Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda para detallar las líneas generales de su departamento, Montero ha indicado que, tras la aprobación del 'techo de gasto' y la nueva senda de déficit, que ha instado a que el Congreso apruebe la semana que viene, se ha dado inicio a la tramitación parlamentaria que el Gobierno "tiene la intención de acelerar" para que las nuevas cuentas estén aprobadas antes de que acabe el verano.
Para cumplir este objetivo, el Consejo de Ministros deberá aprobar el proyecto de Presupuestos antes de verano, para que dé tiempo a concluir la tramitación parlamentaria, que se prolongará alrededor de tres meses. Es previsible que para ello haya que habilitar el Congreso en el mes de agosto.
"La prórroga presupuestaria ya no se sostiene", ha avisado Montero, quien ha destacado el "sólido" crecimiento económico y ha aseverado que las nuevas cuentas servirán para recuperar derechos y cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, primando la cohesión, la justicia social y la lucha contra la desigualdad.
Sobre las partidas ha avanzado que las cuentas apostarán por un modelo económico sustentado en la revolución tecnológica, la digitalización y la transición ecológica justa, así como en el impulso de la inversión en I+D+i y la reorientación de la inversión pública para favorecer la movilidad de las personas de forma "sostenible", así como en innovación y vivienda para facilitar el acceso.
También incluirá una "senda de recuperación de la inversión en dependencia", ante los 12 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión, el 26% del total, y el compromiso de situar la inversión educativa en un 5% en 2025, en los PGE, incrementando los recursos de becas, y una gran apuesta por la formación dual.
Como novedad, ha apuntado que las nuevas cuentas estarán alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, además de introducir la perspectiva de género en las políticas de gasto e incluir un informe sobre el impacto en infancia y la adolescencia.
Las nuevas cuentas se presentarán en un formato "más cercano", para que "a través de un 'click'" los ciudadanos puedan conocer a qué se destinan los impuestos y cómo contribuyen a las distintas partidas.
Objetivos de la legislatura
La titular de Hacienda ha explicado también que se avanzará en transparencia y rendición de cuentas, con el acceso "intuitivo y amigable" a los PGE, así como en la flexibilización de la regla de gasto para adaptarla al modelo económico, se abrirá de forma "inmediata" el debate sobre la reforma de financiación autonómica para presentar su "esqueleto" en noviembre y se impulsará la lucha contra el fraude.
A su vez, se aprobará una estrategia nacional para combatir la corrupción e irregularidades en la contratación pública, mejorando la supervisión e incrementando la profesionalización de los técnicos.
Como ejemplo de uso de tecnologías limpias, el parque móvil del Estado contará con 74 puntos de recarga para vehículos eléctricos, un proyecto dotado con 490.000 euros que espera estar concluido en la primavera.
Por último, se impulsará la transformación digital, aumentando un 20% los usuarios con certificado digital en la legislatura, para alcanzar los 12 millones de ciudadanos con certificado digital.
"Profunda" reforma fiscal y armonización
En materia fiscal, ha avanzado que se acometerá una "profunda" reforma fiscal a lo largo e la legislatura, si bien ha adelantado que en los próximos días se lanzarán consultas sobre fiscalidad medioambiental, para recabar la opinión de empresarios, consumidores y grupos de interés para avanzar hacia una "transición justa" basada en el principio de que "quien más tenga más aporte y se reciba en función de las necesidades".
"Debemos acercar la media de tributación al nivel de la Unión Europea. Y tenemos que elevar también el gasto público. Somos el quinto país con menos ingresos sobre PIB de la UE", ha apostillado.
La ministra ha indicado que se avanzará en armonización fiscal entre las regiones en los impuestos de Sucesiones, Patrimonio y Donaciones para "atenuar el dumping fiscal". Como objetivo para la legislatura también ha afirmado que se aportará mayor seguridad jurídica en transmisiones patrimoniales y Sucesiones y Donaciones, trabajando con las CCAA en el valor de referencia para que sea la base imponible de esos impuestos.
A lo largo de 2021 se incorporarán las conclusiones de los informes de la AIReF sobre el gasto público. Esto supone retrasar la revisión y eliminación de determinadas deducciones y beneficios fiscales en Sociedades e IRPF prevista por el Gobierno.
Tras haber dado ya 'luz verde' a las tasa 'Google' y 'Tobin', ha indicado que en Sociedades se fijará una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. En cambio, las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%.
Se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.
En IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros, hasta el 47%, y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros, hasta el 49%, entre otras medidas.
Los Presupuestos de 2020 también incluirán la equiparación del impuesto del diésel con el de la gasolina.
