La colaboración de la seguridad privada en el ejercicio de los derechos fundamentales

El art. 16 de la LO 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana -

El Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadan...

El Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana (en adelante, ALOPSC), que actualmente se encuentra en el proceso de tramitación parlamentaria, establece en su art. 7.3 un deber genérico a cargo de las empresas de seguridad privada y su personal, así como de los despachos de detectives privados, de auxiliar y prestar la colaboración precisa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, y de seguir sus instrucciones, u0022en relación con los servicios que presten cuando afecten a la seguridad pública o al ámbito de sus competenciasu0022. El deber genérico de colaboración ya se recogía en el art. 17.3 de la vigente Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana -EDL 1992/14544-, pero el ALOPSC -en línea con lo previsto en el art. 8.3 de la Ley 5/2014, de 4 abril, de Seguridad Privada -EDL 2014/41595-, cuyo tenor reproduce casi literalmente proclama los deberes adicionales de auxilio y de seguir las instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no se mencionan el texto legal vigente.

Otra importante novedad que supone el ALOPSC respecto de la legislación vigente en materia de seguridad ciudadana viene recogida en su art. 23.2, en el que se concreta ese genérico deber de colaboración en la exigencia de que las empresas y el personal de seguridad privada u0022colaboren eficazmente con las fuerzas y cuerpos de seguridadu0022 a los efectos de la disolución de u0022reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones ante situaciones de desorden material, entendiendo por tal el que impida el normal desarrollo de la convivencia ciudadana por afectar a la integridad física de las personas o a la indemnidad de bienes públicos o privadosu0022, en los términos previstos por el art. 22 del propio ALOPSC. Esta previsión normativa supone exceder el ámbito espacial de colaboración entre las empresas y el personal de seguridad privada con las fuerzas de seguridad del Estado, circunscrito al u0022interior de los locales y establecimientos en que prestaren serviciou0022 (las empresas de seguridad privada) por la vigente Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana -EDL 1992/14544-. De nuevo en este caso la disposición del ALOPSC se relaciona con un precepto de la recién aprobada Ley de Seguridad Privada (art. 41) que viene a establecer una excepción al principio general de que las funciones del personal de seguridad privada se desempeñarán u0022en el interior de los edificios, de las instalaciones o propiedades a protegeru0022, permitiendo la realización de esas funciones fuera de dichos espacios, sin necesidad de autorización previa en algunos casos, e incluso en vías o espacios públicos de uso común, en los supuestos que el precepto enumera. El propio art. 41.3 d) de la Ley de Seguridad Privada -EDL 2014/41595 atribuye de forma genérica a los vigilantes de seguridad u0022la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policialu0022, en los casos en que u0022así se decida por el órgano competente, y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridadu0022.

En mi opinión resulta particularmente criticable que el ALOPSC atribuya a las empresas y el personal de seguridad privada (aunque con sujeción a las órdenes e instrucciones que impartan las fuerzas y cuerpos de seguridad y en colaboración con éstas) funciones de disolución de reuniones y manifestaciones, incidiendo así en un derecho fundamental garantizado constitucionalmente (art. 21 CE -EDL 1978/3879-). La relevancia de este derecho fundamental -que, según la jurisprudencia constitucional, supone la exteriorización colectiva de la libertad de expresión ejercida a través de una agrupación transitoria de personas que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la información pública sobre problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto, un cauce del principio democrático participativo (SSTC 301/2006 -EDJ 2006/288228-, 170/2008 -EDJ 2008/233886 y 38/2009 -EDJ 2009/14448-, entre otras) impone a las fuerzas y cuerpos de seguridad un deber genérico de protección de ese derecho (art. 104.1 CE), que se refleja en el art. 3.2 de la vigente LO 9/1983, reguladora del derecho de reunión -EDL 1983/8279 (u0022la autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derechou0022). Considero que este deber de protección del derecho fundamental reclama el monopolio de la actuación estatal (a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad) en la disolución de las reuniones y manifestaciones. A ello cabe añadir que la inconcreción de los términos en los que se prevé en los nuevos textos legales la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y las empresas y el personal de seguridad privada en la disolución de reuniones y manifestaciones (al no precisarse los supuestos específicos de la misma ni el órgano gubernativo competente para adoptar la resolución que impone la colaboración, por ejemplo) también podría afectar al contenido esencial del derecho fundamental de reunión y manifestación reconocido en la CE.

Desde la aprobación de la Constitución de 1978 -EDL 1978/3879-, la primera ...

Desde la aprobación de la Constitución de 1978 -EDL 1978/3879-, la primera Ley que reguló la intervención de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana fue la LO 1/1992 de 21 febrero, sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana -EDL 1992/14544-. Dicha Ley supuso un importante avance en la regulación de las potestades de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reguló por primera vez el catálogo de infracciones y sanciones en la materia, pero lo que es más importante, dio una protección a los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos y amparados por la Constitución, asegurando un ámbito de convivencia.

Partiendo de la buena base que nuestro ordenamiento jurídico tiene con la Ley 1/1992 -EDL 1992/14544-, es necesario dar un paso adelante, con una nueva Ley que se ajuste a los nuevos tiempos y, por tanto, a una nueva realidad social.

La ciudadanía lleva reclamando mucho tiempo una iniciativa valiente que la proteja frente a actitudes incívicas, violentas y coactivas, que tienen que ser sancionadas para erradicarlas de nuestra sociedad, con el máximo respeto a la pluralidad y al ejercicio libre y democrático de los derechos fundamentales.

El Anteproyecto de Ley en el que está trabajando el Gobierno va en esa dirección, y nace en perfecta sintonía con el proyecto de Código Penal en el que desaparecen las faltas como categoría de infracciones penales, unas pasando a la categoría de delitos leves (fundamentalmente las relacionadas con la delincuencia patrimonial) con la finalidad de acabar con la multirreincidencia; y aquellas conductas relacionadas con el orden público, al entenderse que son comportamientos que no deben sancionarse en el ámbito penal sino que deben circunscribirse al ámbito administrativo.

En esta línea se ha manifestado el Tribunal Constitucional declarando que el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal son, con matices, manifestaciones de un único ius puniendi del Estado.

Junto con la finalidad principal de incorporar las faltas destipificadas en el Código Penal, y como antes hemos mencionado, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana busca, desde el principio de proporcionalidad, pretende dar respuesta a los cambios sociales que ha sufrido nuestra sociedad, como por ejemplo, cubrir el vacío que la Ley 1/1992 -EDL 1992/14544 tiene respecto a las infracciones asociadas a las tecnologías de la información y comunicación, y que como es obvio, no existían en 1992.

El derecho de manifestación en España está garantizado como un derecho fundamental en nuestra Constitución -EDL 1978/3879-, lo que pretende la Ley no es prohibir el derecho a manifestarse, sino sancionar aquellas acciones violentas y coactivas que se producen en muchas manifestaciones, como pueda ser la alteración del orden público usando capuchas o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro impidiendo o dificultando la identificación, no se sanciona el hecho de manifestarse con el rostro cubierto sino alterar el orden público con el rostro cubierto para impedir la identificación. Tan respetable y defendible debe ser el derecho de manifestación recogido en nuestra Constitución, como el resto de derechos fundamentales que puedan verse afectados por las alteraciones de orden público provocadas por aquellos que, bajo el escudo de su derecho de manifestación, provocan acciones violentas y agresivas hacia las personas y las cosas.

En relación al deber de colaboración que impone el art. 7, mantiene el actual del art. 5 de la LOPSC -EDL 1992/14544-. Confirma la obligación de poner en conocimiento de la autoridad cualquier hecho que perturbe la seguridad ciudadana, aunque a diferencia de la ley actual, no se conforma con autoridades y sus agentes, sino que lo extiende a todo empleado público. Es cierto que los términos en que se expresa son quizás demasiado amplios al indicar los hechos u0022que pudieran perturbar la tranquilidad ciudadanau0022, futurible que quizás exija más concreción en el debate parlamentario, ya que en línea con la doctrina constitucional, las meras sospechas no son bastantes.

En cuanto al deber de colaboración de las empresas de seguridad, detectives y personal de seguridad privada, la novedad está en la obligación no ya de colaborar, sino de auxilio y de seguir las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicha ampliación, creo que es de todo punto acertada y el art. 7.3 del Anteproyecto, consagra la obligación de seguir las instrucciones como consecuencia lógica de una consideración de actividad complementaria y subordinada, por lo que sólo cabe convenir en lo acertado de su regulación.