"Hay que acabar con esta penalización de las familias que tienen más hijos, eliminando el actual límite que hay en prestaciones sociales que sólo se incrementan hasta el segundo o tercer hijo, ¿y el resto de los hijos, no tienen necesidades?", ha planteado el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.
En un estudio de la Federación Española de Familias Numerosas, desarrollado por la Universidad de Vigo, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, analizan lo que supondría eliminar este límite.
En concreto, en el caso del IMV, señala que considerar el número real de hijos en la cuantía percibida, supondría un coste adicional de 35,1 millones de euros; y en la prestación contributiva por desempleo, que reconoce hasta dos hijos a la hora de establecer la cuantía a percibir por el desempleado, calcula que supondría 66,5 millones adicionales.
Este gasto, según ha precisado Trigo, es "totalmente necesario" dentro de la política de apoyo a la familia y a la infancia, "para dar una adecuada protección a todos los niños que pertenecen a familias en las que uno de los progenitores, o los dos, se quedan sin trabajo".
En el caso del subsidio por desempleo, cuya reforma acaba de aprobar el Gobierno, el estudio analiza también la viabilidad de introducir el criterio del número de hijos, ya que actualmente esta prestación tiene una cuantía fija, sin importar el número de personas a cargo que tenga el perceptor. Según el estudio, la medida costaría al Estado 207 millones de euros.
En este sentido, la FEFN lamenta que el proyecto de reforma de esta prestación no haya tenido en cuenta el criterio de los hijos. "Este subsidio se ha reforzado ampliando algunos grupos, como los menores de 45 años sin cargas familiares, pero parece que no se ha mejorado para las familias con mayor número de hijos, lo que supone no tener en cuenta la necesaria protección a la infancia", ha advertido el presidente de la Federación.
ESPAÑA, A LA COLA EN INVERSIÓN EN POLÍTICAS FAMILIARES
El estudio pone de manifiesto la menor inversión de España en políticas familiares, por ejemplo, en prestaciones de naturaleza económica, donde ocupa la última posición del ranking con un 0,5% de su PIB frente al 2,3% que destina Estonia, el 1,8% de Austria o el 1,7% de Bélgica, los países con mayor dotación económica para este capítulo. También superan a España tanto Suecia como Dinamarca (ambas con el 1,3%) y Finlandia (1,1%).
Lo mismo ocurre en relación con el gasto público en bienes y servicios para las familias, donde los países nórdicos ocupan las primeras posiciones --Suecia (2,1%), Dinamarca (2%), Finlandia (1,8%)--, y los mediterráneos se sitúan a la cola con un porcentaje de su PIB muy bajo, en especial Portugal y Grecia (0,4%), que España supera ligeramente con un 0,7%. Mientras, en las desgravaciones fiscales, España vuelve a formar parte del grupo de países que menos destina (0,2%), junto a Reino Unido e Irlanda (0,1%).
En este sentido, el estudio concluye que son los países del modelo nórdico los que posibilitan las mejores políticas y resultados, pero no sólo por una mayor inversión sino también porque sus políticas "garantizan un marco continuado de apoyos públicos a permisos de maternidad y paternidad remunerados, con empleo protegido e incentivado, cuidados subvencionados para los hijos durante la infancia, apoyos para la educación y atención fuera de las horas lectivas".
Así, según el estudio, España es uno de los países en los que existe mayor distancia entre los hijos deseados y los que se tienen. Entre los factores que condicionan la decisión de tener más descendencia destacan: "la baja calidad de algunos empleos, las reducidas expectativas de mejora del mercado laboral, la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar y el escaso apoyo de las administraciones públicas a las familias, especialmente aquellas con mayor número de hijos".
En concreto, el informe revela que España destina a políticas de familia un porcentaje de su Producto Interior Bruto (PIB) muy alejado al de los países con mejores sistemas de protección a la familia, al dedicar un 1,5%, muy por debajo de Francia, Dinamarca, Suecia o Hungría, todos ellos por encima del 3%.
A esto se une, según precisa, un modelo de protección familiar, el mediterráneo, caracterizado por "un escaso desarrollo de las políticas familiares explícitas, con prestaciones económicas de pequeña cuantía, dotación media en bienes y servicios y alguna ventaja de naturaleza tributaria". Además, en España, el estudio constata una elevada valoración social de la familia que mitiga la falta de apoyo público, pero que no es suficiente.
La consecuencia, según señala la FEFN, es el "grave problema de natalidad" en España. "Históricamente, en nuestro país la familia ha sido una de las instituciones mejor valoradas, pero desde hace años este respaldo social no se traduce en una verdadera protección a las familias por parte de las administraciones, y estamos viendo las consecuencias, con una natalidad que cae en picado porque las familias no se sienten protegidas, no cuentan con un entorno favorable a la familia", ha apuntado Trigo.
SEGUNDO PAÍS DE LA UE DONDE SE ES MADRE MÁS TARDE
En esta línea, el estudio muestra que hay una situación generalizada de caída de la natalidad en la UE, aunque destaca que las tasas de natalidad de algunos países que han apostado por una mayor atención a la familia, como Alemania o Francia, son superiores. Por el contrario, España se sitúa como el segundo país de la UE en el que se es madre más tarde.
Según la FEFN, este hecho va unido también a la "estigmatización de las madres jóvenes en el mercado de trabajo, tanto mayor cuantos más hijos tengan", y a las dificultades de conciliación de los hogares con más hijos.
En este sentido, la investigación, dirigida y elaborada por Alberto Vaquero García, profesor titular de Economía Aplicada (Grupo GEN de investigación), y por Jaime Cabeza Pereiro, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas de apoyo a la familia en la primera infancia.
Así, refleja que, con la salvedad del permiso de paternidad de España, que es de los más altos de Europa, las políticas se quedan cortas: la baja de maternidad resulta de las más bajas y la excedencia de hasta 36 meses que existe para cuidado de hijos, no está remunerada.
"Esto es como no tener nada, existe el derecho, pero de qué sirve si disfrutarlo supone perder una fuente de ingresos, cuando estamos viendo que las familias, en especial las numerosas, vienen en su mayoría con dos sueldos y tienen dificultades para llegar a fin de mes", ha indicado el presidente de la FEFN.
Ante esta situación, la FEFN considera necesario que se refuerce la política de apoyo a la familia, con una "mayor inversión" y la "revisión de algunas medidas".
