En menos de dos décadas Cataluña -y el conjunto de España- ha pasado de tener un índice de inmigración residual, de alrededor de un dos por ciento, a ser uno de los territorios con más inmigración de toda Europa, con cerca del catorce por ciento del total de la población. En esta última década el porcentaje se ha mantenido estable pero en la anterior el crecimiento fue espectacular, casi único en el mundo. Si bien no somos un país xenófobo o racista (no hay ningún partido político relevante que defienda esta ideología, y al fin y al cabo la clase política representa a la sociedad), este crecimiento vertiginoso del fenómeno migratorio sí que ha provocado determinados problemas y un fuerte debate político y jurídico en nuestro país con la finalidad de tratar de dar respuestas a los nuevos retos.
La globalización y otros fenómenos como las guerras, la pobreza y el hambre, e incluso el cambio climático, acentuarán en el futuro cada vez más los movimientos migratorios. No hemos de olvidar que todos somos potencialmente inmigrantes, a menudo ayer lo era la generación de nuestros padres y hoy lo es la de nuestros hijos. Curiosamente la fuerte presión inmigratoria actual sólo se explica porque el modelo europeo, tan cuestionado desde dentro de la propia UE, es percibido desde otros continentes como un modelo de prosperidad y libertad. Es nadar un poco a contracorriente ahora, pero Europa sólo podrá avanzar con fuerza desde los valores del humanismo, la solidaridad, los derechos humanos y el respeto al diferente. Un objetivo clave a medio plazo es alcanzar el consenso político alrededor de una normativa común que regule, controle y racionalice la llegada de inmigrantes, de otra parte inevitable, e incluso necesaria, como afirman los economistas, para contrarrestar la caída demográfica y mantener la viabilidad del admirado estado del bienestar europeo.
En los Estados Sociales y Democráticos el Derecho es un factor de integración y de cohesión, de garantía de igualdad y de protección de los derechos individuales de las personas, sin discriminaciones por razón de su origen, raza o religión. Los juristas podemos aportar mucho en el campo de la inmigración: nos corresponde dejar al margen la legítima controversia política y ofrecer soluciones a los problemas concretos de las personas que se encuentran en nuestro país. En esta línea, los días 13, 14, 20 y 21 del pasado mes de marzo se celebraron unas Jornadas sobre inmigración organizadas por el Colegio Notarial y la Fundación de los Notarios de Cataluña, en las que se convocó a algunos de los más destacados representantes del mundo de las Universidades del conjunto del Estado, de la Administración, y de instituciones del tercer sector. Se analizaron las principales materias en el ámbito del derecho internacional público y privado. Temas de máxima actualidad como el derecho de asilo, la circulación de ciudadanos de terceros países dentro de la UE, la sustracción internacional de menores, el reglamento de sucesiones y el certificado sucesorio o los nuevos reglamentos comunitarios de régimen económico matrimonial y efectos matrimoniales de parejas registradas.
Las sesiones pusieron de relieve algunas cuestiones no resueltas, como la situación de desamparo y fracaso personal en que se encuentran los jóvenes inmigrantes huérfanos cuando alcanzan la mayoría de edad y se ven obligados a dejar la protección de las instituciones tutelares, o los problemas de los matrimonios homosexuales cuando se trasladan a vivir a terceros países de la misma UE que no reconocen estos matrimonios. El TJUE ha dado una primera respuesta a este último problema en virtud de la sentencia de 5 de junio de 2018, entendiendo que la Directiva 2004/38 CE que regula el ejercicio de la libre circulación dentro de la UE contiene un concepto neutro de “cónyuge”, sin distinguir entre parejas heterosexuales u homosexuales a los efectos de la protección jurídica derivada de esta normativa. En este caso se trataba de una pareja homosexual de un ciudadano rumano y otro de EEUU, casados en Bruselas de acuerdo con la legislación belga que autoriza este matrimonio, pareja que después se quiso establecer en Rumania, que prohíbe el matrimonio homosexual. La sentencia, en el marco de la Directiva, obliga a este país a reconocer el derecho a la libre circulación y a conceder el permiso de residencia al ciudadano del tercer país.
En el campo de los principios y los valores inspiradores, una conclusión diáfana de los especialistas es que, en la medida que sea posible legalmente, es fundamental dar un trato igual al inmigrante establecido en nuestro país que al nacional. El trato especial, incluso con voluntad de protección, acaba siendo discriminatorio. Constatado internacionalmente un cierto fracaso de los modelos comunitarista y multiculural, actualmente el consenso académico en nuestro país gira en torno a las políticas interculturales: más que de integración hay que hablar y trabajar en el diálogo, el contacto y la mezcla entre culturas y nacionalidades. Y una segunda gran recomendación se impone: es imprescindible que, al margen de las políticas de las diferentes Administraciones, las instituciones de la sociedad civil se impliquen activamente en actuaciones de responsabilidad social frente a un fenómeno que es capital en nuestra sociedad.
En Cataluña existe una impresionante red de entidades que desde hace bastantes años está trabajando de manera excelente en el campo de la inmigración. Instituciones como Caritas, Braval, Obra Social la Caixa o Acnur, y tantas y tantas otras, están concentrando grandes medios personales y materiales de forma altruista con resultados muy positivos. Igualmente la Fundación de los Notarios de Cataluña desde hace una década está llevando a cabo diferentes actuaciones de solidaridad y apoyo a los colectivos vulnerables en riesgo de exclusión social y de concesión de becas a opositores al título de notario con pocos recursos. También la Fundación Aequitas, del Consejo General del Notariado, tiene tras de sí una importante trayectoria dentro de este ámbito en el conjunto del Estado. Sin embargo es mucho lo que nos queda todavía por hacer y por avanzar: entre todos tenemos que seguir construyendo nuevos proyectos y sumando más energías desde nuestro tejido social y empresarial.
Hay una interesante perspectiva notarial del fenómeno migratorio, donde está muy presente y se proyecta con plena normalidad e igualdad de derechos. En Cataluña en el año 2017 se firmaron un total de 1.353.857 documentos notariales, de los que 132.171 correspondían a ciudadanos extranjeros de más de ciento cincuenta nacionalidades diferentes. Si lo comparamos con los documentos que se firmaron diez años antes, 81.083 de un total de 1.215.251, vemos que la proporción de documentos firmados por ciudadanos extranjeros ha aumentado considerablemente, pasando en esta década de un 6’7% el año 2007 al actual 9’6%. En definitiva, teniendo en cuenta que, según datos del Instituto Catalán de Estadística, la proporción de ciudadanos extranjeros es prácticamente la misma que hace diez años, cabe concluir que el notario está cada vez más presente en los actos jurídicos de las personas extranjeras. El CGN podría dar sin duda unas estadísticas generales muy similares en términos porcentuales a las que aquí se indican.
El aumento de la presencia de los nacionales extranjeros en las notarías catalanas y españolas es una muestra más de su integración creciente en el día a día de la actividad jurídica y económica de nuestra sociedad, hecho que comporta que requieran cada vez con más frecuencia, tanto en su vida privada como en su actividad profesional, de la prestación del servicio público notarial y de la seguridad jurídica que ofrecemos los notarios a todos los ciudadanos. En un mundo globalizado, en que cada vez hay más movilidad internacional de personas, familias y empresas y, como efecto ineludible, una progresiva internacionalización de las relaciones jurídicas y un incremento exponencial de su complejidad técnica, el control de legalidad, el consentimiento informado y el asesoramiento reequilibrador que aseguran los notarios son fundamentales para garantizar los derechos y la igualdad de todos los ciudadanos.
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