El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha presentado este viernes en Consejo de Ministros el informe del Anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia. Este documento tiene como objetivo la prevención y protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier situación de violencia y forma parte del paquete de medidas para garantizar la protección a la infancia que ha puesto en marcha el Gobierno.
De acuerdo con la definición de violencia de la Convención de los Derechos del Niño la nueva Ley contemplará la prohibición expresa de toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Además, fomentará la sensibilización ciudadana de rechazo, con especial atención a los colectivos de mayor vulnerabilidad como son los menores con discapacidad, los menores extranjeros no acompañados, las victimas de trata y los colectivos LGTBI.
El interés superior del niño y la niña, la igualdad y la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo en la máxima medida posible de la protección a la infancia ante cualquier forma de violencia son los principios en los que se asienta esta futura normativa.
Una Ley que será de carácter integral al abarcar todos y cada uno de los sectores y ámbitos con los que conviven los niños y niñas menores de edad: familia, educación, entorno socio-sanitario, medios de comunicación y redes sociales, deporte y ocio, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y operadores jurídicos.
Para todo ello, se pondrá en marcha un registro único de información sobre menores víctimas que permita focalizar toda la información estadística sobre la violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia. “Queremos cuantificar el número de menores que sufren malos tratos, vejaciones o abusos sexuales o de cualquier otro tipo, quienes son los que ejercen esa violencia contra ellos y así poder actuar de la manera más eficaz junto con las administraciones, asociaciones y ciudadanía”, ha señalado la ministra Carmen Montón.
También se actualizarán materias relativas a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, voluntariado y actividades que impliquen trato con menores con especial referencia a los supuestos de privación de patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento y adopción, velando por el interés del menor.
La norma también incidirá en la importancia de la prevención y la restauración del derecho a las víctimas y el respecto a las necesidades de cada uno de ellos en el momento de la intervención. Una Ley que también recogerá el deber de denuncia por parte de la ciudadanía y de los entornos familiares y profesionales que tengan conocimiento de cualquier indicio de violencia.
El trámite de esta normativa se inició a través de una consulta pública en la web del ministerio cuyo plazo finaliza el próximo 17 de septiembre. Tras diferentes reuniones mantenidas con varios ministerios, ayuntamientos, CC.AA, sociedad civil, entidades sociales, sociedades científicas y profesionales y partidos políticos, el próximo miércoles día 12 el proceso de diálogo participado continuará con la convocatoria del Pleno del Observatorio de la Infancia. Este anteproyecto de Ley estará listo para su envío al Consejo de Ministros antes de que acabe el año.
Menores no acompañados
Como parte del paquete de medidas para garantizar la protección a la infancia que ha puesto en marcha el Gobierno, los menores extranjeros no acompañados son prioridad. En este sentido, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social presentó el miércoles día 5 a las CC.AA la aprobación del Real Decreto para la mejora y la atención solidaria a estos niños y adolescentes.
Esta medida contará con un presupuesto de 40 millones de euros a los que se suman los más de 6 aprobados para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Lucha contra la pobreza infantil
La lucha contra la pobreza infantil es otra de las grandes prioridades. Por esta razón una de las primeras medidas aprobadas por el Gobierno ha sido duplicar el presupuesto destinado al programa Veca cuyo objetivo es cubrir las necesidades básicas de alimentación y ofrecer ocio educativo durante el periodo de verano. La dotación económica de este programa, repartido en las comunidades y ciudades autónomas, ha sido de más de 10 millones de euros.
