Al mismo tiempo recuerda que hay otras muchas reformas en trámite parlamentario o de anteproyecto que deben abordarse siempre con el mismo objetivo y con el máximo consenso de todos los actores jurídicos para pasar de una Justicia del siglo XIX a una Justicia del siglo XXI, dotada de los medios económicos y tecnológicos necesarios, única forma de lograr la eficacia y el respaldo social que necesita.
Para Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, los cambios ya anunciados por el ministro a todos los operadores jurídicos –y los que enumeró en su comparecencia ante el Pleno del Consejo el pasado día 8 de octubre- van en buena dirección, aunque deben confirmarse, pero no son suficientes. La derogación de la Ley de Tasas que ha dificultado o impedido el acceso a la justicia a miles de ciudadanos, las reformas en la Justicia Gratuita o los cambios en la LOJP no deben esconder que la Justicia necesita un cambio profundo y que hay dieciséis textos legislativos en distintas fases de tramitación que deben ser también debatidos y consensuados: desde la Ley de Jurisdicción Voluntaria a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pasando por el Estatuto de la Víctima, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la reforma del Código Penal, la Ley del Derecho de Defensa, la reforma del Registro Civil, el Código Mercantil, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, etc, según el presidente del CGAE.
En el caso de que no sea posible alcanzar en esta Legislatura un Pacto de Estado por la Justicia, como la Abogacía viene demandando junto con muchos otros operadores jurídicos, Carnicer señala que el ministro sí tiene la oportunidad de sentar las bases del acuerdo para cerrarlo en el momento oportuno. En todo caso, seguirá demandando activamente los cambios necesarios para que la Justicia esté al servicio del ciudadano y de respuesta ágil y eficaz a sus demandas reales.
