En el acto conmemorativo, el presidente Juncker manifestó: «La Autoridad Laboral Europea es la piedra angular de nuestra actividad para conseguir una normativa laboral de la UE que sea justa, efectiva y aplicable. No es ninguna sorpresa que la Autoridad se haya creado en un tiempo récord, ya que era muy necesaria. Proporcionará a los trabajadores y a los empleadores un mejor acceso a la información sobre sus derechos y obligaciones, y prestará apoyo a las autoridades laborales nacionales en sus actividades transfronterizas. Esto supondrá una ayuda directa a los millones de europeos que viven o trabajan en otro Estado miembro, así como a los millones de empresas que operan en la UE. Es otro paso fundamental hacia un mercado de trabajo europeo integrado, basado en la confianza, en normas fiables y en una cooperación eficaz. Deseo agradecer a todos aquellos que, en el Parlamento, el Consejo y la Comisión, han contribuido a que la Autoridad se convierta en una realidad. Le deseo mucho éxito».
El presidente Juncker participará, junto con el primer ministro de Eslovaquia, Peter Pellegrini, en la ceremonia de apertura en Bruselas, ya que los Estados miembros eligieron Bratislava como sede de la Autoridad. También estarán presentes los vicepresidentes de la Comisión Valdis Dombrovskis, y Maroš Šefčovič, la Comisaria Marianne Thyssen y otros invitados.
Cooperación entre los Estados miembros
El vicepresidente Dombrovskis manifestó: «La Autoridad Laboral Europea reúne a las autoridades nacionales. Tanto en su estructura de gobernanza como en las operaciones diarias, la Autoridad facilitará la cooperación entre los representantes de los Estados miembros, así como entre los interlocutores sociales». La comisaria Thyssen añadió: «La Autoridad Laboral engrasará la maquinaria del mercado interior. Será un lugar en el que colegas de diferentes autoridades nacionales se acostumbren a trabajar juntos y a resolver problemas juntos. Esto contribuirá a que el mecanismo de la movilidad laboral funcione mejor, lo cual beneficiará a millones de ciudadanos y empresas europeos que ejercen cada día su derecho a la libre circulación».
El Consejo de Administración de la Autoridad está compuesto por representantes de los Estados miembros, de la Comisión, de interlocutores sociales a nivel de la UE, del Parlamento Europeo, así como por observadores de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y otras agencias de la UE en el ámbito del empleo y los asuntos sociales. El 17 de octubre se reunirán por primera vez, a fin de adoptar las decisiones necesarias para que la Autoridad empiece a funcionar y para compartir sus puntos de vista sobre el programa de trabajo inicial.
Desplazamiento de trabajadores
En la actualidad, unos 17,5 millones de ciudadanos europeos, es decir, el doble que hace una década, viven o trabajan en otro Estado miembro. Al mismo tiempo, millones de empresas operan a escala transfronteriza.
La UE ha desarrollado un importante corpus legislativo que regula diferentes aspectos de la movilidad, que la Comisión Juncker ha revisado y mejorado en los últimos años. En particular, la UE ya ha revisado las normas sobre el desplazamiento de trabajadores, consagrando el principio de idéntica remuneración por el mismo trabajo en el mismo lugar, y actualmente tiene previsto adoptar un acuerdo definitivo sobre la propuesta de normas revisadas relativas a la coordinación de los sistemas de seguridad social. Para facilitar el control del cumplimiento de las normas, la Comisión propuso la creación de una nueva Autoridad, a fin de reforzar la cooperación estructurada y el intercambio entre las autoridades nacionales competentes.
La Autoridad Laboral Europea tiene los siguientes objetivos:
• Facilitar a los ciudadanos y a las empresas el acceso a la información sobre sus derechos y obligaciones y a los servicios pertinentes;
• facilitar la cooperación entre Estados miembros para hacer cumplir el Derecho de la Unión dentro de su ámbito de aplicación, incluida la facilitación de inspecciones concertadas y conjuntas, así como para luchar contra el trabajo no declarado;
• mediar y facilitar soluciones en caso de litigios transfronterizos.
Las actividades de la Autoridad Laboral Europea estarán relacionadas con las normas en materia de movilidad laboral: la libre circulación de trabajadores y el desplazamiento de trabajadores, la coordinación de la seguridad social y la legislación específica del sector del transporte por carretera.
No se crearán nuevas competencias a nivel de la UE, y los Estados miembros seguirán siendo plenamente responsables de hacer cumplir la normativa laboral y de seguridad social. El valor añadido de la Autoridad se debe al hecho de que facilitará la cooperación entre Estados miembros, racionalizará las estructuras existentes y proporcionará apoyo operativo, a fin de garantizar una aplicación más eficiente de la normativa, lo cual beneficiará por igual a los ciudadanos, las empresas y las autoridades nacionales. En particular para las autoridades nacionales, la Autoridad Laboral mejorará la cooperación en materia de movilidad laboral proporcionando una estructura permanente de la UE, a través de funcionarios de enlace nacionales enviados por los Estados miembros en comisión de servicios. La Autoridad también permitirá la puesta en común de recursos para actividades comunes, como la organización de inspecciones conjuntas o la formación de personal nacional para tratar casos transfronterizos.
Creación de la Autoridad Laboral
Tras el discurso sobre el estado de la Unión de 2017 del presidente Juncker, en marzo de 2018 la Comisión presentó su propuesta de Reglamento por el que se crea la Autoridad. El Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional en febrero de 2019, menos de un año después de la propuesta inicial.
El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron formalmente la propuesta el 20 de junio de 2019. La Autoridad inició sus actividades en Bruselas e incrementará progresivamente los recursos financieros y humanos hasta llegar a un presupuesto anual de 50 millones de euros y 140 miembros del personal de aquí a 2024.
El 13 de junio, los Estados miembros finalmente acordaron que la sede de la nueva Autoridad debía ser Bratislava.
