¿Inmunidad de los acreedores financieros con garantía real frente a los acuerdos de refinanciación homologados?

La Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, que reformó la Ley Concu...

La Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, que reformó la Ley Concursal -EDL 2003/29207 (LC), introdujo en nuestro ordenamiento la posibilidad de imponer un acuerdo a quien no era parte de los mismos. En concreto, la Disposición Adicional Cuarta de la LC regula la posibilidad de que el Juzgado homologue los acuerdos de refinanciación (que cumplieran los requisitos fijados en el artículo 71.6 LC), de forma que la espera pactada en los mismos se extiende a las entidades financieras que no han consentido los mismos.

Se superaba, de esta forma, un principio clásico del ordenamiento jurídico español: la relatividad de los contratos (artículo 1.257 de nuestro Código Civil -EDL 1889/1 “los contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos”).

Con ello el legislador intentaba facilitar o fomentar (1) las refinanciaciones que se estaban produciendo fuera de los concursos y que, en no pocas ocasiones, se veían dificultadas o retrasadas por los acreedores “disidentes” (normalmente titulares de créditos no muy elevados en relación al pasivo que estaba siendo objeto de refinanciación, pero que no estaban dispuestos a compartir el “sacrificio” de los demás acreedores). Además trataba de evitar que las empresas españolas se vieran obligadas a trasladarse a jurisdicciones más favorables (2) para refinanciar sus deudas.

La novedad de la norma hizo que desde el primer momento fuera objeto de comentarios por parte de la doctrina quien señalaba, con más o menos rotundidad, que la homologación sólo afectaba a los acreedores entidades financieras que no contasen con garantía real (3). No era un punto discutido. De hecho los comentaristas de la norma criticaban la misma precisamente porque entendían que con esta exclusión el legislador privaba “a su audaz reforma de la mayor parte de su eficacia práctica al limitar la “vis expansiva” del efecto del acuerdo de refinanciación homologado a las entidades financieras (…) cuyos créditos no estén dotados de garantía real (4)”. Básicamente se argumentaba que, dado que la realidad del mercado hacía que la mayor parte de las entidades financieras tuvieran garantías reales esta excepción privaría de efectividad a la reforma. Así se señalaba (5) que el deudor refinanciado podría devenir de nuevo insolvente como consecuencia de la ejecución de las garantías e, incluso, se apuntaba que se dificultarían los acuerdos de refinanciación con dinero “nuevo” – puesto que los acreedores favorables al mismo temerían que se destinara a pagar a los acreedores garantizados para evitar la ejecución (6). Por este motivo, las voces más críticas propugnaban la necesidad de “reformar la reforma” de forma que los acuerdos homologados permitieran extender la espera a los acreedores dotados con garantía real, disidentes o no participantes en el acuerdo (7).

Como puede verse la doctrina no planteaba dudas sobre la interpretación de la DA 4ª -EDL 2003/29207-, en relación con la cuestión que nos plantean, la homologación no permitía extender el acuerdo de refinanciación a los acreedores titulares de créditos con garantía real.

Esta parecía ser también la posición de nuestros tribunales. Así, en las Conclusiones de los Magistrados de lo Mercantil de Madrid sobre los criterios de aplicación de la reforma de la LC -EDL 2003/29207 (reunión de 13 de diciembre de 2011) se señalaba que sólo podían considerarse acreedores afectados por el acuerdo de refinanciación homologados, a efectos de su legitimación para oponerse al mismo, “los acreedores financieros no firmantes del acuerdo (…) a los que se extienda el efecto de espera (por tanto, excluidos los acreedores con garantía real)”.

Los primeros acuerdos de refinanciación homologados no trataban esta cuestión (8). Pero en el comentario que la Magistrada Marta CERVERA (9) realizaba sobre el primer acuerdo homologado (asunto SANTA COLE – Auto de 5 de junio de 2012 del Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona), ya se apuntaba que se acordaba la protección frente a “las pretensiones ejecutivas iniciadas o que se inicien, sin concretar si afecta a las ejecuciones reales, aunque parece deducirse que estas están indemnes dada la redacción del apartado 1º de la DA 4ª lo que en ocasiones pudiera hacer perder efectividad al acuerdo”.

Sin embargo, el 10 de abril de 2013 el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona dictó un auto en el que homologaba un acuerdo de refinanciación (caso SIVIS) en el que, pese a reconocer que parecía contradictorio con el tenor literal de la DA 4ª, suspendía las ejecuciones hipotecarias en curso hasta el 1 de octubre de 2013. El magistrado (que en varias ocasiones a lo largo de la resolución reconoce la discrepancia con el tenor literal de la DA 4ª -EDL 2003/29207-) justifica su decisión (i) en el elevado importe de las entidades adheridas, más del 80%; (ii) en que el plazo de espera es muy reducido, de seis meses, (iii) que el aplazamiento es necesario conforme al informe del experto que informa el acuerdo y (iv) en la aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 56 LC. Esta resolución abre la puerta a la discusión sobre si la homologación judicial de los acuerdos puede ir, aparentemente, más allá de los términos queridos por el legislador en 2011, y afectar a los acreedores titulares de garantía real.

Y es seguida: (i) por un lado por el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona, de 28 de junio (caso CELSA) y la Sentencia del mismo Juzgado de 7 de agosto – que rechaza la oposición a la homologación, en los que se extienden los efectos de la espera a los acreedores con garantía real (10); (ii) las conclusiones del seminario de jueces mercantiles de Catalunya de 5 de julio de 2013 sobre homologación judicial de acuerdos de refinanciación, en las que se indica que “si el acreedor financiero disidente no tiene esa facultad de realizar unilateralmente y bajo cualquier circunstancia la cosa afectada por la garantía real no se le puede reconocer inmunidad a la extensión de los efectos de la espera pactada a pesar de que formalmente (que no materialmente) tenga un crédito dotado de garantía real”.

Esta es precisamente la clave, a mi juicio, de cuándo y cómo la homologación de un acuerdo de refinanciación puede “afectar” a los acreedores titulares de garantías reales. Las dos resoluciones y el acuerdo que citamos en el párrafo anterior no son contrarios a lo dispuesto en la DA 4ª -EDL 2003/29207 y tratan de extender a los acreedores titulares de garantías reales, más allá de lo querido por el legislador. Pero lo que si tratan de hacer es examinar cuáles son los motivos para la exclusión de estos acreedores disidentes y en qué términos debe producirse la misma.

Y concluyen, a mi juicio correctamente, que el derecho real no otorga un derecho ilimitado al acreedor titular de garantía, sino única y exclusivamente el derecho de pagarse con el bien afecto (esto es, la característica propia de cualquier derecho real). Y si ese derecho fue voluntariamente limitado en su constitución (como parecía ocurrir en el caso de CELSA, al excluir la ejecución individual), esa situación no se ve alterada por el acuerdo de homologación.

Es decir, el acreedor disidente con garantía real correctamente otorgada no quedará afectado por el acuerdo homologado y podrá continuar la ejecución de las garantías. Pero, una vez ejecutada su garantía, quedará afectado por la homologación, esto es, no podrá seguir ejecutando su deuda contra otros bienes del deudor no gravados (11) y quedará afectado por el acuerdo homologado (12).

Es cierto que el Auto de 10 de abril de 2013 -EDJ 2013/81251 al que antes nos hemos referido parece exceder ese límite – justificado por el escaso tiempo de la paralización. No me parece una interpretación correcta, sino en exceso “correctora” de la norma. Una cosa es que fuera deseable, de lege ferenda, la aplicación analógica del art.56 LC que este Juzgado y la doctrina propugnan y otra es que la norma, en su actual redacción, lo autorice. Hoy por hoy el acuerdo de refinanciación homologado no debe afectar a los acreedores con créditos que cuentan con garantía real en cuanto a la ejecución de su garantía, pero única y exclusivamente respecto a ella.

NOTAS

1) Sobre las razones de política legislativa puede consultarse VIÑUELAS, M. Inmunidad a la rescisión y prededucción de la nueva financiación en la Ley 38/11, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, número 18.

2) En concreto, con carácter previo a la reforma varias empresas españolas habían suscrito acuerdos de refinanciación bajo la figura inglesa de los “scheme of arrangements”.

3) En este sentido, entre otros, SEBASTIAN, R. Concurso y rescisión, Ed.Tirant TOL.3.566.118.; ZABALETA. M. El derecho concursal de la crisis tendencias de reforma de las normativas concursales, Anuario de Derecho Concursal 30/2013;

4) URIA, F. y CALVO, J. El nuevo régimen de las refinanciaciones y reestructuraciones ante el concurso, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, número 18.

5) CALBACHO, F. La homologación judicial de los acuerdos de refinanciación, Revista Uría. Homenaje al profesor D. Juan Luis Iglesias.

6) MUÑOZ, C. Los mecanismos alternativos al concurso introducidos con la reforma de la Ley Concursal, Derecho de los Negocios, nº258.

7) Así PULGAR, J. Acuerdos de refinanciación y escudos protectores en la reforma de la Ley Concursal, Diario La Ley. Nº7731, proponía que la espera para estos acreedores se situara en el límite temporal de un año, de forma analógica a lo previsto en el artículo 56 LC para las ejecuciones durante el concurso, de forma que se equiparase a los “scheme of arrangements”. También en Acuerdos de refinanciación y fresh money, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, número 15.

8) Si bien, en el Auto del Juzgado de Primera Instancia número 8 y Mercantil de León de 31 de mayo de 2012, se apuntaba que no cabía la paralización de ejecuciones de garantías reales al no quedar afectadas por el acuerdo (Razonamiento jurídico Quinto B).

9) CERVERA, M. Procedimiento de solicitud de homologación judicial de acuerdo preconcursal de refinanciación (Comentario al auto del juzgado mercantil nº 6 de Barcelona de 5 de junio de 2012, Revista de derecho concursal y paraconcursal, número 17.

10) Es cierto que las citadas resoluciones rechaza que los créditos de los acreedores disidentes estén dotados de garantía real, en el sentido de la DA 4ª, puesto que se trata de garantías reales colectivas en la que los acreedores “excluyeron de forma expresa, clara y rotunda, la posibilidad de que uno de ellos pudiera ejecutar individualmente las garantías reales” de tal forma que los acreedores disidente no tiene, a juicio del tribunal, facultad de realización de las garantías.

11) En el mismo sentido AZOFRA, F. La invulnerabilidad de los acreedores financieros con garantía real a la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación, Revista de derecho Concursal y paraconcursal, número 16.

12) En términos similares a la paralización que se prevé en la Insolvency Act de Estados Unidos (sec.362).

La figura de la homologación judicial de acuerdos de refinanciación ha sido...

La figura de la homologación judicial de acuerdos de refinanciación ha sido introducida en la Ley Concursal -EDL 2003/29207 por medio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, como un paso más en la búsqueda de soluciones a la insolvencia del deudor que posean suficiente agilidad y sean capaces de prevenir el procedimiento judicializado del concurso de acreedores.

Es importante destacar que la homologación judicial de acuerdos de refinanciación es tributaria de la reforma de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 llevada a cabo por medio de Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo -EDL 2009/22291-, que estableció los requisitos para la eficacia de lo que se ha dado en conocer como “escudo protector” de los acuerdos de refinanciación ante las acciones de reintegración concursal.

La reforma promovida por el Real Decreto Ley 3/2009 -EDL 2009/22291-, ya apuntaba la necesidad de dotar a nuestro ordenamiento jurídico de algún instrumento que, ante las dificultades económicas del deudor, fuera capaz de evitar un escenario de insolvencia que desembocara en un procedimiento concursal. Así lo confirma la Exposición de Motivos de la norma mencionada, según la cual “las modificaciones contenidas en el presente Decreto-ley pretenden facilitar la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras que no hagan ineludible una situación de insolvencia”.

Implantada dicha medida, se detectó la necesidad de reforzarla introduciendo algún germen de los institutos preconcursales. De acuerdo con el apartado III de la Exposición de Motivos de la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123-, “ante todo, la Ley profundiza en las «alternativas» al concurso o los denominados institutos preconcursales, ofreciendo a las empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de acuerdos de refinanciación (…) sobre todo, establece la homologación judicial de tal acuerdo, que, en consecuencia, y dentro de ciertos límites, se extiende a los acreedores disidentes…”.

La regulación de la homologación de acuerdos de refinanciación fue incluida en la Disposición Adicional 4ª de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-. Tanto por su naturaleza, como por su objeto y por su ubicación sistemática, es fácil advertir que nos hallamos ante un instituto que no queda integrado en el proceso concursal.

Según el apartado 1 de la Disposición Adicional 4ª LC -EDL 2003/29207-: “podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones del art. 71.6 y haya sido suscrito por acreedores que representen al menos el setenta y cinco por ciento del pasivo titularidad de entidades financieras en el momento de la adopción del acuerdo”. Los efectos derivados de la homologación judicial se mencionan en el mismo apartado, según el cual “por la homologación judicial los efectos de la espera pactada para las entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las restantes entidades financieras acreedoras no participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real”.

No parece que la literalidad de la norma permita mucho margen a la interpretación respecto cuáles son los límites de los efectos de la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación. De la norma parcialmente transcrita merecen ser destacados dos extremos:

a) Que el objeto de la extensión lo es sólo el pacto de espera; y,

b) Que los sujetos afectados, sólo lo pueden ser las entidades financieras, acreedoras, partícipes en el pacto, y aquellas otras que no habiendo participado en el acuerdo o siendo contrarias al mismo, no gocen de garantía real que asegure el pago de sus créditos.

Si acudimos al resto de reglas hermenéuticas deberemos colegir que todas ellas coadyuvan a la interpretación literal que acabamos de exponer.

Desde la perspectiva sistemática, el que la homologación judicial de acuerdos de refinanciación sea un instituto preconcursal que no queda integrado en el proceso concursal (Disposición Adicional 4ª -EDL 2003/29207-), dificulta extender, por medio de cualquier técnica interpretativa, los efectos de la declaración del concurso sobre las acciones individuales –y, seguramente, sobre cualquier otro extremo a la homologación judicial de acuerdos de refinanciación.

Tampoco cabe ignorar que un esfuerzo interpretativo en el sentido de extender los efectos de la espera fruto de la homologación de acuerdos extrajudiciales a todos los acreedores, tuvieran o no garantías reales que aseguren el pago de sus respectivos créditos, dejaría vacía de contenido la regulación que la Disposición Adicional 4ª LC hace sobre el alcance y los efectos de la misma.

Por otro lado, una interpretación extensiva como la que estamos aludiendo, tendría difícil acomodo en un sistema en el que las manifestaciones del legislador plasmadas en la Exposición de Motivos de la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123-, parecen indicar una voluntad contraria a la misma: “la Ley (…) establece la homologación judicial de tal acuerdo, que, en consecuencia, y dentro de ciertos límites, se extiende a los acreedores disidentes”.

Por último, hay que poner de manifiesto que un ordenamiento jurídico debe tener como uno de sus objetivos primordiales dotar de seguridad jurídica a sus operadores. Por tanto, tanto las interpretaciones que puedan hacerse de la normativa vigente como las posiciones que puedan defenderse de lege ferenda deberían tomar en consideración que las soluciones que el ordenamiento jurídico quiera ofrecer a las situaciones de crisis empresarial deben venir respaldadas por un escrupuloso respeto a las garantías con las que los acreedores cuentan legítimamente con anterioridad a la situación de crisis empresarial.

Uno de los principales objetivos de política jurídica que han fundamentado ...

Uno de los principales objetivos de política jurídica que han fundamentado las reformas introducidas en la Ley concursal -EDL 2003/29207 (en adelante, LC) con posterioridad a su entrada en vigor, ha sido facilitar y potenciar los acuerdos de refinanciación como mecanismo preconcursal y como alternativa al concurso. En este sentido, el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo -EDL 2009/22291-, introdujo un tratamiento específico para los acuerdos de refinanciación, que sometía su protección frente a las acciones de reintegración al cumplimiento de exigentes requisitos formales y materiales, combinado con la posibilidad de anticipar la solicitud de declaración de concurso para facilitar un período temporal que permitiese negociar un acuerdo de esa naturaleza y recabar los apoyos necesarios sin la permanente amenaza de la presentación de una solicitud de concurso necesario. Aun cuando los acuerdos de refinanciación acogidos a esta normativa fueron escasos dada su rigurosidad, lo cierto es que el clima positivo generado por la misma permitió la suscripción de un buen número de acuerdos de refinanciación que evitaron en muchos casos el concurso de acreedores.

Por su parte, la Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, introdujo un nuevo tratamiento específico para los acuerdos de refinanciación que incluía, entre otros aspectos, la posibilidad de homologación judicial y la extensión de su eficacia, dentro de ciertos límites, también a los acreedores no participantes o, incluso, disidentes. En particular, tras esta última reforma, la vigente Disposición Adicional Cuarta de la LC -EDL 2003/29207-, apartado 1, determina que «podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones del artículo 71.6 y haya sido suscrito por acreedores que representen al menos el setenta y cinco por ciento del pasivo titularidad de entidades financieras en el momento de la adopción del acuerdo. Por la homologación judicial los efectos de la espera pactada para las entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las restantes entidades financieras acreedoras no participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real».

De la lectura de este precepto se deduce que uno de los límites a la extensión de la eficacia de los acuerdos de refinanciación respecto a las entidades financieras acreedoras no participantes o disidentes es precisamente que sus créditos estén dotados de garantía real. En consecuencia, prima facie, no parece cuestionable que las entidades financieras acreedoras cuyos créditos estén garantizados con una de estas garantías no quedarán vinculadas ni deberán respetar la espera pactada en un acuerdo de refinanciación que no hayan aceptado, incluso aunque dicho acuerdo haya recibido la homologación judicial. En este sentido se han pronunciado, por ejemplo, los Jueces de lo Mercantil de Madrid (RCP, 16, 2012, págs. 301 y ss.) y también la generalidad de los autores (vid., entre otros, PULGAR EZQUERRA, J., «Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación», RCP, 14, 2011, pág. 33, VALPUESTA GASTAMINZA, E., «Los acuerdos de refinanciación en el Proyecto de reforma de la Ley Concursal», RCP, 15, 2011, pág. 164; AZOFRA VEGAS, «La invulnerabilidad de los acreedores financieros con garantía real a la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación», RCP, 16, 2012, pág. 135; CALBACHO LOSADA, F., «La homologación judicial de los acuerdos de refinanciación», Est. Homenaje J.L. Iglesias Prada, 2011; URÍA FERNÁNDEZ/CALVO GONZÁLEZ-VALLINAS, «El nuevo régimen de las refinanciaciones y reestructuraciones ante el concurso», RCP, 18, 2013), con independencia de cuál sea la valoración que merezca la norma.

No obstante, sobre la base de las concretas circunstancias de un determinado supuesto de hecho (reducida duración del plazo de espera, porcentaje del pasivo que aprueba el acuerdo de refinanciación, necesidad del aplazamiento para lograr el acuerdo de refinanciación y también para satisfacer los créditos de las entidades adheridas al acuerdo pero también de las disidentes), en algún caso se ha aceptado la extensión de los efectos de la espera acordada a las entidades financieras disidentes titulares de créditos dotados de garantía real (Auto del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona, de 10 de abril de 2013 -EDJ 2013/81251-).

Ciertamente la excepción a la extensión de la eficacia de los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente reduce de manera muy significativa el efecto de la norma dado que, en la praxis, las entidades financieras acreedoras gozan en muchos casos de garantías reales (éstas son las entidades en mejor disposición para aceptar acuerdos de refinanciación en los que, usualmente, se incorpora también la constitución de nuevas garantías a favor de los acreedores adheridos). A su vez, dificulta la propia eficacia del acuerdo como medida preconcursal en tanto, si los acreedores dotados de garantía real pueden ejecutar sus garantías sin esperar a la finalización del plazo pactado, puede implicar que finalmente no se supere la situación de insolvencia (dado que no entrarán en juego los límites al ejercicio de las acciones ejecutivas derivados de la declaración de concurso). En suma, éstos y otros argumentos fundamentan las críticas que la doctrina ha formulado a esta limitación en la extensión de los efectos de los acuerdos de refinanciación homologados así como las propuestas de modificación de la norma realizadas de lege ferenda (vid., entre otros, CALBACHO LOSADA, cit., y URÍA FERNÁNDEZ/CALVO GONZÁLEZ-VALLINAS, cit., pág. 133). Paralelamente, no obstante, se ofrecen igualmente opiniones que rechazan la extensión de la eficacia de los acuerdos de los acreedores que no se adhieran a su contenido subrayando la conveniencia de mantener el principio de relatividad de los efectos del contrato (vid., por ejemplo, OLIVENCIA, M., «Las reformas de la Ley concursal», RCP, 16, 2012, pág. 22; JACQUET YESTE, «Acuerdos de refinanciación versus propuesta anticipada de convenio», RCP, 18, 2013, págs. 118 y 119).

En todo caso, deben también tomarse en consideración otras medidas incorporadas a la norma. En este sentido, el apartado 3 de la Disp. Adicional Cuarta LC -EDL 2003/29207 determina que el juez únicamente procederá a la homologación cuando, además de concurrir los requisitos materiales y formales exigidos, «no suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron». Es decir, el juez ha de tomar en consideración los efectos que el acuerdo pueda provocar sobre las entidades financieras acreedoras que no se hayan adherido al mismo, ante la previsión de que sus efectos puedan también extenderse a éstas. Y a este respecto no se distingue entre entidades financieras con créditos dotados de garantía real y el resto. A su vez, ese mismo precepto autoriza al juez, previa ponderación de las circunstancias concurrentes, a «declarar subsistente la paralización de ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el plazo de espera previsto en el acuerdo de refinanciación, que no podrá superar los tres años». Y de nuevo en este caso tampoco se hace distinción entre las entidades financieras acreedoras disidentes o ausentes y las que se hayan adherido al acuerdo de refinanciación. Sin embargo, el resto del precepto se refiere repetidamente a las entidades financieras afectadas por la habilitación lo que permite considerar que existen también entidades financieras acreedoras que no se ven afectadas por la misma, precisamente, aquéllas disidentes o no adheridas cuyos créditos están dotados de garantía real.

Entendemos, por tanto, que con independencia de las circunstancias del caso, no cabe extender la eficacia de un acuerdo de refinanciación a aquellas entidades financieras acreedoras que, no habiéndose adherido al citado acuerdo, ostenten créditos con garantía real por impedirlo directamente el propio tenor de la Disp. Ad. Cuarta, apartado 1, LC -EDL 2003/29207-, sin perjuicio de que pueda entenderse que esta inmunidad queda limitada exclusivamente al crédito o créditos garantizados. En este sentido, la medida contenida en esta disposición constituye una excepción al principio de relatividad de los contratos que se establece en el art. 1257 del Código civil -EDL 1889/1 y, en cuanto tal, debe ser interpretado restrictivamente. Entre las diferentes opciones que ofrecía el Derecho comparado (desde el modelo abierto de los schemes of arragements ingleses cuyos efectos se extienden a todos los acreedores y respecto del contenido íntegro del acuerdo, hasta el modelo restringido de los accordi di risttructurazione italianos), el legislador español ha optado por una excepción limitada al principio de relatividad de los contratos, en tanto ha circunscrito la extensión de los efectos del acuerdo de refinanciación a la espera prevista en el mismo y ha excluido de la misma a los acreedores no financieros y a los financieros cuyos créditos estén dotados de garantía real.

Más discutible es, sin embargo, si cabe extender la suspensión de la ejecución iniciada por una entidad financiera acreedora disidente o no participante en el acuerdo de refinanciación y que tenga su crédito garantizado con garantía real. A este respecto, como señalábamos anteriormente, del tenor literal de la LC -EDL 2003/29207 podría deducirse que cabe extender la suspensión también a las entidades financieras acreedoras disidentes o no participantes con créditos dotados de garantía real, aunque éstas sean inmunes a los efectos del acuerdo de refinanciación y su homologación judicial (así lo ha defendido por ejemplo PULGAR EZQUERRA, en varios trabajos -«Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación», cit., pág. 35, «Acuerdos de refinanciación y fresh money», RCP, 15, 2011, pág. 53; «Acuerdos de refinanciación y escudos protectores en la reforma de la Ley concursal española 22/2003», La Ley, 7731, de 8 de noviembre de 2011, pág. 6, aunque reconociendo en este último trabajo que ello debería haberse recogido de manera explícita en la Ley-), lo cual resolvería en buena medida la falta de eficacia de los acuerdos de refinanciación frente a estos acreedores. Sin embargo, no estableciéndose con carácter expreso que la suspensión puede también extenderse a estos créditos y, en cambio, estableciendo la Ley con claridad que los efectos del acuerdo no se extienden a ellos, parece que debemos inclinarnos por la respuesta contraria (de otro modo, el acreedor cuyos créditos están dotados de garantía real podría sufrir un mayor plazo de suspensión no habiendo declaración de concurso que habiéndose producido ésta, en tanto la LC limita esa suspensión al plazo de un año; ampliamente con otros argumentos, vid. AZOFRA VEGAS, cit., págs. 137 y ss).

En definitiva, entendemos que con la regulación vigente los efectos de los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente no se extienden a los acreedores financieros disidentes o no participantes cuyos créditos estén dotados de garantía real. Igualmente, acorde con la finalidad de promover alternativas a la declaración del concurso para resolver situaciones de insolvencia inminente (e, incluso, de insolvencia actual), sería conveniente una reforma legal que contemplase expresamente la extensión, al menos de los plazos de espera previstos, a dichos acreedores.

Supone una excepción al principio de relatividad de los contratos, de forma que sus efectos se extienden a los acreedores “disidentes”.