Según informa Europa Press, las asociaciones de jueces y fiscales han desconvocado formalmente el paro parcial previsto para este jueves a las 12.00 horas y lo aplazan al día 17 de mayo con el objetivo de poder cumplir con el plazo de días fijado en el Real Decreto de relaciones de trabajo.
Las asociaciones Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han informado en un comunicado que el motivo de la desconvocatoria es que la Autoridad Laboral (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) les comunicó este martes que el preaviso para hacer el paro este jueves no cumple con el plazo previsto en el artículo 4 del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo, de relaciones de trabajo.
La normativa indica que la convocatoria debe hacerse con diez días de antelación y las siete asociaciones informaron de ello al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este lunes, siendo "conscientes" de que "corren el riesgo de que se declarase contraria".
No obstante, jueces y fiscales aplauden que se les haya hecho esta advertencia porque "por primera vez en nuestra historia, aunque sea de manera indirecta, se nos reconoce el derecho a la huelga".
Aún así, destacan que tanto los responsables del órgano de gobierno de los jueces como del Ministerio de Justicia "eran conscientes" de los paros y de la huelga convocada el 22 de mayo porque se ha hecho público en medios de comunicación en fechas anteriores a la presentación del preaviso. De este modo, finalmente, los paros parciales comenzarán el día 26 de abril y continuarán el 3,10 y 17 de mayo.
Reclamaciones de jueces y fiscales
Las asociaciones judiciales reclaman el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial; mientras que las asociaciones de fiscales piden, entre otras medidas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.
Ya el pasado 5 de abril, jueces y fiscales salieron a las puertas de las sedes judiciales de toda España para la lectura de un manifiesto en el que se plasmaban estas demandas recogidas en el documento "14 propuesta para la mejora de la Justicia", al que se han adherido más de 3.500 profesionales de la judicatura y la fiscalía.
En ese comunicado las asociaciones tildaron de "decepcionante" la marcha de las negociaciones desde que el 16 de junio de 2017 dieron a conocer sus propuestas para la mejora de la justicia. Respecto a las Cortes, señalaron que "no parece haber una mayoría clara" en el Parlamento favorable a atender su petición de reforma del CGPJ "ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un pacto de estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto".
En cuanto al Gobierno, le acusan de haber renunciado a incrementar el número de miembros de la carrera judicial y fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y recuerdan que "no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones".
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