 de marzo de 2023 para enviar información adicional sobre la implementación de las recomendaciones pendientes, según consta en el informe de cumplimiento recogido por Europa Press.
Según explican en el informe, España alegó que tanto las dos elecciones generales de 2019 como la crisis sanitaria de 2020 por la covid-19 obstaculizaron "significativamente" las actividades legislativas y las acciones y políticas nacionales relacionadas con la quinta ronda de evaluación del Grupo.
REVISIÓN DEL AFORAMIENTO
En el informe se han evaluado por primera vez los avances de España en la implementación de las 19 recomendaciones sobre prevención de la corrupción y promoción de la integridad en la Administración central --incluidas las funciones ejecutivas superiores-- y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
En 19 folios, el Grupo de Estados ha explicado que aún hay trabajo por hacer. En la lista de pendientes ha destacado la regulación del sistema de responsabilidad penal para los miembros del Gobierno, en referencia al aforamiento del que gozan los representantes del Ejecutivo.
El GRECO recomendó a España que modificara el procedimiento especial de "aforamiento", para que "no obstaculice el proceso de justicia penal con respecto a miembros del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción". Según ha subrayado este martes en el informe, esta recomendación no ha sido implementada.
MEJORAR LA TRANSPARENCIA
Sobre la divulgación financiera de las personas con funciones ejecutivas superiores, el órgano ha asegurado que aún "se puede mejorar" a través de un mayor desglose con fines de transparencia. El Grupo de Estados recomendó ampliar el alcance de los requisitos de estas publicaciones para incluir información detallada sobre activos e intereses, así como incluir información relativa a los cónyuges y familiares dependientes. Este punto se ha implementado parcialmente.
Además, ha advertido de que las facultades y recursos tanto de la Oficina de Conflictos de Interés como del Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno merecen "mayor atención" para que la implementación de las distintas iniciativas normativas se hagan realidad, "no sólo en la ley sino también en la práctica".
En el informe de este martes, el órgano ha subrayado que se prevén algunos desarrollos "prometedores" en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024), en particular, en materia de transparencia, integridad y rendición de cuentas en el sector público en toda la línea, así como el desarrollo de un enfoque anticorrupción "más estratégico y holístico" para la protección del denunciante.
Ha destacado, sin embargo, que a medida que se lleve a cabo este proceso, sería "importante" asegurar que se preste la debida atención a los riesgos específicos de las personas encargadas de funciones ejecutivas superiores, incluidos los asesores políticos.
RECOMIENDA REQUISITOS DE TRANSPARENCIA PARA LOS ASESORES
En el marco de la quinta ronda de recomendaciones, el GRECO sugirió reforzar el régimen actual aplicable a los asesores, sometiéndolos a requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los que se aplican a las personas con funciones ejecutivas superiores. Según consta en el informe, esta recomendación no ha sido implementada por España.
También recomendó dotar al Consejo para la Transparencia y la Buena Gobernanza de la independencia, autoridad y recursos adecuados para desempeñar sus funciones de supervisión de manera efectiva. El órgano ha incluido este punto en la lista de recomendaciones no implementadas.
Asimismo, ha avisado de que no se ha implementado la recomendación de diseñar una estrategia de integridad para analizar y mitigar las áreas de riesgo de conflicto de intereses y corrupción con respecto a las personas con funciones ejecutivas superiores.
A la lista de medidas no implementadas ha añadido la sugerencia de introducir reglas sobre cómo las personas encargadas de funciones ejecutivas superiores se involucran en contactos con cabilderos y otros terceros que buscan influir en el trabajo legislativo. Tampoco se ha acatado la recomendación de divulgar suficiente información sobre el propósito de estos contactos, ni la de someter a revisión de un organismo independiente la legislación que rige las restricciones post-empleo.
MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA POLICÍA
En el informe, el órgano ha subrayado que el nivel de cumplimiento de las recomendaciones con respecto a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley es "decepcionante". En este sentido, ha explicado que aunque la Guardia Civil ha avanzado en su infraestructura ética, aún no se ha materializado efectivamente.
Pese a que ha reconocido algunos avances "valiosos" tanto de la Benemérita como del Cuerpo Nacional de Policía para promover la igualdad de género, el GRECO ha reprochado "la ausencia de cualquier otra mejora concreta y fáctica realizada por la Policía". A su juicio, esta es una "oportunidad perdida" para establecer una infraestructura de ética integral, proactiva y efectiva dentro de la fuerza.
El Grupo de Estado ha insistido en que, actualmente, "no existe una estrategia de prevención de la corrupción dedicada y proactiva --y no meramente reactiva-- ni en la Policía ni en la Guardia Civil". "Esto requiere una acción decidida", ha indicado.
Además, el órgano ha asegurado que tampoco se ha avanzado en la revisión de los procedimientos de denuncia ni el desarrollo de una regulación más específica sobre los riesgos de conflictos de interés en el servicios y post-empleo.
Así las cosas, ha indicado que espera que los organismos encargados de hacer cumplir la ley tomen medidas "tangibles", "comprometidas" y "exhaustivas" para cumplir con las recomendaciones, como un tema prioritario y "sin demora".
