En una carta del presidente de la Abogacía, Salvador González, a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, le ha expresado dicha petición ante “la persistencia de las consecuencias de la tragedia que ha vivido la provincia de Valencia, que sigue imposibilitando o dificultando los desplazamientos para centenares de miles de personas, así como las conexiones telemáticas o cuestiones tan básicas como tener luz o garantías de salubridad en los territorios afectados”.
González detalla que todavía hay “miles de profesionales que carecen de la posibilidad de desplazarse, preparar o gestionar los asuntos encomendados, problemática que se extiende a las partes, los testigos o los peritos que tengan que intervenir ante la Administración de Justicia”.
El presidente de la Abogacía también ha solicitado que, para los abogados y abogadas residentes en las zonas afectadas que tengan procedimientos judiciales abiertos en otros partidos judiciales del territorio español, se puedan articular los mecanismos necesarios para proceder de forma inmediata a la suspensión de vistas, señalamientos, interrupción de plazos, o en su caso se acuerde la demora de los mismos, o se tramiten de forma preferente por medios telemáticos.
Asimismo, el Consejo General de la Abogacía Española ha trasladado su petición al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y a la Fiscalía General del Estado.
