RECLAMACIONES

Juan Reina, nuevo director general de reclamador.es

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Reina, hasta ahora Head Product Management en Amazon Business (B2B), reconoce que se une al equipo de la legaltech “con el objetivo de consolidar la apuesta de esta por la innovación y la tecnología en la defensa de los consumidores”.

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Reina (Madrid, 1984), que ha desarrollado la mayoría de su carrera profesional en Amazon, líder global en el comercio electrónico, trabajará estrechamente junto a Pablo Rabanal, CEO y fundador de la compañía, fortaleciendo así su comité de dirección.

El directivo ha pasado los últimos años entre Seattle (Washington), donde el gigante tecnológico tiene su sede, y Madrid, desarrollando la expansión de Amazon Business, y participando activamente en la era de Amazon Prime Air, el servicio de entrega de paquetes con drones en ciudades estadounidenses.

Formado en ingeniería en la Universidad Pontificia Comillas ICAI, es Máster en Ingeniería Industrial en la especialidad Mecánica, Electricidad y Electrónica en este mismo centro. Cuenta con un MBA por Columbia Business School (Nueva York) en 2016 y ha trabajado en diferentes empresas y consultorías, como Flowserve y AT Kearney. Desde 2022 compatibiliza sus funciones como docente del MBA en la escuela de negocios ESIE (European School of Internacional Education) en la capital.

Por su parte, Juan Reina confiesa: “estoy entusiasmado por el deseo de hacer accesibles los servicios legales a golpe de click, algo que siempre ha formado parte del ADN de reclamador.es”.

10 años protegiendo los derechos de los consumidores

reclamador.es, fundada en el año 2012 por Pablo Rabanal, lleva reclamados 225 millones de euros a empresas e instituciones desde su origen. La legaltech española cuenta además con más de 100.000 casos resueltos y 326.000 usuarios registrados.

Desde su creación, reclamador.es ha facturado más de 25 millones de euros en honorarios legales y tiene más de 21 millones de euros adicionales en honorarios en procesos vivos en los juzgados.

La compañía ha conseguido que se eleven tres cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo de Justicia Europea (TJUE) para proteger los derechos de los consumidores, entre ellas la restitución total de los gastos de hipoteca pagados por el consumidor, cambiando la doctrina del Tribunal Supremo español.