El sindicato señala que la cifra, revelada por el comisario europeo de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici, justifica "sobradamente" que se marque como uno de los principales retos en la UE la armonización del Impuesto de Sociedades en los Estados miembros, ya que las diferencias de los regímenes del impuesto entre los Estados miembros están permitiendo a las multinacionales "trasladar sus beneficios" a jurisdicciones de baja tributación (los conocidos "regímenes fiscales preferenciales") en perjuicio de los Estados.
Por otro lado, denuncia que esas prácticas de planificación fiscal agresiva de las multinacionales generan una competencia desleal con las pymes, dado que estas no pueden pagar los elevados honorarios de una consultoría internacional.
La armonización pasa, según señala Gestha, por que se aprueben unas normas para la consolidación de los beneficios y la distribución de la base imponible consolidada a los Estados miembros, tal como se concreta en un segundo proyecto de directiva para una base imponible consolidada común (Biccis) que espera la aprobación unánime de los Estados miembros desde el octubre de 2016, después de que el Consejo rechazara hace ocho años la primera propuesta de 2011.
De esta forma, el sindicato subraya la necesidad de contar con unas normas comunes para el cálculo de la base imponible del impuesto de sociedades en la UE, que reduzcan la planificación fiscal agresiva y garanticen que los beneficios de las empresas se graven en los países en los que se crea el valor.
Así se podría someter a tributación todas las rentas, salvo las que se determinen expresamente exentas, como los beneficios derivados de los establecimientos permanentes de una sociedad en el Estado del domicilio de dicha sociedad y las rentas procedentes de dividendos o venta de acciones de una empresa no perteneciente al grupo.
Además, se dispone una lista de gastos no deducibles y también reducirá la deducibilidad de gastos profesionales entre otros, explica el sindicato.
Por ello, aclara que no se pretende la armonización de los tipos de gravamen ni de los posibles créditos fiscales en la UE, que seguirán siendo un derecho de los Estados miembros.
De aprobarse, estas normas Biccis serían obligatorias para los grupos empresariales cuyo volumen anual de negocios consolidado supere los 750 millones de euros y estén establecidas en un Estado miembro de la UE o pertenezcan a un contribuyente residente en la UE.
El proyecto de Directiva Biccis también contiene unas normas de lucha contra la elusión del impuesto de sociedades que incluyen la limitación de los intereses, una norma sobre las sociedades extranjeras controladas, unas normas sobre asimetrías híbridas y una norma general contra las prácticas abusivas.
Entre otras ventajas de esta armonización europea del impuesto de Sociedades Gestha apunta que estarían que los motivos fiscales no condicionarían la ubicación del domicilio social de las empresas y que se reduciría la actual competencia fiscal desleal entre los Estados miembros.
A su vez, ayudaría a mitigar la insuficiencia recaudatoria del sistema tributario español, cuya comparativa con la media ponderada de la UE refleja un agujero próximo a los 80.000 millones de euros.
