El magistrado ha fijado la indemnización en el 10 % de los 12.845 euros que la demandante abonó por el turismo.
El juez subraya en la sentencia que de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de las sentencias del Tribunal Supremo que la confirman resulta irrefutable que “las conductas infractoras de la competencia en que PSA tomó parte influyeron en el precio final de venta de automóviles”, así como que esa influencia “benefició a los infractores, entre ellos PSA, y perjudicó a los compradores de automóviles, perjuicio que, en estas circunstancias, se tuvo que traducir necesariamente en el pago de un precio superior al que correspondería en caso de no existir la infracción”.
Por ello, incide en que “queda suficientemente acreditada la producción de daños a los compradores finales de automóviles; daños traducidos, necesariamente, en el pago de un sobrecoste a la hora de realizar la compra”. En la sentencia, el juez destaca que, constatada la producción de daños derivados de las prácticas infractoras del derecho de la competencia, la cuestión más compleja es la de la cuantificación de esos daños, pues concluye que no es posible hacerlo en base a las pruebas que pudieron aportar las partes. Por ello, el magistrado entiende que resulta aplicable el criterio de estimación judicial del daño, por lo que determina un prejuicio razonable equivalente al 10 % del precio total de adquisición de los coches.
“Se trata de una cifra o porcentaje que, por un lado, semeja adaptada a las circunstancias del caso, especialmente en lo que se refiere al ámbito temporal del cártel en el que participó la demandada (siete años), y a que los datos objetivos aportados por la actora apuntan a una desviación del precio final de los automóviles en torno a ese porcentaje, si se compara el mercado cartelizado español con el no cartelizado de otros países europeos”, afirma el magistrado en el fallo, en el que señala que ese porcentaje “también concuerda con lo que los más destacados estudios sobre cárteles han venido considerado como sobreprecio medio”.
El juez, por tanto, ha estimado parcialmente la demanda de la compradora, que adquirió el turismo marca Peugeot el 16 de abril de 2008, contra PSA, mediante la cual pretendía que le abonase 1.566 euros. En la resolución, el magistrado también se pronuncia sobre el plazo de prescripción. Así, asegura que en este litigio no debe fijarse en un año, como establece el artículo 1968 del Código Civil, sino en los cinco años que determina el artículo 74.1 de la Ley de Defensa de la Competencia. “En cualquier caso, al no poder entender iniciado aún ese plazo de prescripción o, todo lo más, iniciado el mismo el 20 de abril de 2021 -fecha de la sentencia que desestimó definitivamente el recurso intentado por PSA contra la resolución de la CNMV- como muy pronto, la acción aquí ejercitada no puede ser considerada prescrita”, recalca. La sentencia no es firme, pues puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra. Sentencia nº 117/2022 de 13 de octubre de 2022.
