El registro de conformidad de productos o servicios es la prueba documentada que valida que fue revisado y su estado es aceptable antes de la entrega al cliente. En este sentido, ambas directivas se caracterizan por dotar de una protección reforzada al consumidor en materia de garantías y servicios posventa en comparación con la normativa actualmente vigente. Por ejemplo, se amplía a 3 años el plazo de garantía por el que el empresario se responsabiliza por las faltas de conformidad con los bienes adquiridos, y se amplía a 2 años el plazo durante el cual se presumirá que la falta de conformidad alegada por el consumidor ya existía en el momento en el que el bien fue entregado.
Durante dos días, diferentes expertos en la temática han abordado esta nueva regulación y sus implicaciones para el consumidor en la sede del Colegio Notarial de Cataluña en una jornada de debate dirigida a profesionales del derecho.
La clausura de la sesión ha corrido a cargo del decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, y del director de la Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias.
En sus respectivas intervenciones, José Alberto Marín ha destacado que “hemos hecho un gran avance en la protección de los consumidores, pero necesitamos una mayor participación en su defensa. En este contexto, la función notarial es fundamental. El artículo 147 de nuestro Reglamento Notarial señala que debemos dar un apoyo especial a aquellas personas que lo necesitan, recuperando la simetría de la información, además de proteger y defender los derechos de los consumidores. Los notarios acompañamos y asesoramos a los consumidores en aquellos momentos claves de su vida, como en la firma de una hipoteca”.
Por su parte, Francesc Sutrias ha subrayado que “si los procedimientos no son los adecuados, el sistema no funciona correctamente. Un buen derecho de consumo, junto con los procedimientos para hacerlo efectivo, contribuyen a mejorar la mala oferta de bienes y servicios del mercado. Con ello, conseguiríamos una mayor calidad en cuanto al PIB, la economía y, en definitiva, un país mucho más justo. La Agencia ha iniciado un proceso de modificación del Código de Consumo en la línea de establecer una bidireccionalidad que les permita una mayor interacción con el tejido económico y una mayor colaboración para mejorar la producción de bienes y servicios y los derechos de los consumidores”.
