El pasado 30 de diciembre se dio a conocer el documento de 50 páginas titulado 'Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España', en el que las formaciones lideradas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se comprometen a realizar una serie de reformas e implantar medidas, entre ellas la mejora del sistema de oposiciones para jueces y fiscales.
Según dice el acuerdo, dentro del apartado "Justicia eficaz", se señala que el Gobierno se inspirará "en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia de sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes".
Más mujeres que hombres en ambas carreras
Las asociaciones subrayan que la modernización del sistema de oposiciones es un asunto que se ha puesto encima de la mesa en varias ocasiones. Si bien, la mayoría señala que el principal problema no es garantizar la igualdad de acceso a las carreras, pues según los últimos datos estadísticos en la actualidad hay más mujeres que hombres en los juzgados y fiscalías.
De haber algún aspecto a estudiar a fondo sería el de garantizar el acceso a todo el mundo independientemente del nivel económico que tengan, por lo que varias de ellas recuerdan que anteriormente han lanzado propuestas para crear un sistema de becas públicas.
La asociación Foro Judicial Independiente (FJI) fue la primera en criticar esta parte del acuerdo. El mismo día que se dio a conocer, el pasado 30 de diciembre, emitió un comunicado lamentando que el objetivo de la propuesta no es intentar mejorar el sistema de acceso por oposición "sino controlarlo desde la base".
Según explicó en su comunicado, no basta con controlar la "elección de cargo discrecionales desde el Consejo General del Poder Judicial", sino que también se quiere hacer con el acceso a ambas carreras. "La prueba está en que este debate no se ha trasladado a la forma de acceso de otros cuerpos de la Administración", añadió.
Por ello, esta asociación de jueces considera que "supone un nuevo atentado a la independencia judicial y demuestra la falta de interés de ambos partidos en abordar los problemas actuales de la administración de Justicia", como es la "grave situación de colapso y falta de medios".
Aunque ha apuntado que no se opone a "perfeccionar" el sistema de libre oposición, considera que el que rige "garantiza el conocimiento del derecho" y "demuestra otras cualidades personales y valores como el esfuerzo, el compromiso y la templanza, que también son importantes en actividad".
Para el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, la propuesta se ha formulado en "términos tan genéricos" que hay que esperar a que se concrete un poco más para poder hacer una valoración. "Creemos que las ideas generales que se han puesto de manifiesto en ese acuerdo parecen estar desenfocadas", ha dicho en declaraciones a Europa Press.
"No es un problema real"
Aún así, ha adelantado que "no existe un problema real" como el que parece identificarse y ha apuntado que "hay otras reformas mucho más importantes y urgentes que son necesarias para modernizar el sistema judicial en su conjunto".
Un punto de vista distinto ha mostrado Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que ha defendido que "todo sistema es mejorable", sobre todo desde el punto de vista socioeconómico.
Su portavoz, Ignacio González Vega, ha recordado que su asociación remitió el pasado mes de octubre al Ministerio de Justicia (entonces dirigido por Dolores Delgado), al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las comunidades autónoma una propuesta para establecer las bases para el otorgamiento de becas públicas destinadas a la preparación de oposiciones a la judicatura y fiscalía.
"No cabe duda de que las personas tienen diferentes sensibilidades según su procedencia, formación, situación socioeconómica, y todas ellas deberían tener acceso y estar representadas en el Poder Judicial al igual que lo han de estar en el Parlamento", dice el documento.
En este sentido, continúa diciendo el documento, "no sería aceptable que solo las personas con una determinada capacidad económica pueden ser elegidas como parlamentarios y del mismo modo no es admisible que solo los ciudadanos con posibilidad de sufragar los costes de la oposición pudieran llegar a ejercer la función jurisdiccional.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) tampoco se ha mostrado contraria a que el sistema pueda mejorar. No obstante, ha matizado que, pese a cualquier cambio, la posible prueba de acceso debe continuar realizándose mediante "exámenes públicos sobre áreas previamente determinadas, iguales para todos y que han sido encomendados a juristas de reconocido prestigio".
Con ello, el presidente de la APM, Manuel Almenar, ha defendido el sistema de oposición, ya que garantiza el acceso al "tercer poder del Estado" a aquellas personas que "reúnen conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de una función fundamental que garantiza los derechos y libertades".
"Es un sistema que asegura la objetividad, transparencia y publicidad", ha dicho, al mismo tiempo que ha subrayado que el sistema español "se está mirando con envidia y se está copiando" en otros países.
Sólo se quiere modificar el sistema de estas oposiciones
Por último, Almenar ha indicado que "resulta muy curioso que solo se quiera modernizar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal" y no a otros cuerpos como inspectores de Hacienda, la Abogacía del Estado, notario o para la carrera diplomática.
Una opinión que comparte la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), pues su portavoz, Juan Antonio Frago, se ha manifestado en contra a la pretensión del Gobierno, ya que, a su juicio, el actual sistema "es neutro".
La Asociación de Fiscales tampoco es partidaria de la modernización del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. En un comunicado --de un único párrafo-- hecho público el pasado 9 de noviembre, la asociación mayoritaria de la carrera fiscal manifestó su "disconformidad" con esta idea, pues considera que el sistema actual "es el mejor de los posibles al ser el más objetivo y estar alejado de toda politización".
Un sistema "preconstitucional"
Al igual que ocurre con las asociaciones de jueces, la opinión entre los fiscales no es unánime, pues la Unión Progresista de Fiscales (UPF), se ha mostrado a favor de reformar un sistema "preconstitucional".
Así, su presidenta y portavoz, Teresa Peramato, que ha apuntado que este tema es algo que "se discute mucho y no está consensuado", ha defendido la posibilidad de introducir cambios que eviten el "aislamiento" de los jueces y fiscales durante se preparan las "duras" oposiciones.
"¿Qué tipo de juez y de fiscal queremos?", se ha preguntado Peramato para justificar que es "hora de avanzar hacia la superación del sistema de examen memorístico": "Queremos un sistema más integrador, más argumentativo" y menos "memorístico", pues se puede acceder a toda la legislación y jurisprudencia "a golpe de click".
Aunque admite que el acuerdo del Gobierno "no matiza", ni dice en "qué modelo" se inspira, la representante de UPF considera imprescindible que haya "herramientas que garantice la igualdad de acceso". Por ello, exige la implantación de un sistema de becas públicas, cuyo "control estricto" sea el "aprovechamiento".
