Juristas y periodistas creen necesario buscar un punto de equilibrio entre los derechos del investigado (honor, intimidad, presunción de inocencia), la administración de justicia en el caso concreto y el derecho a la información. Esta es una de las conclusiones de la jornada Administración de Justicia y Libertad de Prensa, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y dirigida por el Profesor Titular de Derecho Penal y socio de Auren, Íñigo Segrelles, que tuvo lugar el pasado viernes 1 de marzo. A la jornada asistieron magistrados, fiscales, abogados y periodistas, con el objetivo de encontrar un punto de encuentro y debatir sobre el secreto del procedimiento penal, que muchas veces se incumple por los propios operadores jurídicos y por los medios de comunicación.
Mario Conde, en su intervención dijo: “Un juez me ha devuelto la confianza en el proceder judicial”.
Los periodistas que intervinieron en las diferentes mesas defendieron la autorregulación, tal y como se hace actualmente, mientras que la abogada de Auren, Laura Aran, propuso incluir sanciones en el Protocolo del CGPJ.
La magistrada Natalia Velilla, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, habló de la falta de recursos por parte de los Juzgados para mejorar la situación general que vive la justicia y, en particular con la protección del secreto del artículo 301 LECrim.
Mercedes Ruiz-Rico, socia de Auren abogados, a colación del caso Noos en el que se revelaban datos de supuestas infidelidades, y de la demanda que interpuso una ex Ministra contra Bárcenas por vulneración de su honor, comentó que “las filtraciones judiciales del secreto del sumario deben ser sancionadas porque no vulneran el derecho a la información, sólo lo retrasan, y se amparan otros derechos fundamentales, como la imparcialidad judicial y los derechos del acusado, especialmente el honor y la intimidad”. Así mismo destacó que no se deben revelar datos personales como las infidelidades de los acusados, porque hay que diferenciar el interés público y el interés del público “el morbo”, y porque no está amparado por el derecho a la información.
Por su parte, el Fiscal Guillermo García Panasco distinguió entre la información y la filtración en la instrucción. También apuntó que las redes sociales muchas veces hacen que la sociedad confunda información y opinión.
